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Ximo Puig anuncia una campaña en Londres para atraer inversiones e impulsar las relaciones comerciales con Reino Unido

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado la intención de impulsar una campaña en Londres para captar inversiones británicas en la Comunitat Valenciana y promover el comercio exterior con este país.

En este sentido, ha avanzado que se organizará la celebración, el próximo año, de una semana de la Comunitat Valenciana en la capital británica, que contará con la colaboración de las cámaras de comercio valencianas y de la institución homóloga londinense. En la iniciativa, participarán las empresas que exportan regularmente al Reino Unido, y también se incluirán actividades culturales.

Así lo ha explicado tras reunirse con el embajador de España en Reino Unido, José Pascual Marco, dentro de la agenda institucional desplegada en la capital británica durante la visita realizada para participar en la feria World Travel Market. El jefe del Consell ha pedido también en el encuentro que se flexibilice la movilidad para estudiantes y trabajadores con la desaparición de la necesidad de visado para estancias que se prolonguen más allá de 90 días.

El president ha subrayado que «la relación entre la Comunitat Valenciana y Gran Bretaña es fundamental y hay que buscar las fórmulas para, tras el Brexit y la pandemia, resituarnos». En este sentido, ha destacado el dinamismo de las exportaciones de la Comunitat Valenciana al Reino Unido, que crecieron un 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Puig también ha subrayado la importancia de Gran Bretaña como socio comercial. En concreto, las exportaciones al mercado británico representan el 12 % de las españolas, y la valenciana es la cuarta comunidad que más exporta.

Además, las exportaciones de productos cerámicos suponen el 90% de las españolas y las de frutas, el 28%.

Por otro lado, Reino Unido supone casi el 7 % de las exportaciones totales de la Comunitat, y fue en 2020 el quinto mercado de las exportaciones valencianas, por detrás de Alemania, Francia, EEUU e Italia. En ese ejercicio, 1.186 empresas valencianas exportaron de forma regular a Reino Unido, frente a las 1.174 de 2019, lo que significa que, en el año de la pandemia, se logró mantener e incluso incrementar ligeramente la base exportadora.

El mercado británico tiene también gran importancia para el turismo de la Comunitat Valenciana, donde las expectativas para 2022 son llegar al nivel de 2019, año en el que el comportamiento del sector fue el de mayor crecimiento, tal y como los principales operadores turísticos han traslado al president.

Puig recibe sensaciones muy positivas de touroperadores británicos para 2022

El president de la Generalitat, Ximo Puig, señaló este martes que los tour operadores británicos se muestran «muy positivos» ante la recuperación del turismo del Reino Unido para 2022, año que estiman será «similar» a 2019, siempre que la pandemia «evolucione favorablemente» en este país.

En un encuentro en Londres con medios de comunicación a su paso por la Feria Mundial de Turismo World Travel Market (WTM), Puig reveló detalles de algunos de sus compromisos mantenidos estos días en la capital.

Sobre su intercambio con los principales tour operadores británicos, el president aseguró que hubo «una sensación muy positiva» y que sus previsiones apuntan a que en 2022 se establecerá «un paralelismo con el año 2019; que volvamos a las cifras del 19, el año de mayor crecimiento de la Comunidad valenciana», siempre y cuando «la situación de la pandemia evolucione favorablemente».

De cumplirse esa previsión, para la Comunitat supondría un «elemento de plasmación de la recuperación», dijo. EFE/OP

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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