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Un conductor kamikaze intenta atropellar a un policía y arrolla a 4 vehículos en una espectacular persecución

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La Policía Nacional detiene a un hombre tras poner en grave riesgo la seguridad vial y arrollar cuatro vehículos

VALÈNCIA, 28 Ago.- La Policía Nacional han detenido en València a un hombre de 33 años que condujo su coche a gran velocidad, en sentido contrario y saltándose semáforos por varias calles de la capital hasta que chocó con otros vehículos, uno de los cuales iba ocupado por una mujer embarazada que fue trasladada urgentemente al hospital. En su huida, además, el individuo intentó atropellar a un policía.

Según informa la Policía en un comunicado, los hechos se produjeron el lunes por la noche, cuando este cuerpo de seguridad llevó a cabo el arresto de un hombre, de nacionalidad española, como presunto autor de los delitos de daños, contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.

Sobre las nueve de la noche, mientras los agentes que realizaban labores de prevención por el distrito de Marítim, observaron a un coche saliendo de la calle Moraira por encima de la acera, en dirección contraria y a gran velocidad, para incorporarse a la avenida, haciendo frenar a varios vehículos para no ser embestidos, momento en el que los policías le conminaron para que detuviera el vehículo, pero el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga saltándose todos los semáforos a su paso.

En la rotonda de la avenida de las Moreras, el sospechoso detuvo su coche pero en el momento que los agentes se apearon del vehículo policial, emprendió la huida acelerando frente a uno de los policías que tuvo que apartarse para no ser atropellado.

Finalmente, el ‘kamikaze’ arrolló cuatro vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo al final de la calle Eduardo Primo Yúfera, y fue interceptado en ese momento por los agentes que detuvieron al hombre, por los delitos de daños, contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad.

EMBARAZADA DE SEIS MESES

Inmediatamente, la patrulla solicitó asistencia médica para los ocupantes de los vehículos arrollados, que fueron trasladados al hospital. Uno de los que precisó atención más urgentes fue una mujer embarazada de seis meses, cuyo vehículo quedó inutilizado para la circulación.

El detenido, con un antecedente policial, ha pasado a disposición judicial, tras ser atendido en un centro médico.

Fuente: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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