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Tres millones de personas en España viven en zonas inundables

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En España, más de tres millones de personas residen en áreas con alto riesgo de inundación, con aproximadamente un millón de viviendas ubicadas sobre zonas fluviales y barrancos que se desbordan recurrentemente. Municipios como Utiel, Aldaia, Alzira y Letur, recientemente afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, han sufrido devastaciones, dejando un saldo trágico de 222 fallecidos y 32 personas desaparecidas.

Nuevas alertas meteorológicas ante la amenaza de otra DANA

Tras el reciente desastre, crece el temor ante nuevos episodios. Esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante para el miércoles, mientras que en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia la alerta es amarilla. También se emitió una alerta amarilla por fenómeno costero en las costas de Castellón, Valencia y el litoral norte de Alicante.

Las previsiones de AEMET indican acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, acompañadas de vientos de hasta 60 km/h y olas de hasta tres metros.

Ante esta nueva DANA, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos, especialmente en zonas costeras.

¿Dónde consultar si una zona es de riesgo?

Para quienes deseen verificar el riesgo de inundación en sus áreas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrece un mapa de zonas inundables en su página web. Este mapa permite consultar la peligrosidad de posibles inundaciones fluviales y marinas en distintas zonas del territorio español.

Construcción en áreas de alto riesgo: un problema histórico

Muchos de los municipios en zonas inundables, como Los Alcázares, no cuentan con planes urbanísticos adaptados a la creciente probabilidad de episodios de lluvia extrema. Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, en Murcia, ha expresado su preocupación: “Cada vez que escuchamos que va a llover, estamos toda la noche en vilo y no dormimos”. En su municipio, como en otros, no existen infraestructuras que mitiguen estos riesgos, y muchas ramblas pasan sin control entre zonas residenciales y agrícolas.

La legislación sobre construcción en zonas inundables

Hasta 2015 se permitía construir en cualquier área, incluyendo las inundables. Una reforma de la Ley del Suelo en ese año prohibió urbanizar en suelos inundables, y restringió la construcción de hospitales, colegios y viviendas permanentes en zonas de alto riesgo. Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos han seguido otorgando licencias para construir en estos terrenos, buscando beneficios a corto plazo.

Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, denuncia el riesgo de estas políticas: “El cortoplacismo nos lleva a construir rápido y a generar beneficios inmediatos, pero estos fenómenos naturales tienen periodos de retorno largos, lo que hace que el riesgo crezca con el tiempo”.

Las dificultades para aplicar los mapas de riesgo

A pesar de la legislación, algunos líderes han criticado los mapas de zonas inundables por limitar la construcción. En Murcia, el exconsejero José Ramón Díez de Revenga pidió retirar estos mapas, argumentando que “paralizaban las licencias para construir”. No es el único caso. En Sevilla, un plan urbanístico en una zona calificada como “suelo no urbanizable de especial protección” ha seguido en pie, con viviendas y espacios de ocio que no fueron paralizados hasta la reciente DANA en Valencia.

¿Cómo mitigar los riesgos de futuras inundaciones?

Sánchez propone una serie de medidas para reducir los riesgos de inundación en zonas urbanizadas sin planificación adecuada:

  1. Reevaluación de viviendas en mal estado: Reconstruir con criterios actuales de seguridad.
  2. Mapas de riesgo actualizados: Asegurar que los futuros proyectos consideren el riesgo de inundación.
  3. Protección natural aguas arriba: Añadir vegetación para reducir el flujo de sedimentos y arcillas hacia áreas urbanizadas.
  4. Rediseño de infraestructuras urbanas: Centros comerciales, estacionamientos y otras instalaciones deben adaptarse para minimizar daños.

La presidenta del Colegio Oficial de Geólogos insiste en que los diseños de urbanización deben prever periodos de retorno de hasta 500 años para garantizar seguridad, especialmente ante fenómenos cada vez más intensos.

 

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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