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El Ayuntamiento recupera 150.000 euros del fraude de la EMT

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Transporte público gratis en València

VALÈNCIA, 31 Oct.- El alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciado este jueves que el consistorio ha logrado bloquear cerca de 150.000 euros en un banco de Hong Kong –poco más de un millón de dólares en moneda de esa región– de los cuatro millones de euros del fraude cometido en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la ciudad.

El primer edil ha admitido que se trata de una cantidad «pequeña» pero «significativa». Por ello, considera que es una «buena noticia» y un «paso adelante» en el objetivo de la estrategia emprendida para que el dinero del fraude vuelva a la EMT. Para ello, han desarrollado actuaciones con Interpol y a través del gabinete de abogados contratados en esa región.

Ribó se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios antes del pleno del Ayuntamiento, en las que ha querido recalcar tres «grandes ideas»: que la estrategia del consistorio está dirigida a recuperar el dinero; que quieren aumentar la seguridad en esta empresa pública y organismos autónomos y ha subrayado el papel «clave» de la EMT para el consistorio, que ha pasado de tener un patrimonio de menos 14 millones con el PP a casi disponer de cuatro millones, de no ser por el fraude.

«Es una pequeña buena noticia» y un «paso adelante», ha indicado Ribó sobre el bloqueo del dinero conseguido y ha subrayado que seguirán en esta estrategia «con los mecanismos que haga falta» aunque saben que no será un proceso de «escribir una carta y que nos contesten».

Sobre el objetivo de aumentar la seguridad, ha indicado que empezó ya en el pleno extraordinario sobre este tema «en un momento en que los intentos de estafa aparecen en empresas privadas y públicas», si bien los primeros no se conocen públicamente porque afectaría, por ejemplo, a la bolsa.

En el tercer caso, ha insistido en que la EMT es «una empresa que funciona bien» pese a que «por parte de determinados grupos muchas veces se está jugando a intentar degradarla». En esta línea, ha rceordado que «hace muy pocos años el ministro de Hacienda nos escribió una carta diciendo que la EMT a nivel de patrimonio estaba en un menos 14 millones y en situación de disolución, en esa situación la encontramos. Ahora, en 2019, de no haber sucedido este fraude, estaría con más de 4 millones de patrimonio».

Asimismo, ha puesto en valor que entre 2011 y 2015 se compraron dos autobuses mientras que el actual gobierno lleva adquiridos más de 180 y ha aumentado la plantilla con más conductores. Además, la EMT fue declarada premio a la mejor empresa en 2017/2018 «y la Forbes la considera una de las mejores empresas», que ha obtenido una valoración de 7,66 de los usuarios.

MECANISMOS

Sobre el resto del dinero y cuánto se podría conseguir de vuelta, Ribó ha apuntado que no lo pueden prever porque «intervendrán muchos factores». No obstante, va a explicar los mecanismos que utilizarán para hacerlo efectivo y ha apuntado que existen experiencias de otras grandes ciudades españolas con problemas de fraude en las que ha costado tiempo pero se ha devuelto el dinero.

En relación con el informe interno de Caixabank, –que apunta a que la que la directiva de la EMT de baja fue informada por correo de dos transferencias–, ha admitido que es «realista» y sabe que «cualquier entidad si le pides que devuelva cuatro millones no lo va a hacer».

«Tenemos que trabajar con realismo; un requerimiento es el paso del comienzo y para hacer otras cosas pero no es el paso final y entiendo perfectamente que se defienda», ha dicho, y ante la advertencia de CaixaBank de que irá a los tribunales defenderse si se usa su nombre, Ribó ha precisado que nunca ha mencionado a ninguna entidad financiera ni tampoco a particulares.

Fuente: EUROPA PRESS

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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