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València aumentará las plazas de la ORA destinadas a residentes
Publicado
hace 7 añosen
Valencia, 20 nov.- El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha presentado en rueda de prensa el nuevo contrato de licitación de la ORA que tendrá una vigencia de 5 años y un presupuesto base de licitación de 34.024.891,80 € (IVA incluido).
Esta licitación, que está previsto apruebe la próxima Junta De Gobierno Local, introduce la creación de zonas de aparcamiento exclusivamente residencial, el control mediante lectura de matrícula y la renovación de todos los parquímetros con unidades de última generación que tras su amortización serán propiedad del Ayuntamiento.
Grezzi ha destacado que los pliegos del contrato para gestionar el estacionamiento regulado en la ciudad de València, trabajados durante los últimos años por el servicio de Movilidad Sostenible, han pasado por un largo periplo de evaluación e informe por múltiples servicios municipales desde que se emprendió su elaboración en julio de 2016, hasta que superaron el último trámite en el servicio Fiscal Gastos.
«Los rasgos característicos son que introducimos parquímetros de última generación gestionados por una APP móvil que se integrará en el APP València. Además tendremos una mejor gestión de todas las plaza de la ORA, en las que introducimos las plazas de Zona Verde. Se hará un control de vehículos eléctricos (exentos del pago de la ORA), de las plazas de carga y descarga y de las plazas de movilidad reducida. El nuevo contrato permitirá una gestión más adecuada de la movilidad y del espacio público que tenemos en la ciudad», ha reseñado igualmente el concejal
El objeto del contrato, presentado este miércoles en rueda de prensa por el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, es la gestión y explotación del Estacionamiento Regulado en la Vía Pública de la ciudad de València y comprende entre otras las funciones de instalación de parquímetros de última generación para la prestación del servicio; el control del estacionamiento de los vehículos aparcados en las zonas ORA, incluyendo el uso de las plazas reservadas para carga y descarga, PMR y motocicletas, mediante vigilantes equipados con terminales portátiles y vehículos equipados con sistema de lector de matrículas; el control de tiempo de estacionamiento mediante la identificación del vehículo por matrícula y la realización de estudios de ocupación del estacionamiento en las zonas reguladas y de la necesidad de ampliaciones o modificaciones de las zonas existentes o la implantación en nuevas zonas.
Otros aspectos importantes incluidos en el contrato a licitar contemplan la expedición, control y gestión de identificativos para residentes; la formulación de denuncias por infracciones relativas al estacionamiento que se detecten en las zonas reguladas y la atención al cliente en una oficina de información y atención a las personas usuarias.
NUEVA ZONA VERDE
El concejal de Movilidad Sostenible ha destacado como una de las principales novedades que aportará el nuevo contrato —además de las mencionadas- la aparición de una nueva tipología de zona, la Zona Verde, de acuerdo a lo establecido en la nueva Ordenanza de Movilidad. Esta Zona Verde, estacionamiento exclusivo para residentes, se suma a las actuales Zona Azul, de estacionamiento en rotación, y Zona Naranja, de estacionamiento de uso mixto (rotación y residentes).
Ha explicado Grezzi en su comparecencia ante los medios que « teniendo en cuenta las previsiones del vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de València, las conclusiones obtenidas en varios procesos de participación ciudadana realizados en los dos últimos años, y las reclamaciones realizadas por diversas entidades vecinales en los últimos lustros, se irán impulsando nuevas zonas de estacionamiento de residentes en los diferentes distritos, barrios o zonas de la ciudad».
En este sentido, el pliego establece que se priorizarán los barrios de los distritos 1, 2, 3, 13, 14 y 15: Ciutat Vella, Russafa, Pla del Remei, Gran Vía, La Roqueta, Botànic, Benimaclet, San Josep-La Vega Baixa y Orriols, siempre atendiendo a las demandas vecinales; «aunque el pliego deja abierta la posibilidad a atender más peticiones que serían estudiadas tal y como se establece en el mismo»
El número de nuevas plazas de estacionamiento regulado se determinará a partir de los estudios de estacionamiento que se irán realizando. No obstante, el concejal ha adelantado una estimación mínima de 5.000 nuevas a regular durante los cinco años de vigencia del contrato, entre plazas de Zona Verde, para residentes (VERDE) y Zona NARANJA (mixtas).Se podrá modificar el contrato variando el número total de plazas previstas (5.439 existentes + 5.000 nuevas = 10.439) en un 20% al alza o a la baja, «en respuesta a necesidades que se produzcan en la gestión del espacio dedicado al estacionamiento regulado o en la movilidad de la ciudad»
Las zonas con estacionamiento regulado, tanto en la modalidad de rotación como de residentes y mixtas, incluirán un número mínimo de plazas para las personas con movilidad reducida, carga y descarga y motocicletas, de forma que atienda las necesidades del barrio. El pliego también establece que la empresa adjudicataria deberá poner a disposición de las personas usuarias del servicio una aplicación móvil (App móvil) para el pago, sin que ello suponga a éstas o al Ayuntamiento coste alguno adicional a las tasas que establezcan las ordenanzas.
Como se ha indicado, el control se realizará mediante agentes y mediante vehículos dotados con sistemas de lectura de matrícula, lo que permitirá que en las zonas verdes no sea necesaria la instalación de parquímetros, ya que el control del estacionamiento se realizará mediante identificativo de residente y lectura de matrícula.
Otra novedad destacada por Giuseppe Grezzi con relación al contrato actual es que los nuevos parquímetros, a diferencia de lo que ocurre con el actual contrato, tras ser amortizados pasarán a ser propiedad del ayuntamiento y no de la empresa adjudicataria. El concejal ha estimado en cerca de tres millones de euros el desembolso municipal por este concepto durante la vigencia del anterior contrato, desde 2013 a 2019, un periodo en el que se ha ingresado 46 millones de euros en las zonas ORA, de los que 17 millones de euros ha sido el beneficio obtenido por el Ayuntamiento.
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 8 horasen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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