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Valencia

Nueve de cada diez víctimas de violencia sexual por internet son niños

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Ley control parental dispositvos móviles

Nueve de cada diez víctimas de violencia sexual por internet en la Comunitat Valenciana son un niño o una niña, según el análisis realizado por Save the Children sobre las sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales.

Save the Children reclama una Justicia especializada que garantice los derechos de las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales a través de Internet.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior en 2022 que maneja la organización no gubernamental internacional, en la Comunitat Valenciana se presentaron 118 denuncias por delitos sexuales a través de la red que tenían como víctima a un niño, niña o adolescente.

Además, las denuncias que tienen como víctima a la infancia y adolescencia representan el 89 % del total de este tipo de delitos, según el informe.

El director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha sostenido que, una vez más, «los datos nos muestran que las diferentes formas de violencia pueden trasladarse al ámbito digital, y que los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable».

«En el caso del «online grooming» (abuso sexual en Internet) hay que recordar que el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad de contenido sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o vídeos hasta mantener un encuentro sexual», ha añadido.

En casi la mitad de los casos de abusos sexuales contra la infancia a través de Internet en España el agresor es una persona desconocida, y el 95,1 % de los abusadores no tiene antecedentes penales de ningún tipo.

El informe ha analizado cerca de 400 sentencias judiciales de casos de este tipo de violencia en España, de las que 33 son específicas de «online grooming» o abuso sexual a través de internet.

Save the Children ha recordado que, en los últimos años, las diferentes formas de violencia han encontrado un canal diferente por el que ejercerse, como es Internet, que es utilizado por el 95,1 % de los niños y niñas de entre 10 y 15 años.

En este tipo de abusos las niñas representan un 57,4 % del total de víctimas, mientras que los niños son víctimas en el 42,6 % de los casos en toda España. Estas cifras contrastan con las del abuso sexual físico, donde el 8 de cada 10 víctimas son niñas.

Save the Children ha mostrado también su preocupación por el tiempo de duración de los procesos judiciales, ya que en el periodo analizado, el 67 % de los procesos duraron entre dos y tres años.

La técnica de Acción Social Save the chilndren Valencia, Cintia Espada, ha contado cómo se descubrió un caso de abuso sexual a través de internet que tuvo como víctimas a dos niños de 14 y 15 años que participaban en los programas de la organización en Valencia.

«Detectamos que un supuesto amigo de los niños, después de estar tiempo hablando con ellos y ganándose su confianza, les empezó a ofrecer dinero a cambio de fotografías y vídeos de contenido sexual a través de una red social. Ellos, además, manifestaban que nunca le habían visto en persona», ha relatado.

Ha explicado que activaron sus protocolos y «tras la denuncia en la Policía, descubrimos que era un hombre adulto que había abusado ya de más niños y niñas a través de internet. Podemos decir que gracias al trabajo de Save the Children esa persona ya no podrá abusar de más niños o niñas».

Save the Children apuesta también por seguir avanzando en la Comunitat Valenciana con el modelo nórdico Barnahus (“casa de los niños” en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria.

«Ya se ha empezado a poner en marcha las bases para implantar el modelo, pero es necesario seguir avanzando en el mismo. Cuando ya se ha producido cualquier tipo de violencia ya hemos llegado tarde. Tenemos que asegurar que se siguen garantizando sus derechos con la mejor atención posible», ha concluido Rodrigo Hernández.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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