MADRID/CASTELLÓN, 2 Ene. (EUROPA PRESS) – El Gobierno ha aclarado que no puede revelar el importe total del coste del viaje que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón el pasado mes de julio en virtud de la Ley de Secretos Oficiales; excepto los 282,92 euros que supusieron los gastos de protocolo.
Un portavoz del Ejecutivo ha explicado a Europa Press que todos los detalles del desplazamiento, incluida la comitiva que acompañó al presidente en el viaje, no pueden ser revelados porque «afectarían a los planes de protección» recogidos en la Ley de Secretos Oficiales. El único dato público es el de gastos de protocolo «los días previos», que ascienden a 282,92 euros.
Así consta en una resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que responde a una petición de información del asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, sobre «el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento».
Este viaje de Pedro Sánchez generó polémica porque el presidente aprovechó la ocasión para asistir junto a su mujer a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sin embargo, el Ejecutivo recalca que el objeto del desplazamiento fue una visita a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig.
Fuentes del Gobierno también destacan que toda la normativa sobre materia clasificada en los viajes del presidente es anterior al actual Gobierno «y ha sido utilizada por todos los Ejecutivos precedentes, ya sean de PP o de PSOE».
La respuesta de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno fue formulada a instancias del Consejo de Transparencia, al que el ‘popular’ Luis Salom recurrió tras una primera respuesta en la que no se detallaban datos del viaje.
En concreto, el Gobierno insistía en que, tratándose de materia clasificada, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares» –como el Falcon en el que viajó Sánchez– «como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma» están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
