El Gobierno de España prepara una nueva subida salarial para los funcionarios a partir de 2026, con el objetivo de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. El Ministerio de Función Pública ya ha iniciado las negociaciones con los principales sindicatos (CSIF, UGT y CCOO) para establecer un acuerdo plurianual 2026-2028 que contemple incrementos en línea con la evolución de los precios.

📈 Subida salarial vinculada al IPC y con componente fijo y variable

Según fuentes del Ejecutivo, el nuevo marco incluirá un aumento fijo anual y otro variable, vinculado a la inflación y al crecimiento económico. De esta forma, los sueldos de los más de 3,5 millones de empleados públicos se ajustarían a la evolución real del coste de la vida.

El propósito es evitar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años, marcada por una fuerte subida de precios pese al incremento del salario mínimo y de los sueldos públicos desde 2022.

🏛️ Un plan para tres años: 2026, 2027 y 2028

El acuerdo plurianual fijará la hoja de ruta de las retribuciones del sector público durante tres ejercicios consecutivos. Aunque las cifras exactas aún no se han cerrado, el Ministerio asegura que las subidas estarán en línea con la inflación, tal como se ha venido aplicando en los últimos pactos salariales.

Los sindicatos reclaman que no haya un año de congelación salarial, recordando que el anterior acuerdo cubría el periodo 2022-2024. Por ello, piden que el nuevo marco incluya efectos retroactivos para 2025, además de mejoras en teletrabajo, jubilación y jornada laboral.

💬 Posturas sindicales ante la propuesta

• UGT defiende que 2025 debe tener una subida diferenciada y rechaza que quede fuera del nuevo acuerdo.

• CCOO considera “positivo” el avance, aunque critica el retraso del Gobierno en iniciar las conversaciones.

• CSIF, por su parte, insiste en que se concreten las cifras cuanto antes y que se incorporen nuevos derechos laborales.

💼 Un impulso para el empleo público y la estabilidad económica

Con esta medida, el Gobierno busca reforzar la estabilidad del empleo público y compensar el impacto de la inflación en el poder de compra de los trabajadores de la Administración. El acuerdo se espera que se concrete en las próximas semanas y se enmarque dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2026.