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Valencia

Declaración institucional: El Consell exige «el mismo estatus de oficialidad» para el valenciano

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Declaración institucional Consell valenciano
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, lee la declaración institucional realizada por la Generalitat en defensa de la lengua, cultura y señas de identidad de la Comunitat Valenciana, esta mañana en el Palau de la Generalitat. En la imagen junto a Camarero (izqda a dcha), la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, la consellera de Justicia, Elisa Nuñez, y la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino. EFE/Biel Aliño

València, 18 ago (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Ejecutivo valenciano ha calificado este viernes de «nefasto» el acuerdo político que garantizará el uso de catalán, euskera y gallego en el Congreso, ha exigido «respeto para la Comunitat Valenciana» y que el valenciano «tenga el mismo estatus de oficialidad que el resto de lenguas cooficiales del Estado».

La vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, ha comparecido en el Palau de la Generalitat para leer un manifiesto del Ejecutivo autonómico íntegramente en valenciano, sin admitir preguntas a su conclusión.

Camarero ha estado acompañada por la consellera de Justicia, Elisa Núñez; la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas; y la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz, Ruth Merino.

Declaración institucional del Consell sobre el valenciano

En este manifiesto, el Consell ha reclamado al Gobierno y a la nueva presidenta del Congreso, Francina armengol, «respeto» para el valenciano ante el «nefasto» acuerdo sobre las lenguas cooficiales y ha insistido en que «no se permitirá un ataque más ni ser moneda de cambio para quienes quieren enfrentar a España».

La lengua, a su juicio, «está para unir y no para dividir», por lo que ha anunciado que «a la vista de la sumisión de aquellos que quiere romper España -el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol-» en el próximo pleno del Consell, en septiembre, se aprobará una declaración institucional «en defensa del valenciano, reconocido, igual que el castellano, en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía y en el 3 de la Constitución».

Además, ha señalado, se enviará un requerimiento la semana próxima, a Pedro Sánchez y a Armengol para que «se respete nuestra historia y nuestra cultura y lengua centenarias, como parte esencial de la riqueza de España».

También se remitirá una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchel, «instándole a que, ante cualquier petición que nos afecte se respete el valenciano».

Igualmente, ha dicho, la cámara de representación territorial es el Senado, donde «las diferentes lenguas de España ya pueden ser utilizadas», al tiempo que ha considerado que «no tiene sentido utilizar de manera partidista el Congreso de los Diputados».

Para el Consell, la Comunitat Valenciana «no puede ser moneda de cambio en los pactos entre Sánchez y los separatistas catalanes. El anterior Consell lo fomentaba, éste no lo tolerará», ha apostillado Camarero.

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Deportes

PP, Compromís y PSPV acuerdan aprobar las fichas del Nou Mestalla con «condicionantes» para el Valencia CF

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Nuevo Mestalla
Vista general del Nou Mestalla. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 17 JULIO (OFFICIAL PRESS-EFE).-El PP, Compromís y PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València han alcanzado un acuerdo para aprobar en el próximo pleno del consistorio, el ordinario de julio que tendrá lugar la próxima semana, las fichas urbanísticas vinculadas a la construcción del Nou Mestalla y la reconversión del suelo del actual estadio. Ese documento contendrá los «condicionantes» que el Valencia CF deberá cumplir para ejecutar su nuevo campo de fútbol.

Vox, integrante del gobierno municipal junto al PP, queda fuera de este pacto, dado que sus concejales no han aceptado la propuesta que han respaldado los otros grupos por considerar que «permite conceder derechos urbanísticos» al máximo accionista, Peter Lim.

Acuerdo en la Comisión de Urbanismo

El acuerdo entre el PP, al frente de la Alcaldía y de la Concejalía de Urbanismo, y los dos partidos fuera del ejecutivo local, Compromís y PSPV, se ha alcanzado este miércoles en la Comisión de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento y previa al pleno de la semana que viene. El pacto se ha logrado a través de una moción conjunta que ha prosperado a partir de la alternativa presentada por Giner a la propuesta que inicialmente ha presentado la oposición.

