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València aumentará las plazas de la ORA destinadas a residentes
Publicado
hace 6 añosen
Valencia, 20 nov.- El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha presentado en rueda de prensa el nuevo contrato de licitación de la ORA que tendrá una vigencia de 5 años y un presupuesto base de licitación de 34.024.891,80 € (IVA incluido).
Esta licitación, que está previsto apruebe la próxima Junta De Gobierno Local, introduce la creación de zonas de aparcamiento exclusivamente residencial, el control mediante lectura de matrícula y la renovación de todos los parquímetros con unidades de última generación que tras su amortización serán propiedad del Ayuntamiento.
Grezzi ha destacado que los pliegos del contrato para gestionar el estacionamiento regulado en la ciudad de València, trabajados durante los últimos años por el servicio de Movilidad Sostenible, han pasado por un largo periplo de evaluación e informe por múltiples servicios municipales desde que se emprendió su elaboración en julio de 2016, hasta que superaron el último trámite en el servicio Fiscal Gastos.
«Los rasgos característicos son que introducimos parquímetros de última generación gestionados por una APP móvil que se integrará en el APP València. Además tendremos una mejor gestión de todas las plaza de la ORA, en las que introducimos las plazas de Zona Verde. Se hará un control de vehículos eléctricos (exentos del pago de la ORA), de las plazas de carga y descarga y de las plazas de movilidad reducida. El nuevo contrato permitirá una gestión más adecuada de la movilidad y del espacio público que tenemos en la ciudad», ha reseñado igualmente el concejal
El objeto del contrato, presentado este miércoles en rueda de prensa por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, es la gestión y explotación del Estacionamiento Regulado en la Vía Pública de la ciudad de València y comprende entre otras las funciones de instalación de parquímetros de última generación para la prestación del servicio; el control del estacionamiento de los vehículos aparcados en las zonas ORA, incluyendo el uso de las plazas reservadas para carga y descarga, PMR y motocicletas, mediante vigilantes equipados con terminales portátiles y vehículos equipados con sistema de lector de matrículas; el control de tiempo de estacionamiento mediante la identificación del vehículo por matrícula y la realización de estudios de ocupación del estacionamiento en las zonas reguladas y de la necesidad de ampliaciones o modificaciones de las zonas existentes o la implantación en nuevas zonas.
Otros aspectos importantes incluidos en el contrato a licitar contemplan la expedición, control y gestión de identificativos para residentes; la formulación de denuncias por infracciones relativas al estacionamiento que se detecten en las zonas reguladas y la atención al cliente en una oficina de información y atención a las personas usuarias.
NUEVA ZONA VERDE
El concejal de Movilidad Sostenible ha destacado como una de las principales novedades que aportará el nuevo contrato —además de las mencionadas- la aparición de una nueva tipología de zona, la Zona Verde, de acuerdo a lo establecido en la nueva Ordenanza de Movilidad. Esta Zona Verde, estacionamiento exclusivo para residentes, se suma a las actuales Zona Azul, de estacionamiento en rotación, y Zona Naranja, de estacionamiento de uso mixto (rotación y residentes).
Ha explicado Grezzi en su comparecencia ante los medios que « teniendo en cuenta las previsiones del vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de València, las conclusiones obtenidas en varios procesos de participación ciudadana realizados en los dos últimos años, y las reclamaciones realizadas por diversas entidades vecinales en los últimos lustros, se irán impulsando nuevas zonas de estacionamiento de residentes en los diferentes distritos, barrios o zonas de la ciudad».
