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Aplazadas las oposiciones a docente de secundaria a junio de 2021

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Las claves para aprobar la selectividad

València, 25 mar.-La Conferencia Sectorial de Educación se ha celebrado este miércoles convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con responsables de educación autonómicos ante de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

En esta reunión se han tratado dos temas que afectan a todos los sistemas educativos del Estado, como son las convocatorias de oposiciones a plazas docentes, el calendario escolar y las pruebas de acceso a la universidad.

Con los trámites administrativos y la actividad educativa y formativa presenciales suspendidos temporalmente, Educación ha decidido proponer en la mesa sindical de educación del próximo viernes aplazar un año el calendario de oposiciones en plazas docentes.

En el caso del sistema educativo valenciano, las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que tenían que arrancar el próximo 18 de junio, quedarían aplazadas hasta junio de 2021. Cabe recordar que se trata de 4.295 plazas, de las cuales 3.575 son de libre acceso.

Asimismo, las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria, se aplazarían a 2022.

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha explicado que «la situación en la que nos encontramos hace que sea recomendable evitar las incertidumbres de miles de aspirantes que se están preparando para opositar y resulta mucho más razonable que se puedan reorganizar con un nuevo calendario».

Traslado de las PAU

Otra decisión que se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Educación por parte de todas las autonomías es el establecimiento de una nueva fecha para las pruebas de acceso a la universidad (PAU), puesto que estas pruebas dan acceso en todas las universidades del Estado para tener un distrito universitario único de acceso.

En el sistema educativo valenciano, las pruebas estaban convocadas para la segunda semana de junio, del martes 9 al jueves 11 en convocatoria ordinaria, mientras que la extraordinaria se iba a realizar la segunda semana de julio, del martes 7 al jueves 9.

«Ahora, en el nuevo contexto, la PAU ordinaria se pospondrá entre tres y cuatro semanas. En la videoconferencia de hoy se ha acordado establecer una horquilla que va desde el 22 de junio y el 10 de julio para que todas las autonomías reprogramen la convocatoria ordinaria de la PAU con el compromiso de publicar los resultados antes del 17 de julio», ha explicado el secretario autonómico de Educación y FP, Miguel Soler.

Igualmente, la convocatoria extraordinaria, se pospondrá a septiembre. En este caso, el acuerdo fija que se harán antes del 10 de septiembre, último día para publicar los resultados.

Según Miguel Soler, «en los próximos días nos coordinaremos con la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, junto con la Conferencia de Rectoras y Rectores de Universidades Públicas Valencianas (CRUPV) para determinar los días concretos en los que se fijarán las PAU en la Comunitat Valenciana, tanto las ordinarias como las extraordinarias, dentro de la horquilla de días pactada en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada hoy».

Se mantiene el calendario escolar fijado

En el sistema educativo valenciano se mantiene el calendario establecido del curso 2019-2020 en las fechas fijadas de finalización, tal como estaba previsto.

Por lo tanto, para el alumnado de Infantil y Primaria finaliza el curso finaliza el 18 junio; y para el alumnado de ESO, Bachillerato y FP, el 16 de junio.

Hay que recordar que el curso continúa con la formación a distancia mediante la plataforma MULAN. La incorporación en clases presenciales dependerá de la alerta sanitaria.

El conseller Marzà ha recordado que «en cuanto a los contenidos educativos en ningún caso se puede pretender hacer ni exigir lo mismo que con la formación presencial».

Reestructuración de las prácticas de FP

En la Conferencia Sectorial de Educación también se ha acordado que la duración de la FCT, que por regla general es de 400 horas de prácticas en empresas, pase de manera excepcional al mínimo contemplado en la normativa básica: 220 horas.

Asimismo, se ha decidido integrar la FCT en el módulo de Proyecto final de ciclo para que se puedan abordar los objetivos asociados al entorno laboral. Esta medida afectará tanto la FP Básica, como la de grado medio y grado superior.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ya había decidido que, dentro del módulo de Proyecto, los institutos ofrezcan al alumnado programas formativos a distancia que simulen el entorno del centro de trabajo, teniendo en cuenta lo previsto en la FCT de cada ciclo.

Igualmente, en lo que se refiere a las pruebas de acceso a la FP de grado medio o superior para aquellos que no tengan los requisitos académicos necesarios, se ha acordado posponerlas lo que haga falta, siguiendo lo que vayan marcando las autoridades sanitarias.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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