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Sucesos

Juzgan a un yihadista detenido en Alicante que planeaba atentar con un atropello masivo

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yihadista Alicante
Momento de la operación , en una imagen de la Guardia Civil.

Alicante, 22 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).-

La Audiencia Nacional juzga este martes a un presunto yihadista detenido en Alicante, que se definía a sí mismo como «lobo solitario» y que se sospecha que estaba planeando un atropello masivo, por lo que se enfrenta a una petición del fiscal de siete años de cárcel por delitos de autocapacitación terrorista y enaltecimiento.

«La hora ha llegado». Con esta frase los investigadores creen que el acusado, A.H., en prisión provisional desde junio de 2022 tras haberse establecido en España un año antes, anunciaba estar dispuesto a cometer un atentado, presumiblemente utilizando una furgoneta, según se desprende de sus búsquedas en internet.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal sostiene que el acusado, «tras su adoctrinamiento y autocapacitación», que le llevó a prestar juramento de lealtad al Dáesh, y a cuyas filas en zona de conflicto intentó ingresar en 2015 y 2020, «tomó la decisión de actuar violentamente» como «lobo solitario».

Para llegar a esta conclusión, el fiscal se basa en la búsqueda de alquileres de furgoneta que hizo en internet el 22 de marzo de 2022, después de hacer una captura de pantalla de una publicación en la red social X sobre el atentado dos días antes en el carnaval de Strepy-Bracquegnies, en Bélgica, mediante el atropello a un grupo de entre 150 y 200 personas, de las que seis fallecieron.

Indicios que enlaza con la citada conversación de WhatsApp, fechada el 31 de agosto de 2020, y otras más adelante hasta su detención, en las que insiste: «La hora ha llegado»; ”Hay un solo camino y no hay vuelta atrás»; «La hora ha llegado, preparado para lo que venga”; ”Ligero y con poco, preparado para lo que venga”.

Idea que repite el 17 de febrero de 2021 y el 26 de mayo de 2022, indica el fiscal, que destaca que en su móvil se encontró un juramento de lealtad al Dáesh, documento que ha sido datado entre el 31 de diciembre de 2019 y el 3 de febrero de 2022, con «la fórmula exacta que ha de recitarse antes de cometer un atentado».

Su presencia en España, con carácter intermitente, se remonta a noviembre de 2018, hasta que en 2021 se estableció en Alicante, donde fue detenido.

Según el fiscal, cuando llegó a España se encontraba en «un proceso de progresiva radicalización a través de internet, durante el cual adoptó la idea de la yihad violenta y se autocapacitó para realizar acciones terroristas, habiendo finalmente decidido pasar a la acción».

En su un teléfono móvil se le intervinieron más de 157.800 archivos multimedia y 1.100 documentos. En su mayoría de publicaciones de medios afines a organizaciones yihadistas, en las que se encuentran incluso manuales para la confección o uso de armas, y artefactos explosivos.

También tenía en su poder un centenar de las ediciones completas de la revista Naba, de la revista Rumiyah o de la revista Dabiq, todas ellas publicaciones del Dáesh.

En estas publicaciones se invita a cometer atentados con vehículos o se dan instrucciones acerca de cómo cometer ataques con arma blanca, «especificando zonas corporales óptimas para causar más daño».

Asimismo, fue hallado un documento sobre preparación física, donde se encuentran alusiones al uso de fusil de asalto AK47.

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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