En este sentido, el pliego establece que se priorizarán los barrios de los distritos 1, 2, 3, 13, 14 y 15: Ciutat Vella, Russafa, Pla del Remei, Gran Vía, La Roqueta, Botànic, Benimaclet, San Josep-La Vega Baixa y Orriols, siempre atendiendo a las demandas vecinales; «aunque el pliego deja abierta la posibilidad a atender más peticiones que serían estudiadas tal y como se establece en el mismo»
El número de nuevas plazas de estacionamiento regulado se determinará a partir de los estudios de estacionamiento que se irán realizando. No obstante, el concejal ha adelantado una estimación mínima de 5.000 nuevas a regular durante los cinco años de vigencia del contrato, entre plazas de Zona Verde, para residentes (VERDE) y Zona NARANJA (mixtas).Se podrá modificar el contrato variando el número total de plazas previstas (5.439 existentes + 5.000 nuevas = 10.439) en un 20% al alza o a la baja, «en respuesta a necesidades que se produzcan en la gestión del espacio dedicado al estacionamiento regulado o en la movilidad de la ciudad»
Las zonas con estacionamiento regulado, tanto en la modalidad de rotación como de residentes y mixtas, incluirán un número mínimo de plazas para las personas con movilidad reducida, carga y descarga y motocicletas, de forma que atienda las necesidades del barrio. El pliego también establece que la empresa adjudicataria deberá poner a disposición de las personas usuarias del servicio una aplicación móvil (App móvil) para el pago, sin que ello suponga a éstas o al Ayuntamiento coste alguno adicional a las tasas que establezcan las ordenanzas.
Como se ha indicado, el control se realizará mediante agentes y mediante vehículos dotados con sistemas de lectura de matrícula, lo que permitirá que en las zonas verdes no sea necesaria la instalación de parquímetros, ya que el control del estacionamiento se realizará mediante identificativo de residente y lectura de matrícula.
Otra novedad destacada por Giuseppe Grezzi con relación al contrato actual es que los nuevos parquímetros, a diferencia de lo que ocurre con el actual contrato, tras ser amortizados pasarán a ser propiedad del ayuntamiento y no de la empresa adjudicataria. El concejal ha estimado en cerca de tres millones de euros el desembolso municipal por este concepto durante la vigencia del anterior contrato, desde 2013 a 2019, un periodo en el que se ha ingresado 46 millones de euros en las zonas ORA, de los que 17 millones de euros ha sido el beneficio obtenido por el Ayuntamiento.
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Publicado
hace 14 horasen
17 febrero, 2026
El debate sobre la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos ha vuelto al primer plano político en España después de que Junts anunciara que no apoyará la propuesta presentada por Vox en el Congreso, pese a coincidir en su rechazo al uso del velo integral.
La formación vinculada a Carles Puigdemont ha registrado su propio proyecto de ley, que incluiría la prohibición de estas prendas en espacios públicos junto con la petición de delegación de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, asegurando que la iniciativa será “rigurosa” y alineada con estándares europeos.
El voto en contra de Junts dificulta que la proposición de Vox prospere, incluso contando con el apoyo del Partido Popular.
Desde la formación catalana sostienen que se oponen al burka por considerarlo una forma de opresión, pero rechazan respaldar iniciativas de Vox, a quien acusan de mantener posiciones contrarias a los derechos humanos y a Cataluña.
Por su parte, Vox ha criticado la decisión y ha acusado a Junts de actuar por cálculo electoral, defendiendo que la prohibición responde a la protección de los valores culturales y de la igualdad entre hombres y mujeres.
Varios países europeos han aprobado restricciones al velo integral en espacios públicos —como Francia, Bélgica o Austria— principalmente por motivos de seguridad, identificación y laicidad, lo que sirve de referencia en el debate español.
El argumento habitual en Europa combina tres ejes:
Seguridad pública e identificación
Neutralidad en espacios comunes
Igualdad de género
La discusión puede intensificar la polarización política y convertirse en un tema central del debate sobre inmigración, identidad cultural y derechos individuales.
Una eventual prohibición podría enfrentarse a recursos legales por posibles conflictos con derechos fundamentales como la libertad religiosa y la libertad individual.
Algunos expertos advierten que medidas restrictivas pueden dificultar la integración si se perciben como estigmatizantes, mientras que otros sostienen que favorecen la cohesión social y la igualdad.
Los defensores argumentan que facilitaría la identificación en espacios públicos, especialmente en ámbitos sensibles como edificios oficiales o transportes.
La decisión podría influir en la imagen de España en materia de derechos civiles y políticas migratorias dentro de la Unión Europea.
El uso del burka y el nicab genera un intenso debate entre quienes lo consideran una expresión religiosa o cultural y quienes lo ven como un símbolo de desigualdad de género. Esta tensión refleja un dilema más amplio entre proteger libertades individuales y promover valores de igualdad.
Con propuestas legislativas en marcha y posiciones políticas enfrentadas, el debate sobre el velo integral en España seguirá evolucionando en los próximos meses, especialmente en un contexto de creciente discusión sobre inmigración y convivencia cultural.
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