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Aplazadas las oposiciones a docente de secundaria a junio de 2021

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Las claves para aprobar la selectividad

València, 25 mar.-La Conferencia Sectorial de Educación se ha celebrado este miércoles convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con responsables de educación autonómicos ante de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

En esta reunión se han tratado dos temas que afectan a todos los sistemas educativos del Estado, como son las convocatorias de oposiciones a plazas docentes, el calendario escolar y las pruebas de acceso a la universidad.

Con los trámites administrativos y la actividad educativa y formativa presenciales suspendidos temporalmente, Educación ha decidido proponer en la mesa sindical de educación del próximo viernes aplazar un año el calendario de oposiciones en plazas docentes.

En el caso del sistema educativo valenciano, las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que tenían que arrancar el próximo 18 de junio, quedarían aplazadas hasta junio de 2021. Cabe recordar que se trata de 4.295 plazas, de las cuales 3.575 son de libre acceso.

Asimismo, las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria, se aplazarían a 2022.

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha explicado que «la situación en la que nos encontramos hace que sea recomendable evitar las incertidumbres de miles de aspirantes que se están preparando para opositar y resulta mucho más razonable que se puedan reorganizar con un nuevo calendario».

Traslado de las PAU

Otra decisión que se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Educación por parte de todas las autonomías es el establecimiento de una nueva fecha para las pruebas de acceso a la universidad (PAU), puesto que estas pruebas dan acceso en todas las universidades del Estado para tener un distrito universitario único de acceso.

En el sistema educativo valenciano, las pruebas estaban convocadas para la segunda semana de junio, del martes 9 al jueves 11 en convocatoria ordinaria, mientras que la extraordinaria se iba a realizar la segunda semana de julio, del martes 7 al jueves 9.

«Ahora, en el nuevo contexto, la PAU ordinaria se pospondrá entre tres y cuatro semanas. En la videoconferencia de hoy se ha acordado establecer una horquilla que va desde el 22 de junio y el 10 de julio para que todas las autonomías reprogramen la convocatoria ordinaria de la PAU con el compromiso de publicar los resultados antes del 17 de julio», ha explicado el secretario autonómico de Educación y FP, Miguel Soler.

Igualmente, la convocatoria extraordinaria, se pospondrá a septiembre. En este caso, el acuerdo fija que se harán antes del 10 de septiembre, último día para publicar los resultados.

Según Miguel Soler, «en los próximos días nos coordinaremos con la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, junto con la Conferencia de Rectoras y Rectores de Universidades Públicas Valencianas (CRUPV) para determinar los días concretos en los que se fijarán las PAU en la Comunitat Valenciana, tanto las ordinarias como las extraordinarias, dentro de la horquilla de días pactada en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada hoy».

Se mantiene el calendario escolar fijado

En el sistema educativo valenciano se mantiene el calendario establecido del curso 2019-2020 en las fechas fijadas de finalización, tal como estaba previsto.

Por lo tanto, para el alumnado de Infantil y Primaria finaliza el curso finaliza el 18 junio; y para el alumnado de ESO, Bachillerato y FP, el 16 de junio.

Hay que recordar que el curso continúa con la formación a distancia mediante la plataforma MULAN. La incorporación en clases presenciales dependerá de la alerta sanitaria.

El conseller Marzà ha recordado que «en cuanto a los contenidos educativos en ningún caso se puede pretender hacer ni exigir lo mismo que con la formación presencial».

Reestructuración de las prácticas de FP

En la Conferencia Sectorial de Educación también se ha acordado que la duración de la FCT, que por regla general es de 400 horas de prácticas en empresas, pase de manera excepcional al mínimo contemplado en la normativa básica: 220 horas.

Asimismo, se ha decidido integrar la FCT en el módulo de Proyecto final de ciclo para que se puedan abordar los objetivos asociados al entorno laboral. Esta medida afectará tanto la FP Básica, como la de grado medio y grado superior.

La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ya había decidido que, dentro del módulo de Proyecto, los institutos ofrezcan al alumnado programas formativos a distancia que simulen el entorno del centro de trabajo, teniendo en cuenta lo previsto en la FCT de cada ciclo.

Igualmente, en lo que se refiere a las pruebas de acceso a la FP de grado medio o superior para aquellos que no tengan los requisitos académicos necesarios, se ha acordado posponerlas lo que haga falta, siguiendo lo que vayan marcando las autoridades sanitarias.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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