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EDUCACIÓN| Marzà propone un nuevo modelo de escuela que acabe con las desigualdades

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El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha comparecido en la Ponencia de estudio sobre el pacto educativo, constituida en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

La intervención del conseller ha tenido como objetivo contribuir con mejoras desde la experiencia valenciana y compartir reflexiones sobre los objetivos comunes del pacto educativo estatal de educación.

Del contexto general ha valorado «la necesidad de conseguir una escuela que haga crecer a los alumnos más allá de los contenidos y en la que no haya diferencias sociales, además de un modelo educativo que se adapte a los alumnos, al contexto y a sus necesidades, y no a la inversa».

Con este objetivo, Vicent Marzà ha expuesto los puntos en los que hay que actuar conjuntamente y con perspectiva de futuro teniendo en cuenta todos los agentes de la comunidad educativa.
En primer lugar ha expuesto la necesidad de reducir las desigualdades, pues el 15% de familias que tienen un nivel sociocultural y económico bajo, hecho que tiene repercusión directa en los resultados académicos. En este sentido, ejemplos como la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años o el programa Xarxa Llibres facilitan reducir las barreras en el aspecto económico.

Las actividades extraescolares, la regulación de los deberes o las ayudas para los comedores suponen un esfuerzo para las familias con menos recursos. Por este motivo deben ser una pieza fundamental para repensar el modelo educativo.

Vicent Marzà ha destacado «la importancia que sea un pacto amplio, social y pedagógico, en el que el agente final sean los centros educativos y la toma de decisiones venga desde los mismos. Las Comunidades Autónomas y el Estado deben actuar como encargados de la gestión y de la normativa para garantizar unos mínimos comunes, respectivamente».

Por otro lado, ha destacado que el Estado está por debajo de la media europea en cuanto a centros educativos públicos. Si se considera la escuela pública como eje vertebrador del sistema y asegurando los valores de una sociedad democrática y diversa, el conseller ha valorado la necesidad de dignificar la red de escuelas públicas y evitar cualquier tipo de pagos a las escuelas de titularidad pública.

El conseller Marzà ha señalado la importancia de mejorar en innovación, «eliminando las restricciones que no permiten a los docentes participar de estos proyectos. También mejorar el acceso a la docencia, con un sistema que no sea tanto una competición, sino más bien que permita formar a los docentes mediante las prácticas en los centros, con tutores experimentados y una evaluación completa del proceso de formación». Además, habla de revisar y mejorar las condiciones del profesorado.

Además, el conseller ha invitado a pensar de nuevo aspectos como la repetición del curso, la apuesta por el plurilingüismo real teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística del Estado o el acceso a la educación no obligatoria en la etapa de Bachillerato o FP.

Como conclusión ha recordado que la educación es un elemento fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades de la ciudadanía. De esta manera, una educación integral para toda la población es garantía de un desarrollo económico y de una integración y cohesión social más grande.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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