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Vox abandona el hemiciclo en el primer pleno con lenguas cooficiales

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Vox abandona hemiciclo
Varios diputados de VOX depositan sus auricular de traducción en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y abandonan el hemiciclo. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Madrid (EFE). El Congreso de los Diputados ha abierto en gallego su primera sesión plenaria de esta Legislatura, con la mayoría de los diputados portando pinganillos. Aunque nada más comenzar el debate los diputados de Vox lo han interrumpido y Vox abandona el hemiciclo.

Vox abandona el hemiciclo durante una intervención en gallego

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha estrenado en el primer pleno del Congreso de la XV Legislatura. Dando la palabra al diputado socialista José Ramón Besteiro, natural de Lugo, ha comenzado el debate de reforma del Reglamento del Congreso en su lengua materna.

“Es una honra que me permite estrenar la traducción de mi lengua. Que es símbolo de la riqueza cultural del país”, ha dicho al tiempo que se escuchaba la traducción simultánea. En ese momento, se veía a algunos diputados utilizando los auriculares.

Sin embargo, segundos después la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha querido interrumpir el discurso para protestar. Armengol le ha recordado que no le correspondía el turno.

En ese momento, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo y han dejado los auriculares en el escaño del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Día, que ha aplaudido junto con otros diputados la salida de los de Abascal.

La protesta del PP

Por otra parte, la sesión se ha iniciado con la protesta de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha reclamado que no se empleen las lenguas cooficiales en el debate que precisamente reformará el Reglamento de la Cámara para permitir su uso.

La reforma del Reglamento no puede entrar en vigor antes de aprobarse, subraya el PP, que considera que su empleo antes de esta reforma se aparta de la legislación vigente.

En respuesta al PP, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha recordado que su escrito de reconsideración. En el que pedían no celebrar este pleno, será visto en la próxima Junta de Portavoces y ha señalado que en cumplimiento del reglamento se seguiría con el debate, acordado en la Mesa y en la Junta de Portavoces.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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