La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València ha abierto juicio oral al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, a otros ex altos cargos y a varios empresarios por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito urbano de F1 de la capital valenciana, según han confirmado fuentes jurídicas.

La jueza ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

Sin embargo, la acusación particular, la Abogacía de la Generalitat, sí presentó escrito de acusación con una petición de casi ocho años de prisión para el expresidente por malversación y tráfico de influencias, así como cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Este órgano de control pedía la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más, como así lo ha acordado finalmente la instructora.

En concreto, para Camps la Abogacía solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de caudales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.

La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades en la construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora rechazó y esta acusación recurrió debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.

ACUSABA A FLORES, PERO NO A RAMBLA

Así, la Abogacía decidió no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al extitular de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.

De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de inhabilitación especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.

Entre los empresarios figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento de la magistrada y recordaba la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.

LA ABOGACÍA VE 55,7 MILLONES NO RECUPERABLES

En el auto de procesamiento de la jueza, esta exponía que la construcción del circuito fue una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostenía que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.

Por su parte, la Abogacía destacaba en su escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».

Con todo, la Abogacía de la Generalitat realizaba un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifraba en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.

Fuente: Europa Press