El juez José de la Mata asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas ‘low cost’ iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibiesen en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.
En ese caso, el magistrado investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.
Weston Hill Asset Management, que se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo, también posee la cadena de clínicas odontológicas IOA.
Así, tras encontrar similitudes en la gestión económica de ambas empresas, el juez ordenó, en el marco de la investigación ya abierta por iDental, analizar las salida de fondos sin justificación “a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital”.
TESTAFERROS PARA NO FIGURAR COMO ADMINISTRADOR
Luis Sans es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que utilizó distintos testaferros para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.
En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal.
En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha comprobado la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.
Ese dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.
La familia de Álex, el niño de 13 años asesinado en Sueca el pasado 24 de enero, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding para poder hacer frente a los costes judiciales derivados del proceso penal y garantizar que el caso llegue hasta el final.
La iniciativa, titulada “Justicia para Álex”, ha sido impulsada por el padre del menor y ha logrado recaudar más de 2.800 euros en apenas cuatro días, gracias a la solidaridad de vecinos, amigos y personas de distintos puntos del país.
Una comunidad volcada con la familia
Desde que se produjo el crimen, Sueca permanece conmocionada. Las muestras de apoyo no han cesado: concentraciones silenciosas, mensajes de condolencia y homenajes espontáneos reflejan el impacto que ha tenido la muerte del menor en el municipio.
Con esta campaña solidaria, los padres de Álex buscan contar con los recursos necesarios para afrontar el procedimiento judicial, pero también mantener viva la memoria de su hijo y evitar que el caso caiga en el olvido.
El acusado, en prisión provisional sin fianza
Según la investigación, Álex acudió a casa de un amigo para pasar la tarde. Presuntamente, el padre del menor lo atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales. El hombre fue detenido horas después por la Guardia Civil y reconoció los hechos ante los agentes.
El juez encargado del caso decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado, al tratarse de una víctima menor de 16 años. Desde su ingreso en la prisión de Picassent, el detenido ha optado por no declarar y remitirse a sus manifestaciones previas.
Apoyo social y búsqueda de justicia
La familia insiste en que la recaudación no responde solo a una necesidad económica, sino también a un deseo de justicia y acompañamiento. El respaldo ciudadano se ha convertido en un pilar fundamental en un momento de enorme dolor.
El caso de Álex ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en una herida colectiva, con un municipio entero unido en el recuerdo del menor y en el apoyo a sus padres durante un proceso largo y complejo.
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