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El Botànic defiende la asistencia de sus representantes a la manifestación del ‘Procés’ en València

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VALÈNCIA, 15 Oct. – Los grupos del gobierno del Botànic en Les Corts (PSPV, Compromís y Unides Podem) defienden la asistencia personal de algunos de sus representantes a las manifestaciones en contra de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del ‘procès’, mientras que la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) censura que apoyen a «entidades separatistas» como Acció Cultural del País Valencià (ACPV).

«No engañan a nadie», ha advertido este martes la presidenta del PPCV y portavoz ‘popular’, Isabel Bonig, en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics, sobre el apoyo de representantes públicos a la concentración celebrada este lunes por la tarde en la plaza del Ayuntamiento de València para rechazar las penas de prisión impuestas por el Tribunal Supremo a los impulsores del 1-O.

Esta manifestación fue convocada por ACPV y otras entidades, por lo que tanto el PP como Ciudadanos (Cs) reclaman que el Consell no les otorgue ayudas públicas, para lo que presentarán sendas iniciativas parlamentarias en Les Corts.

Por parte del Botànic II, el síndic socialista, Manolo Mata, ha hecho hincapié en que «la gente tiene derecho a manifestarse libremente y todo el derecho del mundo a opinar» a título personal. Eso sí, ha reiterado que la sentencia, a su juicio, es «discutible y dura» al dictar penas de cárcel de hasta 13 años. «Lo que es muy rechazable es la violencia», ha recalcado.

Sobre las críticas por las subvenciones a entidades como Acció Cultural, el síndic socialista ha defendido que «la Generalitat no da ayudas por razones políticas, sino con el estricto cumplimiento de la ley». Ha ironizado, mientras tanto, con el hecho de que «con lo que ingresa la Iglesia católica, gaste más en 13TV que en Cáritas».

De Compromís, Fran Ferri ha coincidido en que «la libertad de expresión es un derecho fundamental», calificando como una muestra de «salud democrática» que miembros de la coalición se sumaran a la manifestación a título individual.

Ha asegurado, por contra, que le asusta la postura de la oposición y su «grave problema con la separación de poderes», además de criticar que PP y Cs pretendan «condicionar las ayudas a determinadas entidades en función de las manifestaciones que apoyan». «Es peligroso y más propio de un estado fascista», ha advertido.

En la misma línea, Naiara Davó (Podem) ha insistido en que los representantes de su partido que asistieron lo hicieron a título personal, «si lo consideraron oportuno y no como organización». Ha vuelto a lamentar que el ‘procès’ es «un problema político que no se ha querido solucionar en la política, al optar unos y otros por posiciones maximalistas y llevarlo todo al extremo».

De la oposición, Bonig ha avanzado que el PP presentará una proposición no de ley (PNL) para que el Consell no subvencione a «entidades separatistas», como un primer paso para cambiar la Ley de hacienda pública valenciana. «Organizaciones como STEPV, Intersindical o Acció Cultural salen libremente a la calle para insultar a los jueces», ha denunciado, ante lo que ha mostrado «solidaridad y respeto» y les ha instado a «ir a los tribunales» si tienen alguna queja.

«OLTRA SE ENTRISTECE»
La ‘popular’ ha criticado especialmente la posición de la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, quien «se alegra cuando condenan al PP y se entristece cuando condenan a sus amigos del ‘procès'», además de asegurar que «había gente de Podem y Compromís» en la marcha –«salieron todos»– a pesar de que «cobran del erario público».

Ante este «ataque institucional», ha urgido a que tanto el ‘president’ y líder del PSPV, Ximo Puig, como el presidente del Gobierno en funciones y del PSOE, Pedro Sánchez, «dejen trabajar a jueces y fiscales, en Madrid y en la Comunitat».

También ha sostenido que «los dos millones destinados a entidades pancatalanistas» podrían haber ido para los afectados por las inundaciones de la Vega Baja (Alicante): «Eso es mirar a las personas, estoy segura de que Oltra lo hará porque es solidaria».

De Cs, Toni Cantó ha mostrado su rechazo a los que se sumaron a la concentración como algo «absolutamente despreciable» por parte de Compromís y Podem, mientras que «el PSC valenciano dice que la sentencia es muy dura».

«Así hacen un flaco favor a las instituciones valencianas», ha aseverado, ante lo que su grupo presentará una enmienda en el pleno de esta semana para que «entidades como ACPV no reciban ni un euro del bolsillo de los valencianos».

