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El Ayuntamiento de València lanza una campaña sobre el aplazamiento de pago de impuestos

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VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) –

El Ayuntamiento de València ha decidido lanzar una campaña informativa sobre el aplazamiento del pago de impuestos y tasas municipales previsto a raíz de la pandemia del coronavirus y de las consecuencias económicas derivadas de ella.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, que ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es que «tanto empresas como particulares tengan conocimiento de las medidas que se han adoptado ya por parte del gobierno de la ciudad» para paliar los efectos económicos de la actual crisis sanitaria, según ha informado la administración local en un comunicado.

Ramón Vilar ha destacado también que se han habilitado varias líneas telefónicas como complemento de esta campaña informativa con el fin de que «se pueda consultar cualquier duda sobre los aspectos tributarios que puedan surgir a los ciudadanos o a las empresas».

Los teléfonos habilitados en este caso son 96 208 13 60; 96 208 19 89 y 96 208 13 53, líneas que atenderán consultas de 8.30 a 14.00 horas para informar sobre todos los temas tributarios.

Además, ofrecerán datos sobre exenciones, bonificaciones, aplazamientos y fraccionamientos ya previstos inicialmente en las ordenanzas. Igualmente, el Ayuntamiento ha anunciado que llevará a cabo una campaña de información mediante envío de cartas a los domicilios.

Vilar ha señalado que con estas iniciativas el consistorio busca «despejar cualquier confusión que puedan estar sembrando los grupos municipales de oposición de PP y Ciudadanos», formaciones a las que el edil ha pedido «responsabilidad».

«La oposición debería saber que los recibos se envían a partir del 28 de febrero, momento en el que se desconocía el alcance de la pandemia, por lo que sería de agradecer que no generen más alarma entre una ciudadanía preocupada por la situación», ha manifestado el titular de Hacienda.

A este respecto, Ramón Vilar ha recordado que el periodo voluntario para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en València debía acabar el 30 de abril y que el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado jueves prolongarlo hasta el 10 de julio por la crisis sanitaria.

Asimismo, ha comentado también que en el pasado pleno «se explicó que los recibos estaban llegando a los domicilios porque se habían emitido antes de la crisis» del Covid-19, al tiempo que ha destacado que se dijo que «todo el mundo podía acogerse al aplazamiento».

«DEVOLVER EL RECIBO»
«Nadie está obligado a pagar los recibos hasta la nueva fecha acordada. Quien tenga domiciliada su tributación también puede acogerse al aplazamiento. Simplemente, tiene que devolver el recibo en el banco», ha expuesto el responsable de Hacienda.

Además del IBI, el aplazamiento en el pago corresponde también a tasas de vados, y de mesas y sillas, entre otros. Ramón Vilar ha asegurado que se está estudiando la suspensión total en algunos casos este año.

PAGO A PROVEEDORES
Por otro lado, el edil ha mostrado su agradecimiento a los servicios municipales que han hecho posible que el periodo de pago medio a proveedores del mes de marzo, «pese a las dificultades de las últimas semanas, pueda cerrarse una vez más en negativo».

«Ahora es más importante que nunca que los proveedores del Ayuntamiento dispongan de liquidez, sobre todo, cuando se trata de pymes y personas autónomas», ha aseverado Vilar.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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