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Consum pagará 300 euros más de media a sus trabajadores en marzo como gratificación

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València, 27 mar.- Consum ha aprobado un montante de 3,8 millones de euros para gratificar a sus trabajadores de tiendas y plataformas logísticas como compensación al esfuerzo y dedicación que realizan desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus.

Esta gratificación se abonará ya en la nómina de marzo y supondrá una compensación económica de 283 euros de media por persona para recompensar el trabajo, el esfuerzo y la predisposición durante la pandemia.

La cooperativa es «consciente del esfuerzo y la profesionalidad con los que están afrontando esta situación los trabajadores en el punto de venta, que están de cara al público cada día», así como del aumento del volumen de trabajo que se ha producido en las centrales logísticas.

Por ello, asegura compartir su preocupación ante la exposición al público y les agradece en un comunicado «toda su labor y profesionalidad ante los momentos excepcionales que estamos viviendo».

Para hacer frente al aumento de la carga de trabajo en las últimas semanas, Consum reforzó su plantilla mediante la ampliación de jornadas o la contratación de personal para las plataformas logísticas y los supermercados. Desde el 13 de marzo lleva un total de 1.185 contratos y 1.233 ampliaciones de dedicación.

Desde que se decretó la alarma lanzó una serie de medidas excepcionales como la instalación de mamparas de seguridad en la línea de cajas de todos sus supermercados, la reducción del horario de 10 a 20 horas, la limitación de compra a seis unidades de una misma referencia por persona y día o y el control del aforo en las tiendas para evitar aglomeraciones.

La cooperativa también reparte en la entrada de las tiendas gel desinfectante y guantes de plástico, como medida de prevención y seguridad contra el Covid-19. Y pide colaboración ciudadana para que solo vaya una persona por familia a realizar la compra, absteniéndose en la medida de lo posible ancianos, niños y grupos de riesgo, además de comprar solo si es imprescindible y priorizar el pago con tarjeta.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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