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Un juzgado reclama a Morella los contratos municipales con el hermano de Ximo Puig

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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló ha admitido el recurso presentado por el PP y ha requerido al Ayuntamiento de Morella que remita con «carácter urgente» todos los contratos y subvenciones adjudicadas u otorgadas a las sociedades vinculadas a Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig.

En un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, el juzgado fija además un plazo de cinco días, a contar desde la recepción por parte del consistorio de este requerimiento, para remitir los documentos junto a los informes y datos que estime pertinentes.

Consultados por EFE sobre este asunto, responsables del Consistorio morellano han indicado que todavía no han recibido ninguna notificación sobre esta petición del juzgado y que cuando la reciban la estudiarán y atenderán «en plazo y forma».

La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes, Eva Ortiz, solicitó en febrero al consistorio de Morella la relación de los contratos y subvenciones adjudicados u otorgados desde 1991 a las sociedades Comunicació dels Ports, S.A., Mas Mut Produccions, S.L., Kriol Produccions, SL y Canal Maestrat, vinculadas al hermano del president.

El juzgado de Castelló ha recibido los autos de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha requerido al Ayuntamiento de Morella para que remita el expediente administrativo.

El juzgado indica asimismo que al remitir el expediente, el órgano administrativo lo deberá comunicar a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante este órgano judicial en el plazo de cinco días.

Contra esta resolución cabe la posibilidad de interponer un recurso de reposición, en el plazo de cinco días desde su notificación.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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