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Un estudio estima que España tiene alrededor de 7 millones de infectados por coronavirus

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numero contagios españa

Los investigadores del Imperial College de Londres, en Reino Unido, a través de un estudio han estimado que, en los 11 países europeos con más casos hasta el momento, entre 7 y 43 millones de personas han sido infectadas por el coronavirus.

Estos países son Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido, y el contagio supondría entre el 1,88 y el 11,43 por ciento de la población.

Cuando se centran en España, según este estudio, nuestro país tendría infectada entre el 3,7 y el 41 por ciento , lo que supone un promedio estadístico del 15 por ciento, es decir, alrededor 6,99 millones de personas. La gran diferencia respecto a las cifras oficiales -este martes tenemos 94.417 positivos- se debe, según los investigadores, a la limitada capacidad de realizar test y a que muchos de los casos son leves y asintomáticos, por lo que no se detectan.

Según el estudio España estaría a la cabeza del ranking de afectados, seguido de Italia, con 5,9 millones de casos, un 9,8 por ciento de la población. En cambio, apenas el 0,72 por ciento de la población alemana tendría el virus, unas 600.000 personas. En Francia, serían alrededor de dos millones de afectados, el 3 por ciento de la ciudadanía; y en Reino Unido 1,79 millones de personas, el 2,7 por ciento del total.

Según el trabajo de los investigadores, desde el inicio de la pandemia las medidas adoptadas han salvado unas 16.000 vidas en España, ya que sin ellas se habría llegado a 24.000 fallecimientos, siempre según los datos de este estudio. Italia por su parte habría evitado 38.000 muertos, y Reino Unido, 370.

Para llegar a estas cifras, los investigadores utilizaron datos diarios en tiempo real proporcionados por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Los modelos se centraron en el número medio de nuevas infecciones generadas por cada persona infectada. Se asumió que los cambios en el número reproductivo son una respuesta inmediata a la implementación de estas intervenciones, en lugar de cambios graduales más amplios en el comportamiento. En general, los modelos estiman que los países han logrado reducir su número reproductivo con las intervenciones.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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