La moción aprobada contempla la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica Valencia CF en los ámbitos estratégicos de cualificación urbana zona A ‘Antiguo Mestalla’ y B ‘Corts Valencianes’, que incluyen las fichas de gestión actualmente en tramitación.

Documento Cerrado para el Pleno de Julio

Ese consenso permite llegar a la sesión plenaria de julio con un documento cerrado para sacar adelante las fichas urbanísticas antes del 3 de agosto, fecha en la que caducaba la suspensión de licencias decretada y el club deportivo podía actuar según el planeamiento vigente y sin limitaciones.

El acuerdo establece que esas fichas han de incluir, a falta de la firma de un nuevo convenio, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para que el Valencia CF pueda disponer de las plusvalías urbanísticas. Esto supone que el club no podrá tener los beneficios urbanísticos derivados de la planificación si no ejecuta y concluye el Nou Mestalla.

«Veintinueve de los treinta y tres concejales del Ayuntamiento se han comprometido a aprobar en el próximo pleno las fichas urbanísticas», ha afirmado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras el acuerdo alcanzado. Así, ha señalado que «ha imperado la cordura y el Valencia CF antes del 3 de agosto tendrá los condicionantes» establecidos para la construcción del nuevo estadio y la reconversión del actual.

Garantías y Avales

Giner ha asegurado que con la moción pactada entre PP, Compromís y PSPV-PSOE «se incluyen garantías y avales» para el club deportivo y en favor «del interés general de la ciudad». Asimismo, el edil del equipo de gobierno ha resaltado la «fortaleza institucional» que representa «un acuerdo tan amplio». «Es positivo», ha remarcado.

El titular de Urbanismo ha comentado que «a la hora de adoptar todas las decisiones» de ese pacto, el Mundial de Fútbol de 2023, para el que València se postula como sede, «no ha sido uno de los criterios que haya pesado» y ha resaltado que sí que lo ha sido «el interés general de la ciudad de València y de los valencianos».

Igualmente, ha destacado la iniciativa de incluir en la moción conjunta una «mención expresa al polideportivo de Benicalap», una infraestructura que el Valencia CF debe construir junto al nuevo estadio. «Hemos propuesto que se contemple y recoja en la moción», ha dicho Giner, que ha valorado que esa propuesta haya sido «muy bien aceptada por PSOE y Compromís».

«Nosotros en este tema siempre vamos a estar del lado de la legalidad jurídica, de la ciudad, de los valencianos y de los vecinos de Benicalap», ha expuesto Juan Giner.

Asimismo, ha manifestado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), ha expuesto en «diferentes intervenciones» que «se aprobarían las fichas y que el convenio –que han de suscribir el consistorio y el Valencia CF sobre el futuro estadio– sería una vez se inicien las obras». «Habló de garantías y avales y con esta moción se incluyen», ha insistido.

Día de Alegría y no de Reproches

Tras la comisión de Urbanismo también, la oposición ha mostrado su satisfacción por el pacto y ha destacado «el acto de responsabilidad» que este ha conllevado. «Es un día de alegría y no de reproches», ha dicho el portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuán, que ha considerado que este representa «la mejor solución para la ciudad y el club».

Sanjuán ha apuntado que la moción es la «misma, en esencia», que hace dos meses presentó en el pleno y que no prosperó, como ha apuntado Giner, porque «uno de los párrafos era contrario a derecho».

El portavoz socialista ha asegurado que el acuerdo es «el más garantista, exigente» y el que «mejor maniata a una persona que ha incumplido con la ciudad», ha apuntado en alusión al máximo accionista del Valencia CF.

Desde Compromís, Sergi Campillo ha valorado que el acuerdo incluya una fianza «para que a Peter Lim no le salga gratis incumplir una vez más» y que «no podrá vender los terrenos del terciario y del antiguo Mestalla hasta que el nuevo esté acabado».

La Posición de Vox

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha indicado que «solo queda» esta formación «para la defensa de los intereses de los valencianistas» y ha insistido en su idea de «impedir derechos urbanísticos» que el Valencia CF pudiera vender «respecto del terciario de Nou Mestalla».

