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Consum completa la instalación de mamparas de protección en todos sus establecimientos

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Valéncia, 25 mar.- Consum ha instalado mamparas de metacrilato de seguridad en la línea de cajas del cien por cien de su red comercial, para proteger a sus trabajadores y clientes ante la pandemia de COVID-19.

Este proceso se inició el sábado 21 de marzo, cuando se instalaron las primeras mamparas en 180 supermercados, y se ha prolongado hasta el 24 de marzo, cuando se ha completado la instalación de estas mamparas de seguridad, en cajas alternas, «ya que así se está atendiendo a los clientes para garantizar la distancia de seguridad», explica la cooperativa valenciana en un comunicado.

Además, este servicio se ha ofrecido a la franquicia de Consum, Charter, que también está instalando las mamparas en todos los supermercados.

Consum destaca que ha reforzado las medidas de seguridad e higiene, tanto a nivel de plantilla, como a nivel de supermercado y plataformas logísticas. Las tiendas también disponen de hidrogeles y guantes, como medidas preventivas, tanto para la plantilla como para los clientes.

La cooperativa ha tomado una serie de medidas excepcionales para ofrecer «un servicio de calidad y procurar la salud y seguridad de sus clientes y trabajadores, con el fin de evitar las aglomeraciones y cumplir con las indicaciones de las autoridades como consecuencia del estado de alarma», inciden.

Entre las acciones llevadas a cabo, se ha aplicado la reducción del horario de apertura al público desde el 16 de marzo, de diez de la mañana hasta las 20.00 horas de la tarde, para todas sus tiendas propias. El objetivo es «garantizar el servicio de reposición de los productos, antes de la apertura y después del cierre».

COMPRA RESPONSABLE
Asimismo, se ha decidido la limitación a 6 unidades de una misma referencia por persona y día, apelando a realizar una compra responsable; el control del aforo en las tiendas, para lo que se está trabajando en colaboración con las administraciones públicas; se pide que se respete la distancia de seguridad de más de un metro, tanto en la línea de cajas, como con los trabajadores de la tienda; el aumento de los servicios de limpieza y desinfección en todos los puntos de venta y se están dando a los clientes a la entrada de las tiendas gel desinfectante y guantes de plástico (los de la sección de Frutas y Verduras) como medida de prevención y seguridad.

Sobre estas medidas se está informando, tanto a través de los miembros de la plantilla como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales, apuntan.

Consum solicita la colaboración de toda la población, con las siguientes recomendaciones: que solo vaya una persona por familia para realizar la compra, absteniéndose, en la medida de lo posible, los ancianos, niños y grupos de riesgo; ir solo a comprar si es imprescindible; el uso de guantes para ir a comprar y, una vez finalizada la compra, se han habilitado unos contenedores a la salida para depositarlos; el pago con tarjeta en vez de en efectivo, evitando el contacto físico y taparse la boca al estornudar o toser, utilizando un pañuelo desechable, o sobre el codo.

Fuente: Europa Press

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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