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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
PEXELS

El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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El sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% en 2027: cuánto cobrarán de más según su profesión

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El Gobierno ha aprobado este martes la subida salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. El incremento tendrá efectos desde el 1 de enero y supondrá entre 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo y más de 4.000 euros para un juez, según las estimaciones del Ministerio de Función Pública.

A esta subida se sumará otro 0,5% correspondiente a 2026, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación interanual ha superado el 1,5% durante este año. Ese medio punto se abonará en el primer trimestre de 2027 y tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley, con el objetivo de que pueda aplicarse desde comienzos del próximo año. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata de la mayor subida salarial para los empleados públicos desde 1992.

Cuánto subirán los sueldos de los funcionarios en 2027

El incremento fijo del 4,5% beneficiará a los trabajadores de las tres administraciones públicas: estatal, autonómica y local. La cantidad adicional dependerá del salario y del grupo profesional al que pertenezca cada empleado.

Según las cifras facilitadas por el ministro Óscar López, estas serán algunas de las subidas anuales estimadas:

  • Administrativos: 1.440 euros brutos más al año, en 14 pagas.
  • Policías nacionales: más de 1.900 euros adicionales.
  • Maestros: más de 2.700 euros al año.
  • Médicos: más de 3.700 euros adicionales.
  • Jueces: más de 4.000 euros al año.

Estas cantidades corresponden a estimaciones del incremento salarial y pueden variar en función de las retribuciones de cada puesto, complementos y condiciones profesionales.

Otro 0,5% adicional con efectos retroactivos

La subida del 4,5% no será el único incremento que recibirán los empleados públicos durante 2027. El acuerdo salarial firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF contempla también un 0,5% variable correspondiente a 2026.

Este medio punto se abonará si el INE confirma que el IPC interanual de 2026 ha crecido por encima del 1,5%. En ese caso, los trabajadores recibirán los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año y se actualizarán las nóminas posteriores.

De cumplirse esta condición, el incremento acumulado entre ambos conceptos alcanzaría el 5%, aunque es importante distinguir que el 0,5% adicional corresponde a 2026 y no a una subida fija del sueldo de 2027.

La medida forma parte del acuerdo marco plurianual firmado en noviembre de 2025, que estableció una mejora retributiva de hasta el 11% entre 2025 y 2028.

Suben también las indemnizaciones por residencia

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incorpora otra mejora para determinados empleados públicos: las indemnizaciones por razón de residencia aumentarán un 4,5%.

Se trata de una compensación económica para trabajadores de la Administración General del Estado que prestan servicio en territorios con condiciones geográficas especiales o sobrecostes derivados de la insularidad. Entre las zonas contempladas figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.

Además, el Gobierno ha aprobado elevar un 4,5% las partidas destinadas a acción social para los trabajadores del sector público. Estas ayudas llevaban 14 años congeladas y permiten financiar prestaciones como guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos, prótesis auditivas o ayudas relacionadas con la vivienda.

Más de tres millones de empleados públicos beneficiados

La subida salarial alcanzará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas. En concreto, el incremento del 4,5% en 2027 afectará a unos 546.000 empleados del sector público estatal, 1,93 millones de trabajadores de las comunidades autónomas y cerca de 595.000 empleados de las administraciones locales.

En la Administración General del Estado, el aumento se aplicará ya en la nómina de enero. El resto de administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida a sus respectivos trabajadores.

El Gobierno ha adelantado la aprobación de la medida para garantizar que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.


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