«No podíamos adherirnos a la moción del PP, PSOE y Compromís porque no hace referencia a la limitación de derechos sobre la zona B y en ningún caso establece la garantía consistente en un aval respecto de la totalidad de las obras» del nuevo campo, ha expuesto además de subrayar que la «obligación principal» e «incumplida» por el club es la construcción del futuro estadio.

Preguntado por si peligra el pacto de gobierno entre PP y Vox en València, Badenas ha dicho que la posición de su partido respecto a Nou Mestalla era conocida antes de suscribirse el acuerdo para el ejecutivo municipal y ha afirmado que ha sido «coherente».

«Ya se asumía que nosotros pudiéramos tener en este punto una posición discrepante con el PP», ha señalado, para afirmar que en el consistorio «hay muchas más cuestiones que interesan a la defensa de los intereses de los valencianos». «Por tanto, en la medida que el PP cumpla los acuerdos de gobierno vamos a seguir manteniendo este gobierno fuerte y eficaz que están dando buenos resultados para València», ha afirmado Juanma Badenas.

La licencia del Nou Mestalla: aforo de 70.000, 30 meses de obra y garantías si no arranca

El Ayuntamiento de València concedió el pasado viernes al Valencia la licencia para retomar las obras del Nou Mestalla, un estadio que exige que sea de setenta mil espectadores y que el club deberá acabar en un plazo máximo de treinta meses una vez retome las obras porque si no el consistorio le retiraría los beneficios urbanísticos que tiene, igual que si vuelve a pararlas.

Desde el consistorio aseguran que la licencia «cuenta con todos los informes técnicos que avalan su completa viabilidad jurídica» y que, una vez se le notifique al club, tendrá tres meses para presentar un proyecto de ejecución «para un estadio de fútbol de 70.000 espectadores» y un «calendario vinculante con hitos parciales», entre otros documentos.

El consistorio realizará entonces una auditoria externa e independiente del coste total de la obra y de la inversión que necesita cada una de las etapas, tal y como se aprobó en la comisión de urbanismo hace unas semanas.

Las condiciones para el Valencia

Una vez concedida la licencia definitiva, el club tendrá seis meses para iniciar las obras, salvo motivos de fuerza mayor. Si no lo hace, tendrá quince días desde que se lo notifique el consistorio para presentar una garantía por el 100% del precio que haya determinado la auditoria. Si las inicia y las para sin motivo de fuerza mayor, igualmente tendrá esos quince días para presentar una garantía por el dinero que quede por invertir para acabar el estadio.

Fuentes municipales explicaron a EFE que en ambos casos, el Ayuntamiento ejecutaría esa garantía y procedería a finalizar el estadio. Al mismo tiempo caducaría la licencia a favor del Valencia y derogaría la parte el Plan ATE que sigue en vigor lo que supondría que el club perdería los beneficios urbanísticos que mantiene en la parcela del Nou Mestalla y del actual estadio.

Además, el consistorio procedería a la resolución de los convenios suscritos en 2005 y 2007 por el Ayuntamiento con el Valencia por «incumplimiento grave de las obligaciones» y exigiría «la indemnización que proceda por los daños y perjuicios efectivamente causados».

Fuentes del gobierno que dirige María José Catalá calificaron como «muy exigentes» las condiciones establecidas y recordaron que el Valencia pedía entre 30 y 42 meses para acabar y que solo se le conceden 30.

Según esas mismas fuentes esos condicionantes establecidos protegen el interés de la ciudad «por encima de todo» y la blinda «ante posibles incumplimientos de la propiedad del Valencia». Además, aseguran que las penalizaciones por incumplimientos tienen «máximas garantías legales».

También remarcan que se evita que el Valencia «pueda aprovechar las plusvalías urbanísticas» que aseguran que tendría reconocidas de manera automática el 3 de agosto sin acabar el estadio y que se cumple con el acuerdo de una auditoría externa e independiente para evaluar el coste de las obras de conclusión.

El equipo de Catalá defiende que con esta licencia el consistorio va «un paso más allá de las condiciones que exigían los grupos de la oposición al incluir la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas al Valencia en caso de incumplimiento».

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