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Así es el protocolo de protección que Sanidad ha enviado a todos los centros educativos para el próximo curso

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Clases suspendidas Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte han enviado a los centros educativos de enseñanzas no universitarias el protocolo de protección y prevención ante la transmisión y contagio de la COVID-19 para el curso 2020-2021, siempre recordando que hay que convivir en un contexto de pandemia que va evolucionando y que es cambiante.

El protocolo contempla las medidas de actuación determinadas por las autoridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, que ha realizado varias reuniones con la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para informar en todo momento de como se ha desarrollado este documento.

El objetivo central de este protocolo se ha centrado en establecer las actuaciones que hay que tomar para asegurar una vuelta a las aulas en septiembre de manera segura, saludable y sostenible, a través de la aplicación de medidas de promoción de la salud, la protección y la prevención adaptadas a las diferentes etapas educativas.

Es también una guía para facilitar la gestión adecuada de los casos con SARS-CoV-2 a través del establecimiento de protocolos de actuación y coordinación factibles.

Por ello, el inicio del curso 2020-2021 se ha diseñado a partir de una planificación profunda y rigurosa que permite, además de establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y la adolescencia, paliar la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad.

Este protocolo marca las pautas para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y el personal de los centros educativos y sirve para arbitrar las medidas de especial protección para los colectivos más vulnerables a la COVID-19, para que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema educativo minimizando el riesgo al máximo. Es un documento que busca ofrecer un marco común y se implementa según la realidad de cada centro educativo y su contexto local.

El protocolo contempla las medidas para la limitación o control del contacto interpersonal, entre las cuales se encuentran las entradas y salidas en los centros educativos, los desplazamientos dentro de los centros, la manera de actuar en las zonas comunes y las interacciones con personas externas a la organización de los centros.

También se detalla la manera de proceder desde el punto de vista de la seguridad sanitaria en cuanto a las actividades extraescolares, el servicio de transporte escolar, el servicio de comedor escolar y el uso de mascarillas.

Otro de los apartados del protocolo se refiere a las medidas de prevención personal, así como las de limpieza, desinfección y ventilación en los centros educativos.

El protocolo elaborado por la Conselleria de Sanidad contempla también las directrices para la gestión de la sospecha de casos en los centros educativos con el establecimiento en cada centro de un ‘espacio COVID-19’ específico.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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