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Correa confiesa al juez que el PP de Valencia pagaba en B e implica a Paco Camps

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El presunto ‘cabecilla’ de la trama Gürtel Francisco Correa reconoce que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

«El pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas», explica Correa en un escrito remitido al Juzgado Central de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este escrito el empresario expresa su «voluntad de esclarecer los hechos objeto de acusación» y traslada al juez su «deseo» de poder alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que la petición de pena se rebaje. Fuentes fiscales han afirmado a Europa Press que el ministerio público está abierto a estudiar esta atenuante que solicita Correa, pero destaca que esto nunca se traducirá en su excarcelación.

Correa, que se encuentra en prisión cumpliendo condena por una de las piezas de esta causa, se enfrenta a 24 años y medio de prisión por controlar un grupo de empresas que se benefició de adjudicaciones públicas en la Comunitat aprovechando su contactos con «determinadas personas» que desempeñaban un cargo político.

CAMPS OFRECIÓ TRABAJO A LA GÜRTEL
Días antes de que comience el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano –arranca el próximo lunes, día 15 de enero–, el ‘cabecilla’ de la Gürtel concreta en su escrito que la empresa Orange Market, cuyo responsable fue Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ –también en prisión cumpliendo condena por los mismos hechos que Correa– se creó a raíz de que sus empresas dejasen de trabajar para la formación política a nivel nacional.

Continúa diciendo que ‘El Bigotes’ «tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps» y que fue el propio expresidente del PP de Valencia «quien le propuso hacer eventos» para la formación política en la región. Sobre el modo de pagos de los eventos realizados por Orange Market, el empresario reconoce el ‘modus operandi’ que describe el Ministerio Público en su escrito de acusación, si bien señala que no conoce los «detalles de tales operaciones».

No obstante sí que reconoce que ese dinero ‘b’ de Valencia se trasladó a Madrid para guardarlo en una «caja ‘b'» que él mismo controlaba. Además, añade que ‘El Bigotes’ cobró durante un tiempo en negro hasta que «resolviese sus problemas fiscales».

Tras esta confesión, Correa se exculpa de la presunta ocultación de fondos y de la creación de facturas falsas y responsabiliza de ello a José Ramón Blanco Balín, quién se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa de Orange Market. «Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias», subraya.

CORREA YA ESTÁ CUMPLIENDO CONDENA
Si es condenado por esta pieza de la trama Gürtel, la pena se sumaría a los 13 años de cárcel que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por amañar la contratación relativa al expositor institucional de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha hecho que ingresase en prisión en febrero de 2017.

Además, el líder de la red corrupta se encuentra a la espera de conocer los años de prisión con los que le castigará la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los hechos delictivos cometidos por la Gürtel durante sus primeros años de actuación (1999-2005).

Ya en el juicio por la primera época de actividades, Correa anunció que iba a colaborar con la Justicia y que esa actitud se mantendría en las vistas orales de la causa que aún quedan por juzgar. Eso sí pidió hacerlo en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

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Telefónica eleva a 5.459 empleados afectados en el ERE

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Telefónica filtración datos

Telefónica ha actualizado la cifra de empleados afectados por su expediente de regulación de empleo (ERE), que alcanza ya los 5.459 trabajadores en España, a la espera de concluir las reuniones con dos filiales más. La compañía inicia así la segunda ronda de negociaciones tras plantear ajustes en varias de sus sociedades.

Ajustes en Telefónica Global Solutions

La filial Telefónica Global Solutions, creada en 2020 para potenciar el negocio internacional y canalizar operaciones mayoristas, de roaming y multinacionales, será la primera en afrontar un recorte significativo: 140 salidas, lo que representa aproximadamente el 22% de su plantilla, compuesta por más de 600 empleados.

Con esta medida, el total provisional del ERE Telefónica 2025 incluye ya ajustes en Telefónica España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, mientras que las filiales Telefónica Innovación Digital y la matriz Telefónica SA serán evaluadas en las próximas reuniones.

Segunda ronda de negociaciones

La jornada del martes contempla dos nuevas reuniones entre la dirección y los sindicatos, programadas a las 11:00 y 16:00 horas, para analizar los planes de reducción de plantilla en las sociedades restantes. Según la dinámica de negociaciones anteriores, tras presentar la propuesta inicial, se establecerá un calendario de consultas con un plazo aproximado de un mes para acordar los ajustes finales.

En el caso de las tres sociedades adheridas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, la siguiente toma de contacto está prevista para el miércoles, cuando los sindicatos puedan presentar sus contrapropuestas tras estudiar el dossier elaborado por el gabinete Oliver Wyman.

Reacciones sindicales

Los trabajadores están representados por UGT, CCOO y Sumados-Fetico, quienes ya han manifestado sus posturas respecto al ERE. Entre las principales demandas, destacan la prórroga del convenio hasta 2030 para mantener mejoras laborales previas, así como la valoración positiva de las condiciones económicas incluidas en la propuesta inicial.

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