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Tres millones de personas en España viven en zonas inundables

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En España, más de tres millones de personas residen en áreas con alto riesgo de inundación, con aproximadamente un millón de viviendas ubicadas sobre zonas fluviales y barrancos que se desbordan recurrentemente. Municipios como Utiel, Aldaia, Alzira y Letur, recientemente afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, han sufrido devastaciones, dejando un saldo trágico de 222 fallecidos y 32 personas desaparecidas.

Nuevas alertas meteorológicas ante la amenaza de otra DANA

Tras el reciente desastre, crece el temor ante nuevos episodios. Esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante para el miércoles, mientras que en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia la alerta es amarilla. También se emitió una alerta amarilla por fenómeno costero en las costas de Castellón, Valencia y el litoral norte de Alicante.

Las previsiones de AEMET indican acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas, acompañadas de vientos de hasta 60 km/h y olas de hasta tres metros.

Ante esta nueva DANA, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos, especialmente en zonas costeras.

¿Dónde consultar si una zona es de riesgo?

Para quienes deseen verificar el riesgo de inundación en sus áreas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ofrece un mapa de zonas inundables en su página web. Este mapa permite consultar la peligrosidad de posibles inundaciones fluviales y marinas en distintas zonas del territorio español.

Construcción en áreas de alto riesgo: un problema histórico

Muchos de los municipios en zonas inundables, como Los Alcázares, no cuentan con planes urbanísticos adaptados a la creciente probabilidad de episodios de lluvia extrema. Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, en Murcia, ha expresado su preocupación: “Cada vez que escuchamos que va a llover, estamos toda la noche en vilo y no dormimos”. En su municipio, como en otros, no existen infraestructuras que mitiguen estos riesgos, y muchas ramblas pasan sin control entre zonas residenciales y agrícolas.

La legislación sobre construcción en zonas inundables

Hasta 2015 se permitía construir en cualquier área, incluyendo las inundables. Una reforma de la Ley del Suelo en ese año prohibió urbanizar en suelos inundables, y restringió la construcción de hospitales, colegios y viviendas permanentes en zonas de alto riesgo. Sin embargo, algunos gobiernos autonómicos han seguido otorgando licencias para construir en estos terrenos, buscando beneficios a corto plazo.

Nieves Sánchez Guitián, presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, denuncia el riesgo de estas políticas: “El cortoplacismo nos lleva a construir rápido y a generar beneficios inmediatos, pero estos fenómenos naturales tienen periodos de retorno largos, lo que hace que el riesgo crezca con el tiempo”.

Las dificultades para aplicar los mapas de riesgo

A pesar de la legislación, algunos líderes han criticado los mapas de zonas inundables por limitar la construcción. En Murcia, el exconsejero José Ramón Díez de Revenga pidió retirar estos mapas, argumentando que “paralizaban las licencias para construir”. No es el único caso. En Sevilla, un plan urbanístico en una zona calificada como “suelo no urbanizable de especial protección” ha seguido en pie, con viviendas y espacios de ocio que no fueron paralizados hasta la reciente DANA en Valencia.

¿Cómo mitigar los riesgos de futuras inundaciones?

Sánchez propone una serie de medidas para reducir los riesgos de inundación en zonas urbanizadas sin planificación adecuada:

  1. Reevaluación de viviendas en mal estado: Reconstruir con criterios actuales de seguridad.
  2. Mapas de riesgo actualizados: Asegurar que los futuros proyectos consideren el riesgo de inundación.
  3. Protección natural aguas arriba: Añadir vegetación para reducir el flujo de sedimentos y arcillas hacia áreas urbanizadas.
  4. Rediseño de infraestructuras urbanas: Centros comerciales, estacionamientos y otras instalaciones deben adaptarse para minimizar daños.

La presidenta del Colegio Oficial de Geólogos insiste en que los diseños de urbanización deben prever periodos de retorno de hasta 500 años para garantizar seguridad, especialmente ante fenómenos cada vez más intensos.

 

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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