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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
PEXELS

El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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Óscar Puente ofreció su dimisión a Sánchez tras el accidente de tren, pero el presidente la rechazó

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El ministro de Transportes puso su cargo a disposición del presidente tras el accidente ferroviario de Urda, que deja al menos 69 fallecidos, pero Sánchez consideró que su salida sería «injusta».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y decenas de heridos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo rechazó su dimisión al considerar que su salida en este momento sería «injusta».

El propio Puente ha desvelado este viernes, en una conversación informal con periodistas después de su comparecencia en la sede del Ministerio, que ofreció a Sánchez la posibilidad de abandonar el Gobierno tras el siniestro ocurrido este miércoles. El presidente, según ha explicado el ministro, le pidió que continuara al frente de Transportes.

La decisión confirma el respaldo de Moncloa al responsable de la política ferroviaria en uno de los momentos más delicados para el Gobierno, marcado por la magnitud de la tragedia y las investigaciones para esclarecer las causas del choque entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo.

Puente descarta dimitir y asegura que su deber es «dar la cara»

Durante su comparecencia de este viernes, Óscar Puente ha reiterado que no contempla abandonar el cargo y ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es continuar al frente de la gestión de la crisis.

«Mi deber es estar al mando», ha trasladado el ministro, que considera que su responsabilidad ahora pasa por gestionar las consecuencias del accidente y ofrecer explicaciones mientras avanzan las investigaciones.

Puente ha insistido en que cuenta con la confianza de Pedro Sánchez, que le ha pedido permanecer en el Ejecutivo. El ministro ha descartado así una dimisión que había cobrado fuerza en el debate político tras las primeras declaraciones del presidente sobre la gravedad del siniestro.

Poco después del accidente, Sánchez calificó de «inasumible» que España acumulara dos accidentes ferroviarios mortales en un mismo año. Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible salida del titular de Transportes, aunque desde Moncloa ya habían asegurado que seguía contando con el respaldo del presidente.

La investigación apunta al centro de control de Adif en Atocha

En su intervención ante los medios, Puente ha señalado que los indicios apuntan a un posible fallo en el centro de control de Adif en Atocha, Madrid, como principal línea de investigación sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad.

El siniestro se produjo en el entorno de Urda, en la provincia de Toledo, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que circulaban por la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se vieron implicados en la colisión.

No obstante, las causas definitivas del accidente todavía deben esclarecerse. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, por qué no se evitó el choque y si existieron fallos técnicos, operativos o de supervisión.

La tragedia ha abierto un nuevo frente político para el Gobierno, mientras las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido y depurar las posibles responsabilidades.

Por el momento, Sánchez ha optado por mantener a Puente en su puesto. El ministro, que llegó a ofrecer su salida del Ejecutivo, seguirá al frente de Transportes en plena crisis ferroviaria y con la investigación todavía abierta.

 

 

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