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Un concierto de reggaeton y varias fiestas, focos del macrobrote de Mallorca que ya tiene 500 afectados

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(EFE).- Un concierto de reggaeton en la Plaza de Toros de Palma y diferentes fiestas en barcos y en hoteles han sido el origen del macrobrote de coronavirus que afecta a más de medio millar de jóvenes de varias comunidades autónomas que han estado de viaje de estudios en la Playa de Palma y Llucmajor, en Mallorca.

La Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco y Aragón son las comunidades en las que se han confirmado contagios a raíz de esos viajes, que al menos en el caso de Lugo se ha extendido de los estudiantes a algunos familiares.

El Govern balear ha informado este viernes de que tiene detectados los focos del macrobrote, que ha supuesto la apertura de un expediente, con una posible multa de 60.000 a 600.000 euros por infracción muy grave, a la organización del referido concierto de reggaeton, que fue clausurado el pasado 15 de junio al no cumplirse las medidas de seguridad decretadas.

Otros espacios de propagación fueron las fiestas celebradas en barcos en la costa de El Arenal de Llucmajor y en al menos nueve hoteles que están siendo inspeccionados y en los que se ha comenzado a cribar a todos los empleados para controlar posibles cadenas de contagio.

El Govern balear instará de manera inmediata al Ejecutivo central, competente en la materia, a que emprenda acciones legales contra las agencias de viaje de la Península que hayan podido organizar o colaborar en el desarrollo de estas actividades que incumplen la normativa covid.

Precisamente, la agencia Unicampus ha explicado este viernes que no existe ningún brote entre sus clientes y que, según sus datos, menos del 1 por ciento de sus viajeros ha sido diagnosticado positivo en los últimos días. Ha destacado que no tiene planificado ningún viaje a Mallorca para el próximo mes, por lo que sus programas no sufrirán modificaciones o cancelaciones.

Por su parte, la agencia valenciana Travellers reconoce que se han producido contagios entre sus clientes, aunque desconoce la cifra de afectados, e insiste en que las infecciones entre estudiantes de fin de curso escapan de su ámbito de actuación: «Cada persona es responsable un poco de lo que haya cogido», asevera un responsable de la agencia en declaraciones a Efe.

La Comunidad de Madrid sería la más afectada por el brote de estudiantes que viajaron a Mallorca, con 320 casos positivos vinculados, mientras que 2.000 alumnos están en cuarentena en la región por este motivo. Todos están leves y las pruebas hechas hasta ahora apuntan a que tienen la variante británica.

El macrobrote afecta en la Comunitat Valenciana por el momento a 67 personas, todas con síntomas leves, mientras que en Murcia son 20 los jóvenes contagiados y se controla a 164 personas como contactos estrechos.

En Galicia el brote suma al menos 50 casos y la Xunta trabaja en el cribado a los jóvenes que viajaron a Mallorca. La mayoría de casos se da en Pontevedra, aunque también ha habido contagios en Lugo, Ourense y Vigo.

En la localidad lucense de Sarria hay diez infectados pertenecientes a dos institutos y dos más entre los familiares de estos jóvenes, según ha confirmado el director asistencial del Sergas en Lugo, Rafael Monte.

El País Vasco sumaba hasta ayer jueves 49 contagios entre los cerca de 300 alumnos guipuzcoanos que viajaron a Mallorca, y que ha hecho que el Servicio Vasco de Salud haya en marcha un cribado masivo. La Consejería de Salud ha rehusado ofrecer hoy más datos sobre estos contagios.

Paralelamente en Cataluña se investiga un brote de coronavirus desatado en un viaje de final de curso de alumnos de Bachillerato de varios institutos de Barcelona a Menorca, que suma 24 casos positivos, y que en principio no tiene relación con el macrobrote de Mallorca, según el Departamento de Salud.

La situación provocada por el brote entre estudiantes ha hecho pronunciarse a varios dirigentes autonómicos, como el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha dicho que ahora «no es aconsejable» que se hagan viajes de fin de curso, ya que ese segmento de población no está vacunado aún y puede contagiar a personas de otras edades, y ha insistido en que se actúe con «mucha prudencia» y se mantenga el gran esfuerzo que han hecho los jóvenes en la pandemia.

Desde Potes (Cantabria), donde han coincidido en un acto del Camino de Santiago, los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria han coincidido en la necesidad de prudencia en un momento en el que la pandemia se está acabando.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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