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Consum completa la instalación de mamparas de protección en todos sus establecimientos

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Valéncia, 25 mar.- Consum ha instalado mamparas de metacrilato de seguridad en la línea de cajas del cien por cien de su red comercial, para proteger a sus trabajadores y clientes ante la pandemia de COVID-19.

Este proceso se inició el sábado 21 de marzo, cuando se instalaron las primeras mamparas en 180 supermercados, y se ha prolongado hasta el 24 de marzo, cuando se ha completado la instalación de estas mamparas de seguridad, en cajas alternas, «ya que así se está atendiendo a los clientes para garantizar la distancia de seguridad», explica la cooperativa valenciana en un comunicado.

Además, este servicio se ha ofrecido a la franquicia de Consum, Charter, que también está instalando las mamparas en todos los supermercados.

Consum destaca que ha reforzado las medidas de seguridad e higiene, tanto a nivel de plantilla, como a nivel de supermercado y plataformas logísticas. Las tiendas también disponen de hidrogeles y guantes, como medidas preventivas, tanto para la plantilla como para los clientes.

La cooperativa ha tomado una serie de medidas excepcionales para ofrecer «un servicio de calidad y procurar la salud y seguridad de sus clientes y trabajadores, con el fin de evitar las aglomeraciones y cumplir con las indicaciones de las autoridades como consecuencia del estado de alarma», inciden.

Entre las acciones llevadas a cabo, se ha aplicado la reducción del horario de apertura al público desde el 16 de marzo, de diez de la mañana hasta las 20.00 horas de la tarde, para todas sus tiendas propias. El objetivo es «garantizar el servicio de reposición de los productos, antes de la apertura y después del cierre».

COMPRA RESPONSABLE
Asimismo, se ha decidido la limitación a 6 unidades de una misma referencia por persona y día, apelando a realizar una compra responsable; el control del aforo en las tiendas, para lo que se está trabajando en colaboración con las administraciones públicas; se pide que se respete la distancia de seguridad de más de un metro, tanto en la línea de cajas, como con los trabajadores de la tienda; el aumento de los servicios de limpieza y desinfección en todos los puntos de venta y se están dando a los clientes a la entrada de las tiendas gel desinfectante y guantes de plástico (los de la sección de Frutas y Verduras) como medida de prevención y seguridad.

Sobre estas medidas se está informando, tanto a través de los miembros de la plantilla como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales, apuntan.

Consum solicita la colaboración de toda la población, con las siguientes recomendaciones: que solo vaya una persona por familia para realizar la compra, absteniéndose, en la medida de lo posible, los ancianos, niños y grupos de riesgo; ir solo a comprar si es imprescindible; el uso de guantes para ir a comprar y, una vez finalizada la compra, se han habilitado unos contenedores a la salida para depositarlos; el pago con tarjeta en vez de en efectivo, evitando el contacto físico y taparse la boca al estornudar o toser, utilizando un pañuelo desechable, o sobre el codo.

Fuente: Europa Press

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El juez de la AN deja en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

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Leire Díez
La exconcejal y exmilitante socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez les ha impuesto como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción

Son las medidas que ha solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la AN sobre las 13.42 horas.

Llegada a la Audiencia Nacional y declaraciones

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10.00 horas.

Las fuentes consultadas señalan que Díez se ha negado a declarar porque no conoce el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen.

Fernández, por su parte, ha respondido a preguntas del juez, de la Fiscalía y de su propia defensa. Fuentes jurídicas señalan que se le investiga por presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2021 y 2022, un extremo que ha negado en su declaración, en la que también se le ha preguntado por Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su amigo Alonso.

Este último, Alonso, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Investigación bajo secreto de sumario

Los tres fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Registros y requerimientos de información

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que –según las pesquisas de la UCO– está vinculada a Cerdán.

Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. Fuentes del caso consultadas por Europa Press elevan los investigados en estas pesquisas a más de una docena.

Díez trabajó para empresas de la SEPI

La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista «lidera» una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» con el fin de «anular o malbaratar» investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Díez declaró el pasado 17 de noviembre ante el juez que mantuvo dos reuniones con Cerdán, aunque señaló que fue como periodista y que no tiene ningún vínculo con el partido ni ofreció favores. E hizo un repaso por su vida laboral, indicando que en 2018 entró en Enusa, donde estuvo hasta 2021, cuando se fue con una excedencia voluntaria a Correos como jefa de Relaciones Institucionales, ambas compañías dependientes de la SEPI.

Servinabar pagó a Fernández

Por su parte, Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año.

Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar.

En esos documentos se detalla que Fernández recibió de la empresa un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022.

La segunda imputación de Alonso

Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ relativa a la presunta trama de amaños de obra pública.

Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Alonso defendió que él siempre ha sido socio único de Servinabar, quitando validez al contrato privado de compraventa hallado por la Guardia Civil donde consta que Cerdán adquirió por 6.000 euros 1.350 participaciones (45%) de esa empresa, que se hizo con obras del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

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