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Vox abandona el hemiciclo en el primer pleno con lenguas cooficiales

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Vox abandona hemiciclo
Varios diputados de VOX depositan sus auricular de traducción en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y abandonan el hemiciclo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid (EFE). El Congreso de los Diputados ha abierto en gallego su primera sesión plenaria de esta Legislatura, con la mayoría de los diputados portando pinganillos. Aunque nada más comenzar el debate los diputados de Vox lo han interrumpido y Vox abandona el hemiciclo.

Vox abandona el hemiciclo durante una intervención en gallego

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha estrenado en el primer pleno del Congreso de la XV Legislatura. Dando la palabra al diputado socialista José Ramón Besteiro, natural de Lugo, ha comenzado el debate de reforma del Reglamento del Congreso en su lengua materna.

“Es una honra que me permite estrenar la traducción de mi lengua. Que es símbolo de la riqueza cultural del país”, ha dicho al tiempo que se escuchaba la traducción simultánea. En ese momento, se veía a algunos diputados utilizando los auriculares.

Sin embargo, segundos después la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha querido interrumpir el discurso para protestar. Armengol le ha recordado que no le correspondía el turno.

En ese momento, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo y han dejado los auriculares en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Día, que ha aplaudido junto con otros diputados la salida de los de Abascal.

La protesta del PP

Por otra parte, la sesión se ha iniciado con la protesta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha reclamado que no se empleen las lenguas cooficiales en el debate que precisamente reformará el Reglamento de la Cámara para permitir su uso.

La reforma del Reglamento no puede entrar en vigor antes de aprobarse, subraya el PP, que considera que su empleo antes de esta reforma se aparta de la legislación vigente.

En respuesta al PP, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recordado que su escrito de reconsideración. En el que pedían no celebrar este pleno, será visto en la próxima Junta de Portavoces y ha señalado que en cumplimiento del reglamento se seguiría con el debate, acordado en la Mesa y en la Junta de Portavoces.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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