El juez José de la Mata asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas ‘low cost’ iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibiesen en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.
En ese caso, el magistrado investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.
Weston Hill Asset Management, que se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo, también posee la cadena de clínicas odontológicas IOA.
Así, tras encontrar similitudes en la gestión económica de ambas empresas, el juez ordenó, en el marco de la investigación ya abierta por iDental, analizar las salida de fondos sin justificación “a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital”.
TESTAFERROS PARA NO FIGURAR COMO ADMINISTRADOR
Luis Sans es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que utilizó distintos testaferros para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.
En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal.
En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha comprobado la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.
Ese dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.
VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.
El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.
La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.
Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.
Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.
Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.
Plan General de Alboraia
El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.
El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.
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