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CUMBRE| España contará con 140.000 millones del fondo, 72.700 en ayudas directas

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«Europa debía llegar a un acuerdo en julio. Y Europa ha llegado a un acuerdo» ha subrayado Sánchez. «Ha sido una negociación difícil, en la que llevamos inmersos unos meses extraordinariamente complicados y con un tramo final, extenuante y exitoso, tan exitoso como extenuante. Europa se enfrentaba a un reto histórico y ha sabido responder con un acuerdo histórico».

El acuerdo se compone en primer lugar de un gran Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros, llamado «Next Generation EU«, «Próxima Generación UE». El objetivo del Fondo es movilizar una cantidad masiva de recursos públicos europeos para que la recuperación, tras la crisis del COVID19, sea lo más pronta y fuerte posible. Una recuperación que debe sostenerse en tres pilares que permitan un crecimiento fuerte, equilibrado y sostenible: la transición digital, la transición ecológica y la formación de estudiantes y trabajadores.

En síntesis: una recuperación verde, digital y la mejora del capital humano, para una economía competitiva, inclusiva y sostenible.

De los 750.000 millones de «Next Generation EU», 360.000 millones se dedicarán a préstamos y 390.000 millones a transferencias, que se otorgarán en función del impacto de la pandemia.

Para lograr movilizar todos esos recursos, que suponen el equivalente al 4,6% del PIB europeo de 2019, la Comisión Europea se endeudará por primera vez en la historia para financiar programas. Se trata de un paso de gigante en la construcción europea, acorde con la magnitud de la crisis económica y social causada por el COVID19.

Durante la negociación, el Gobierno de España ha logrado obtener aproximadamente 140.000 millones de euros durante los próximos seis años: más del 11% del PIB de nuestro país. 72.700millones de euros serán transferencias.

La aprobación de los fondos de cohesión en los años 90 dio un impulso a la integración europea y tuvo un gran papel en el desarrollo económico de varios países de la Unión. «Si el fondo de cohesión supuso para España el equivalente a unos 7.800 millones de euros de entonces para un periodo de seis años, lo que hemos aprobado hoy supone casi 73.000 millones de euros para nuestro país: casi 10 veces más del tamaño de aquellos fondos de cohesión, que tanta importancia tuvieron para el progreso y la prosperidad de todos los españoles», ha dicho Sánchez.

Este impulso extraordinario de recursos puestos en común por la Unión Europea para hacer a nuestras economías más sólidas, más verdes y más modernas, completa lo que el presupuesto europeo ya hace en otros ámbitos centrales de las políticas europeas, como la Política Agrícola o la de cohesión, que han demostrado una vez más, durante la pandemia, su papel esencial.

Dotación de los principales programas

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia contará con 672.500 millones de euros, con 312.500 en transferencias, de los que a España le corresponden 59.000 millones de euros. Gracias a este programa, se pondrá en marcha un plan nacional de reformas e inversiones para el crecimiento y la transformación de nuestra economía, en áreas como la transición ecológica, la transformación digital, la educación o la mejora de la protección social.

El programa ReactEU va a contar con 47.500 millones, de los que a España le corresponden 12.400 millones. Este nuevo programa es fundamental para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis.

El Marco Financiero Plurianual

El presupuesto para los próximos 7 años de la Unión Europea, alcanzará 1 billón, 74.000 millones, una cantidad muy importante y ambiciosa, teniendo en cuenta el nuevo contexto y que se añade al Fondo de Recuperación.

En cuanto a la Política Agrícola Común, se ha conseguido que la dotación final que incluye el Fondo Europeo de Desarrollo Rural y el Fondo de Garantía Agrícola, se eleve en casi 2.000 millones de euros para los próximos 7 años.

Desde el comienzo de las negociaciones, el Gobierno ha defendido una dotación suficiente y ambiciosa para ayudar a nuestro sector agrícola, que hace frente a la volatilidad del mercado internacional y a un número creciente de exigencias ecológicas. Es por ello que una parte sustancial de nuestro plan nacional de recuperación y resiliencia va a destinarse a desarrollo rural. «Hoy Europa sienta las bases para dar una respuesta a la crisis que hoy sufre Europa: la crisis del COVID. Pero sin perder de vista el mañana: sin olvidar los cambios que ha de abordar, como la transición ecológica y digital, y la formación de nuestros hijos y trabajadores», ha dicho Pedro Sánchez.

«Europa inicia el camino hacia un gran cambio. Una gran modernización. Tomamos impulso para situar a Europa a la vanguardia de la revolución digital, verde y de cohesión social y territorial. Sin dejar a ningún territorio ni persona atrás. Liderazgo e inclusión. Esta es la tarea a la que estamos llamados los europeos. Un liderazgo europeo que hoy hace más falta que nunca en el mundo».

Para el presidente del Gobierno, «hoy será un día para recordar entre los capítulos más señalados de la historia de la Unión. Hoy todos los europeos ganamos y la Unión Europea sale mucho más fuerte».

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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