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Zaplana ironiza sobre la acusación de Camps: «Sería lo único en lo que habría seguido mis directrices»

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(EUROPA PRESS) –

El exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha ironizado sobre la acusación de Francisco Camps, que este miércoles ha asegurado en la Audiencia Nacional que fue él quién le envió a Álvaro Pérez ‘El Bigotes’. «De ser cierto, sería lo único en lo que habría seguido mis directrices», ha afirmado.

Zaplana ha respondido con un comunicado a las declaraciones de Camps en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana, donde le ha señalado como responsable de introducir a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la región. Acusaciones que el que fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar asegura haber leído con «asombro», que puede demostrar como falsas sin tener que «hacer muchos esfuerzos».

«En la memoria de todo el mundo debe estar presente mi relación con él desde que abandoné la presidencia de la Comunitat Valenciana, y las fechas en las que Orange Market inició su actividad, así como las declaraciones de los propios protagonistas», explica Zaplana, que se pregunta por qué, de ser cierto lo que este miércoles ha asegurado Camps, ha tardado «tantos años en hacer tal afirmación».

«Abandoné la presidencia de la Comunidad Valenciana en el año 2002 y por poner un solo ejemplo, en la campaña del año 2008 aun siendo portavoz del Grupo Popular en el Congreso, no pude comparecer por mi circunscripción de Valencia», recuerda Zaplana para subrayar las diferencias que le separaban entonces con Camps, que también dirigía el PP valenciano.

«Si alguien no tiene el recuerdo de lo acontecido en la Comunidad Valenciana a partir del año 2002, las hemerotecas están plagadas de ejemplos ilustrativos», concluye el expresidente de la Generalitat.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Francisco Camps ha contado que fue Eduardo Zaplana, cuando era presidente de los ‘populares’ valencianos, quien le envió a ‘El Bigotes’, pero ha indicado que nunca le preguntó el motivo por el que intermedió por él: «Yo estaba pendiente de hacer una buena campaña».

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El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público con 36.600 plazas, un 9% menos que en 2024

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva oferta de empleo público (OEP) para 2025 con un total de 36.600 plazas, lo que supone un descenso del 9% respecto a la convocatoria del año anterior, cuando se ofertaron 40.146 puestos. Esta decisión llega en un contexto marcado por las negociaciones sindicales y las exigencias de estabilidad y refuerzo de los servicios públicos.

Reparto de las plazas: Administración General, Justicia y Seguridad

Según ha detallado el Ministerio de Función Pública, del total de 36.617 plazas, 20.840 serán de nuevo ingreso y 11.600 de promoción interna. La mayor parte de los puestos se concentrarán en la Administración General del Estado (AGE), así como en los ámbitos de Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y Sanidad Exterior.

Este reparto responde a las necesidades detectadas por los distintos departamentos para cubrir jubilaciones, vacantes estructurales y reforzar áreas estratégicas como la digitalización, la inspección laboral o la gestión de políticas públicas.

Oferta extraordinaria: 1.000 plazas para facilitar la jubilación parcial

Junto a esta convocatoria general, el Gobierno ha anunciado una oferta extraordinaria de 1.000 plazas específicamente dirigida a facilitar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la AGE. Este colectivo había quedado en un limbo legal tras la reforma de las pensiones, al exigir la normativa que el trabajador relevista tenga contrato indefinido y jornada completa.

Esta medida responde a una histórica reivindicación de los sindicatos CCOO y UGT, que también exigen su ampliación al personal funcionario y estatutario.

Reacciones sindicales: tensión por el acuerdo inacabado

La nueva OEP llega en medio de creciente presión sindical. La semana pasada, CCOO y UGT organizaron una protesta frente al Ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como la ejecución del plan de choque contra la temporalidad y la subida salarial correspondiente a 2025.

Aunque el Ejecutivo ha aprobado recientemente un incremento salarial adicional del 0,5%, los sindicatos consideran que las medidas son aún insuficientes para abordar los retos estructurales del empleo público en España.

Una oferta con menos plazas, pero centrada en la estabilización

Pese a ser un 9% inferior a la del año pasado, la nueva OEP mantiene un enfoque prioritario en la estabilización del empleo, la reducción de la temporalidad y la eficiencia en los procesos selectivos, con la intención de agilizar convocatorias y evitar demoras en la incorporación de personal.

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