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VÍDEO| Así ha desmantelado la Policía un sistema de radares de un grupo de narcos para detectar la presencia policial

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Agentes de la Policía Nacional ha desmantelado un sistema de radares utilizado por un grupo de narcos para detectar la presencia policial en la costa de Cádiz. La infraestructura localizada en dos viviendas de La Línea de la Concepción, estaba formada por dos antenas que les permitían conocer la localización de las patrulleras policiales o de los helicópteros de vigilancia de las fuerzas de seguridad y así informar en tiempo real a las embarcaciones cargadas de hachís que pretendían alijar en las playas gaditanas. Se han realizado 16 registros en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción y dos más en las localidades malagueñas de Manilva y Estepona, en los que se han intervenido cuatro armas de fuego, tres narcoembarcaciones, numerosos vehículos todoterreno y más de 50.000 euros en efectivo. El operativo desplegado por la Policía Nacional ha culminado con la detención de 10 personas en La Línea de la Concepción.

Alijos de hachís en las costas gaditanas

La investigación se inició a finales de 2016 a raíz de las informaciones recabadas sobre la actividad desarrollada por un grupo organizado de personas especializado en transportar fardos de hachís desde Marruecos hasta España. Fruto de las gestiones realizadas, los agentes constataron que la organización estaba perfectamente jerarquizada con un claro reparto de tareas y con la existencia de unos jefes que asumían el mando de la dirección sobre los responsables de las embarcaciones. Estos últimos se encargaban de todo lo relacionado con la adquisición, transporte y puesta a punto de las narcoembarcaciones, gestión de la tripulación, combustible, así como de otras embarcaciones utilizadas para el avituallamiento.

Los pilotos y tripulantes se encargaban de transportar el hachís vía marítima hasta llegar a las costas gaditanas donde los porteadores eran los que alijaban el hachís desde las embarcaciones hasta los vehículos de carga, para ser posteriormente trasladado hasta las zonas de “guarderías”. La droga tras ser almacenada en las naves industriales era custodiada por los “guardadores” hasta su distribución.

Radares en viviendas costeras

Toda esta infraestructura organizativa se apoyaba en una red de alerta formada por los responsables de seguridad de los alijos, quienes se encargaban del entramado de colaboradores cuya tarea consistía en advertir la presencia policial. La organización también disponía de numerosos teléfonos satélites, equipos de transmisión y teléfonos móviles los cuales eran utilizados para mantener una comunicación segura cuando la organización iba a introducir un alijo de hachís.

La organización criminal contaba con una infraestructura de contravigilancia con radares, que estaban instalados en altura en el interior de dos viviendas situadas frente a la costa en La Línea de la Concepción. Estos radares eran utilizados para controlar la presencia en el mar de las patrulleras de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando las narcoembarcaciones pretendían alijar en las playas linenses y de este modo asegurar que los alijos se realizasen con todas las garantías. La peculiaridad de estos radares es que, según su orientación, además de la detección a nivel terrestre o marítimo tendrían la posibilidad de orientarse hacia el espacio aéreo para detectar la presencia de los helicópteros policiales que participan en los dispositivos al efecto.

Además de esta función, realizaban el control técnico de los posicionamientos de todas la personas que se situaban a lo largo de la costa realizando tareas de “punto de vigilancia”, a través de los cuales personas del escalón bajo de la organización controlaban la presencia y movimiento de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De este modo, como quiera que el radar les permitía en todo momento tener conocimiento de la localización tanto de las patrulleras de las fuerzas y cuerpos de seguridad como de las narcoembarcaciones cargadas de hachís, y los “puntos” les informaban continuamente de la localización de cada una de las patrullas policiales que estaban operando en tierra, obtenían la información suficiente para informar a los jefes de las organizaciones acerca del momento exacto en que debían de dar la orden para alijar.

Los encargados del manejo de los radares eran contratados por las organizaciones criminales para coordinar y dirigir la seguridad de todos los operativos de introducción de hachís, ya que precisaban de personas con conocimientos técnicos específicos para su manejo.

Operativo final con 10 detenidos y 18 registros

La investigación ha culminado con un amplio dispositivo policial en virtud del cual se han practicado un total de 18 registros. Como resultado de todos ellos se ha procedido a la detención de 10 miembros y a la aprehensión de dos radares, la intervención de 4 armas de fuego -una de ellas semiautomática-, la aprehensión de diversa cantidad de sustancia estupefaciente, efectos y documentación relacionada con el hecho delictivo además de 50.000 euros, tres narcoembarcaciones y numerosos vehículos todoterreno. En fases anteriores de esta investigación se han intervenido alrededor de 70.000 kilos de hachís, más de 230 vehículo y 18 armas de fuego.

El juzgado competente ha sido el de Instrucción número tres de la Línea de la Concepción (Cádiz). Los tres cabecillas de la organización han ingresado ya en prisión y el resto se encuentran en libertad con cargos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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