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Detectan fallos en el volcado de los resultados de las elecciones que podrían cambiar gobiernos

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Cuánto se cobra por estar en una mesa electoral

El Ministerio del Interior ha reconocido a existencia de fallos en el volcado del escrutinio en los resultados de las elecciones de este 26M en algunos municipios, pero, a su vez, le ha restado importancia y señala que los resultados publicados en la web de las elecciones del pasado domingo no son los definitivos y que estos errores se subsanarán una vez que la Junta Electoral Central audite el recuento, por lo que podría producirse un ajuste de ediles de un partido a otro.

Ante las quejas y peticiones de recuento de votos llevadas a cabo por distintas formaciones en diversos municipios, Interior ha señalado que se trata de «fallos humanos».

De esta forma, algunos municipios tendrán que esperar para saber de qué color será su gobierno hasta que la Junta Electoral corrobore los resultados, ya que al corregir los datos volcados podría provocarse una variación en el número de asientos de cada formación y, por tanto, de las mayorías.

El Ministerio del Interior ha reconocido que hubo errores en los resultados electorales provisionales reflejados en su página web. Estos fallos en la transmisión de información de las mesas electorales al Centro de Datos podría acarrear un cambio en el resultado y por tanto, de los concejales. Un claro ejemplo es en León donde podrían quedar fuera los dos concejales de Vox en favor del PSOE y de Unión del Pueblo Leonés mientras que en Ibiza la alcaldía podría recaer ahora en el PSOE y no en el PP.

No obstante, Moncloa ha lanzado un comunicado este miércoles indicando que el escrutinio en las elecciones municipales del 26 de mayo fue en general correcto y no se prevé que puedan registrarse cambios de concejales, señalando que la confusión ha sido motivada después de que los datos publicados hayan reflejado sólo los votos «útiles» e ignorando los «inútiles».

Moncloa ha señalado que, a la espera de la publicación definitiva de los resultados, el escrutinio y adjudicación de concejales es «generalmente correcto». Esta explicación aclara la polémica generada por la difusión provisional de los datos por parte de la empresa adjudicataria SCYTL-VECTOR, quienes han seguido un criterio, que, admite Moncloa, está provocando algunos malentendidos.

«Suma a cada partido o agrupación de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías», explican estas fuentes, por lo que parece que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la pagina web del Ministerio de Interior. Con respecto a los votos restantes, los que no han servido para adjudicar concejales, no los contabiliza. Pero desde Moncloa se recalca que esto no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que «no aparecen reflejados en ningún sitio de la web». De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que «aparentemente no están».

Aún así, destaca que el reparto de concejalías «no se va a ver afectado» e informa de que la empresa ha preparado ya «una nueva versión», que incluye la suma total de votos emitidos, que previsiblemente estará disponible este miércoles.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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