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El Botànic defiende la asistencia de sus representantes a la manifestación del ‘Procés’ en València

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VALÈNCIA, 15 Oct. – Los grupos del gobierno del Botànic en Les Corts (PSPV, Compromís y Unides Podem) defienden la asistencia personal de algunos de sus representantes a las manifestaciones en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del ‘procès’, mientras que la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) censura que apoyen a «entidades separatistas» como Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

«No engañan a nadie», ha advertido este martes la presidenta del PPCV y portavoz ‘popular’, Isabel Bonig, en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics, sobre el apoyo de representantes públicos a la concentración celebrada este lunes por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de València para rechazar las penas de prisión impuestas por el Tribunal Supremo a los impulsores del 1-O.

Esta manifestación fue convocada por ACPV y otras entidades, por lo que tanto el PP como Ciudadanos (Cs) reclaman que el Consell no les otorgue ayudas públicas, para lo que presentarán sendas iniciativas parlamentarias en Les Corts.

Por parte del Botànic II, el síndic socialista, Manolo Mata, ha hecho hincapié en que «la gente tiene derecho a manifestarse libremente y todo el derecho del mundo a opinar» a título personal. Eso sí, ha reiterado que la sentencia, a su juicio, es «discutible y dura» al dictar penas de cárcel de hasta 13 años. «Lo que es muy rechazable es la violencia», ha recalcado.

Sobre las críticas por las subvenciones a entidades como Acció Cultural, el síndic socialista ha defendido que «la Generalitat no da ayudas por razones políticas, sino con el estricto cumplimiento de la ley». Ha ironizado, mientras tanto, con el hecho de que «con lo que ingresa la Iglesia católica, gaste más en 13TV que en Cáritas».

De Compromís, Fran Ferri ha coincidido en que «la libertad de expresión es un derecho fundamental», calificando como una muestra de «salud democrática» que miembros de la coalición se sumaran a la manifestación a título individual.

Ha asegurado, por contra, que le asusta la postura de la oposición y su «grave problema con la separación de poderes», además de criticar que PP y Cs pretendan «condicionar las ayudas a determinadas entidades en función de las manifestaciones que apoyan». «Es peligroso y más propio de un estado fascista», ha advertido.

En la misma línea, Naiara Davó (Podem) ha insistido en que los representantes de su partido que asistieron lo hicieron a título personal, «si lo consideraron oportuno y no como organización». Ha vuelto a lamentar que el ‘procès’ es «un problema político que no se ha querido solucionar en la política, al optar unos y otros por posiciones maximalistas y llevarlo todo al extremo».

De la oposición, Bonig ha avanzado que el PP presentará una proposición no de ley (PNL) para que el Consell no subvencione a «entidades separatistas», como un primer paso para cambiar la Ley de hacienda pública valenciana. «Organizaciones como STEPV, Intersindical o Acció Cultural salen libremente a la calle para insultar a los jueces», ha denunciado, ante lo que ha mostrado «solidaridad y respeto» y les ha instado a «ir a los tribunales» si tienen alguna queja.

«OLTRA SE ENTRISTECE»
La ‘popular’ ha criticado especialmente la posición de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quien «se alegra cuando condenan al PP y se entristece cuando condenan a sus amigos del ‘procès'», además de asegurar que «había gente de Podem y Compromís» en la marcha –«salieron todos»– a pesar de que «cobran del erario público».

Ante este «ataque institucional», ha urgido a que tanto el ‘president’ y líder del PSPV, Ximo Puig, como el presidente del Gobierno en funciones y del PSOE, Pedro Sánchez, «dejen trabajar a jueces y fiscales, en Madrid y en la Comunitat».

También ha sostenido que «los dos millones destinados a entidades pancatalanistas» podrían haber ido para los afectados por las inundaciones de la Vega Baja (Alicante): «Eso es mirar a las personas, estoy segura de que Oltra lo hará porque es solidaria».

De Cs, Toni Cantó ha mostrado su rechazo a los que se sumaron a la concentración como algo «absolutamente despreciable» por parte de Compromís y Podem, mientras que «el PSC valenciano dice que la sentencia es muy dura».

«Así hacen un flaco favor a las instituciones valencianas», ha aseverado, ante lo que su grupo presentará una enmienda en el pleno de esta semana para que «entidades como ACPV no reciban ni un euro del bolsillo de los valencianos».

Y de Vox, José María Llanos se ha limitado a expresar la «total repulsa» a las movilizaciones en contra de la sentencia del 1-O y a denunciar los «ataques» a algunos representantes de su partido en Madrid.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Casa 47: Requisitos para acceder a los alquileres sociales asequibles en 2026

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viviendas de alquiler asequible de València

El Gobierno de España lanzará a partir de 2026 Casa 47, una nueva empresa pública de vivienda que ofrecerá alquileres sociales asequibles dirigidos principalmente a la clase media trabajadora. Este proyecto busca paliar la crisis de la vivienda en España, caracterizada por la falta de alquileres a precios razonables y la presión del mercado inmobiliario.

¿Quiénes podrán acceder a Casa 47?

Los requisitos para acceder a un alquiler de Casa 47 se adaptarán a cada comunidad autónoma, aunque ya se conocen los criterios generales:

  • Rango de ingresos: Los solicitantes deberán tener rentas comprendidas entre 16.800 y 63.000 euros anuales, equivalentes a 2 y 7,5 veces el IPREM.

  • Clase media trabajadora: Este rango de ingresos cubrirá aproximadamente al 60 % de la población, dejando fuera a quienes perciben menos (que podrán optar a vivienda social tradicional) y a quienes superan el límite máximo.

  • Límite de esfuerzo económico: Ningún inquilino podrá destinar más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler, garantizando que la vivienda no comprometa otras necesidades básicas.

Precios y duración de los contratos

Los alquileres de Casa 47 se calcularán en función de la renta media de cada zona, no del coste de construcción. Según las primeras estimaciones:

  • En Madrid, los alquileres podrían reducirse un 38 % respecto al mercado, con precios en torno a 680–690 euros mensuales.

  • En Málaga, la rebaja podría alcanzar el 50 %.

  • En municipios menos tensionados, como Olivenza (Badajoz), los alquileres podrían situarse en torno a 400 euros mensuales.

Los contratos serán de larga duración, con posibilidad de extenderse hasta 75 años, adaptándose a las necesidades de los inquilinos y ofreciendo estabilidad frente a la especulación inmobiliaria.

Portal online y gestión integral de viviendas

En 2026 se habilitará un portal digital de Casa 47, donde los ciudadanos podrán consultar las promociones disponibles, requisitos específicos y formalizar solicitudes. Esta plataforma busca simplificar la gestión y reducir la burocracia.

Además, Casa 47 gestionará todo el ciclo de vida de las viviendas, desde la adquisición de suelos, construcción y urbanismo, hasta la entrega de llaves y administración de los contratos de alquiler.

Inspiración en modelos internacionales

El modelo de Casa 47 se inspira en experiencias europeas de vivienda pública:

  • Austria: Viena tiene más del 60 % de sus habitantes en pisos gestionados por el Estado o cooperativas, con contratos indefinidos y precios ajustados a la renta.

  • Francia: El sistema HLM ofrece vivienda social con criterios de ingresos similares a los de Casa 47 y contratos de larga duración.

  • Países Bajos: El 30 % del parque residencial es gestionado por corporaciones de vivienda pública con precios regulados.

Según datos de la BBC, mientras que en ciudades como Madrid los residentes destinan hasta un 60 % de su salario al alquiler, en Viena solo se dedica el 20 %, lo que evidencia la necesidad de iniciativas como Casa 47 en España.

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