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Correa confiesa al juez que el PP de Valencia pagaba en B e implica a Paco Camps

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El presunto ‘cabecilla’ de la trama Gürtel Francisco Correa reconoce que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

«El pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron de tres maneras: mediante facturas correctas; mediante pagos en ‘b’ y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas», explica Correa en un escrito remitido al Juzgado Central de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este escrito el empresario expresa su «voluntad de esclarecer los hechos objeto de acusación» y traslada al juez su «deseo» de poder alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para que la petición de pena se rebaje. Fuentes fiscales han afirmado a Europa Press que el ministerio público está abierto a estudiar esta atenuante que solicita Correa, pero destaca que esto nunca se traducirá en su excarcelación.

Correa, que se encuentra en prisión cumpliendo condena por una de las piezas de esta causa, se enfrenta a 24 años y medio de prisión por controlar un grupo de empresas que se benefició de adjudicaciones públicas en la Comunitat aprovechando su contactos con «determinadas personas» que desempeñaban un cargo político.

CAMPS OFRECIÓ TRABAJO A LA GÜRTEL
Días antes de que comience el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano –arranca el próximo lunes, día 15 de enero–, el ‘cabecilla’ de la Gürtel concreta en su escrito que la empresa Orange Market, cuyo responsable fue Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ –también en prisión cumpliendo condena por los mismos hechos que Correa– se creó a raíz de que sus empresas dejasen de trabajar para la formación política a nivel nacional.

Continúa diciendo que ‘El Bigotes’ «tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps» y que fue el propio expresidente del PP de Valencia «quien le propuso hacer eventos» para la formación política en la región. Sobre el modo de pagos de los eventos realizados por Orange Market, el empresario reconoce el ‘modus operandi’ que describe el Ministerio Público en su escrito de acusación, si bien señala que no conoce los «detalles de tales operaciones».

No obstante sí que reconoce que ese dinero ‘b’ de Valencia se trasladó a Madrid para guardarlo en una «caja ‘b'» que él mismo controlaba. Además, añade que ‘El Bigotes’ cobró durante un tiempo en negro hasta que «resolviese sus problemas fiscales».

Tras esta confesión, Correa se exculpa de la presunta ocultación de fondos y de la creación de facturas falsas y responsabiliza de ello a José Ramón Blanco Balín, quién se ocupó de la contabilidad y de la fiscalidad de la empresa de Orange Market. «Yo nunca me ocupé de las declaraciones tributarias», subraya.

CORREA YA ESTÁ CUMPLIENDO CONDENA
Si es condenado por esta pieza de la trama Gürtel, la pena se sumaría a los 13 años de cárcel que impuso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por amañar la contratación relativa al expositor institucional de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que ha hecho que ingresase en prisión en febrero de 2017.

Además, el líder de la red corrupta se encuentra a la espera de conocer los años de prisión con los que le castigará la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por los hechos delictivos cometidos por la Gürtel durante sus primeros años de actuación (1999-2005).

Ya en el juicio por la primera época de actividades, Correa anunció que iba a colaborar con la Justicia y que esa actitud se mantendría en las vistas orales de la causa que aún quedan por juzgar. Eso sí pidió hacerlo en libertad hasta que las sentencias en su contra sean firmes.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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