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Illa no descarta un confinamiento quirúrgico en zonas de España: «El virus está entre nosotros»

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Tras los nuevos rebrotes registrados en España los últimos días, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que hay actualmente 73 brotes activos en España, aunque los que más le preocupan son los de la comarca del Segría, en Lleida, y el de A Mariña, en Lugo.Aunque ha afirmado que la aparición de brotes es «normal» dentro de la fase de la nueva normalidad: «Las medidas que se han tomado son las adecuadas y van surtiendo efecto», ha explicado en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, donde además ha destacado que los rebrotes de coronavirus que han requerido de «una actuación contundente han sido los de Aragón, el de A Marita y en la comarca del Segriá», unas medidas que han sido seguidas por el ministerio y ha calificado de «valientes».

«Me consta que se han tomado las medidas necesarias y me consta que se han hecho esfuerzo para tener las capacidades asistenciales y de vigilancia necesarias», ha señalado el ministro, quien ha afirmado tajante que ante lo rebrotes es «clave» la detección precoz, y «la actuación contundente para atajarlos. Hay que mantener la guardia alta, hay que mantener el respeto al virus, hay que seguir insistiendo a la población que el virus está entre nosotros y que tenemos que aprender a convivir con él hasta que tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna», ha indicado.

De esta forma, ha asegurado de que «no hay ninguna previsión» de que el Gobierno vuelva a declarar el Estado de Alarma, principalmente porque se ha podido ver que «las CCAA tiene capacidades para decretar confinamientos quirúrgicos en zonas limitadas». No obstante, ha añadido, «si se diera el caso de una transmisión descontrolada y necesitáramos limitar de una forma muy drástica la movilidad, que es un derecho fundamental, en varias zonas de España, ya sabemos que hay un instrumento que ha sido eficaz».

Según los últimos datos del coronavirus en España, se han registrado en la última jornada 257 nuevos positivos de Covid-19, en comparación con los 124 notificados el martes, lo que sitúa en 252.513 las personas que se han infectado desde el inicio de la pandemia.

En cuanto al uso de mascarilla Illa ha subrayado que esta medida de protección ya es obligatorio en toda España desde la entrada en vigor del real decreto que rige la nueva normalidad en el Estado «cuando no se garantice una distancia del metro y medio». «Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje y quieren especificar algunos casos más, no me parece mal», ha dicho en referencia a Cataluña y Ordizia (Guipúzcoa).

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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