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València aumentará las plazas de la ORA destinadas a residentes

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Valencia, 20 nov.- El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha presentado en rueda de prensa el nuevo contrato de licitación de la ORA que tendrá una vigencia de 5 años y un presupuesto base de licitación de 34.024.891,80 € (IVA incluido).

Esta licitación, que está previsto apruebe la próxima Junta De Gobierno Local, introduce la creación de zonas de aparcamiento exclusivamente residencial, el control mediante lectura de matrícula y la renovación de todos los parquímetros con unidades de última generación que tras su amortización serán propiedad del Ayuntamiento.

Grezzi ha destacado que los pliegos del contrato para gestionar el estacionamiento regulado en la ciudad de València, trabajados durante los últimos años por el servicio de Movilidad Sostenible, han pasado por un largo periplo de evaluación e informe por múltiples servicios municipales desde que se emprendió su elaboración en julio de 2016, hasta que superaron el último trámite en el servicio Fiscal Gastos.

«Los rasgos característicos son que introducimos parquímetros de última generación gestionados por una APP móvil que se integrará en el APP València. Además tendremos una mejor gestión de todas las plaza de la ORA, en las que introducimos las plazas de Zona Verde. Se hará un control de vehículos eléctricos (exentos del pago de la ORA), de las plazas de carga y descarga y de las plazas de movilidad reducida. El nuevo contrato permitirá una gestión más adecuada de la movilidad y del espacio público que tenemos en la ciudad», ha reseñado igualmente el concejal

El objeto del contrato, presentado este miércoles en rueda de prensa por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, es la gestión y explotación del Estacionamiento Regulado en la Vía Pública de la ciudad de València y comprende entre otras las funciones de instalación de parquímetros de última generación para la prestación del servicio; el control del estacionamiento de los vehículos aparcados en las zonas ORA, incluyendo el uso de las plazas reservadas para carga y descarga, PMR y motocicletas, mediante vigilantes equipados con terminales portátiles y vehículos equipados con sistema de lector de matrículas; el control de tiempo de estacionamiento mediante la identificación del vehículo por matrícula y la realización de estudios de ocupación del estacionamiento en las zonas reguladas y de la necesidad de ampliaciones o modificaciones de las zonas existentes o la implantación en nuevas zonas.

Otros aspectos importantes incluidos en el contrato a licitar contemplan la expedición, control y gestión de identificativos para residentes; la formulación de denuncias por infracciones relativas al estacionamiento que se detecten en las zonas reguladas y la atención al cliente en una oficina de información y atención a las personas usuarias.

NUEVA ZONA VERDE

El concejal de Movilidad Sostenible ha destacado como una de las principales novedades que aportará el nuevo contrato —además de las mencionadas- la aparición de una nueva tipología de zona, la Zona Verde, de acuerdo a lo establecido en la nueva Ordenanza de Movilidad. Esta Zona Verde, estacionamiento exclusivo para residentes, se suma a las actuales Zona Azul, de estacionamiento en rotación, y Zona Naranja, de estacionamiento de uso mixto (rotación y residentes).

Ha explicado Grezzi en su comparecencia ante los medios que « teniendo en cuenta las previsiones del vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de València, las conclusiones obtenidas en varios procesos de participación ciudadana realizados en los dos últimos años, y las reclamaciones realizadas por diversas entidades vecinales en los últimos lustros, se irán impulsando nuevas zonas de estacionamiento de residentes en los diferentes distritos, barrios o zonas de la ciudad».

En este sentido, el pliego establece que se priorizarán los barrios de los distritos 1, 2, 3, 13, 14 y 15: Ciutat Vella, Russafa, Pla del Remei, Gran Vía, La Roqueta, Botànic, Benimaclet, San Josep-La Vega Baixa y Orriols, siempre atendiendo a las demandas vecinales; «aunque el pliego deja abierta la posibilidad a atender más peticiones que serían estudiadas tal y como se establece en el mismo»

El número de nuevas plazas de estacionamiento regulado se determinará a partir de los estudios de estacionamiento que se irán realizando. No obstante, el concejal ha adelantado una estimación mínima de 5.000 nuevas a regular durante los cinco años de vigencia del contrato, entre plazas de Zona Verde, para residentes (VERDE) y Zona NARANJA (mixtas).Se podrá modificar el contrato variando el número total de plazas previstas (5.439 existentes + 5.000 nuevas = 10.439) en un 20% al alza o a la baja, «en respuesta a necesidades que se produzcan en la gestión del espacio dedicado al estacionamiento regulado o en la movilidad de la ciudad»

Las zonas con estacionamiento regulado, tanto en la modalidad de rotación como de residentes y mixtas, incluirán un número mínimo de plazas para las personas con movilidad reducida, carga y descarga y motocicletas, de forma que atienda las necesidades del barrio. El pliego también establece que la empresa adjudicataria deberá poner a disposición de las personas usuarias del servicio una aplicación móvil (App móvil) para el pago, sin que ello suponga a éstas o al Ayuntamiento coste alguno adicional a las tasas que establezcan las ordenanzas.

Como se ha indicado, el control se realizará mediante agentes y mediante vehículos dotados con sistemas de lectura de matrícula, lo que permitirá que en las zonas verdes no sea necesaria la instalación de parquímetros, ya que el control del estacionamiento se realizará mediante identificativo de residente y lectura de matrícula.

Otra novedad destacada por Giuseppe Grezzi con relación al contrato actual es que los nuevos parquímetros, a diferencia de lo que ocurre con el actual contrato, tras ser amortizados pasarán a ser propiedad del ayuntamiento y no de la empresa adjudicataria. El concejal ha estimado en cerca de tres millones de euros el desembolso municipal por este concepto durante la vigencia del anterior contrato, desde 2013 a 2019, un periodo en el que se ha ingresado 46 millones de euros en las zonas ORA, de los que 17 millones de euros ha sido el beneficio obtenido por el Ayuntamiento.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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