Y de Vox, José María Llanos se ha limitado a expresar la «total repulsa» a las movilizaciones en contra de la sentencia del 1-O y a denunciar los «ataques» a algunos representantes de su partido en Madrid.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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El INSS está quitando la incapacidad permanente a estas personas: quiénes están en riesgo según la Seguridad Social

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INSS quitar incapacidad permanente
El INSS está quitando la incapacidad permanente a estas personas: quiénes están en riesgo según la Seguridad Social-ARCHIVO

La incapacidad permanente es una de las prestaciones más sensibles del sistema de la Seguridad Social, ya que afecta directamente a la estabilidad económica de miles de personas que dependen de ella para vivir. Sin embargo, lo que muchos beneficiarios desconocen es que no se trata de una pensión definitiva ni garantizada de por vida. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede revisar, reducir e incluso retirar esta prestación si se dan determinadas circunstancias.

Y esto es precisamente lo que está ocurriendo. El INSS está retirando la incapacidad permanente a perfiles muy concretos tras detectar situaciones que, según la normativa vigente, justifican la pérdida del derecho a la pensión.

La incapacidad permanente no es intocable: puede revisarse y extinguirse

En España, más de un millón de personas cobran una pensión de incapacidad permanente. La cuantía y las condiciones varían en función del grado reconocido —parcial, total, absoluta o gran invalidez—, pero todas comparten una misma realidad: la incapacidad es revisable.

La ley permite al INSS revisar la prestación antes de la edad ordinaria de jubilación si se produce una mejoría de la salud, un cambio en la situación laboral o si se detecta algún incumplimiento. En muchos casos, el aviso llega mediante una citación médica, pero en otros la notificación se produce cuando la decisión ya está tomada.

Trabajar cobrando una incapacidad permanente: cuándo supone un riesgo real

Uno de los motivos más frecuentes por los que el INSS está retirando la incapacidad permanente tiene que ver con el regreso al trabajo. La Seguridad Social permite compatibilizar trabajo e incapacidad, pero solo si el empleo no contradice las limitaciones médicas que dieron lugar al reconocimiento de la pensión.

El problema surge cuando el organismo detecta que la persona beneficiaria:

  • Desempeña funciones muy similares a las que ya no podía realizar.

  • Ocupa un puesto claramente incompatible con su patología.

  • Realiza tareas que contradicen los informes médicos oficiales.

En estos casos, el INSS puede revisar el grado de incapacidad o extinguir la pensión, al considerar que ya no existe la limitación laboral que la justificaba.

Las revisiones médicas que pueden rebajar o eliminar la pensión

El INSS realiza revisiones periódicas, normalmente cada dos años, aunque estas pueden adelantarse si existen indicios de mejoría. Durante estas evaluaciones, los médicos valoran si las patologías han evolucionado favorablemente.

Si se concluye que la persona ya puede desarrollar una actividad laboral, el organismo puede:

  • Reducir el grado de incapacidad.

  • Retirar directamente la prestación.

Aunque estas decisiones generan mucha inquietud, están plenamente respaldadas por la normativa: la incapacidad permanente no es vitalicia si desaparecen las causas médicas que la motivaron.

Incumplimientos y errores que también pueden provocar la retirada

Existen otros supuestos menos conocidos, pero igualmente determinantes, por los que el INSS puede suspender o retirar la incapacidad permanente. Ocurre, por ejemplo, cuando la persona beneficiaria:

  • No acude a las revisiones médicas obligatorias.

  • Rechaza sin causa justificada tratamientos de rehabilitación o readaptación profesional.

  • No cumple con los trámites administrativos necesarios para mantener la prestación.

  • Fue beneficiaria de una incapacidad concedida por error administrativo, detectado posteriormente.

  • Incumple las condiciones exigidas para conservar la pensión.

En los casos más graves, cuando se demuestra fraude o simulación, la retirada de la incapacidad es inmediata.

La tabla de los afectados: quién puede perder la incapacidad permanente

Según los criterios del INSS, estas son las personas con mayor riesgo de perder la pensión de incapacidad permanente:

  • Personas que vuelven a trabajar en puestos incompatibles con sus limitaciones médicas.

  • Personas cuya salud ha mejorado según las revisiones médicas oficiales.

  • Personas que no acuden a las revisiones médicas obligatorias.

  • Personas que rechazan tratamientos de rehabilitación o readaptación sin justificación.

  • Personas cuya incapacidad fue concedida con errores detectados posteriormente.

  • Personas mayores de 55 años que cobran el complemento del 20% y vuelven a trabajar.

  • Personas que alcanzan la edad ordinaria de jubilación, momento en el que la incapacidad se transforma en pensión de jubilación.

  • Personas implicadas en casos de fraude o simulación.

El complemento del 20% para mayores de 55 años: uno de los puntos más delicados

Uno de los aspectos que más confusión genera es el complemento del 20% que pueden percibir quienes tienen reconocida una incapacidad permanente total y superan los 55 años. Este incremento se concede cuando existen dificultades especiales para reincorporarse al mercado laboral.

Sin embargo, no es un complemento vitalicio. Se pierde automáticamente si la persona comienza a trabajar o cuando alcanza la edad legal de jubilación, momento en el que la prestación se convierte en una pensión ordinaria. El INSS es claro al respecto: no se trata de un derecho permanente.

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