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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
PEXELS

El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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El juez cita a las hijas de Zapatero a declarar como investigadas por el caso Plus Ultra

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el denominado caso Plus Ultra, ha citado a declarar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Las dos deberán comparecer ante el magistrado el próximo 30 de noviembre, según una providencia dictada este lunes. Laura Rodríguez está citada a las 9.00 horas, mientras que Alba Rodríguez deberá acudir a las 12.00 horas.

La condición de investigadas ya había sido acordada por el juez el pasado mes de junio. Ahora, el magistrado ha fijado la fecha para sus declaraciones dentro de las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional.

¿Por qué se investiga a las hijas de Zapatero?

La investigación judicial analiza, entre otras cuestiones, la actividad de la sociedad WhatTheFav, administrada por Alba y Laura Rodríguez, y su posible relación con el entramado económico que está siendo investigado en el caso Plus Ultra.

Según las actuaciones conocidas hasta ahora, el juez investiga un posible delito de blanqueo de capitales y analiza el papel que habría desempeñado esta sociedad en las operaciones objeto de investigación.

La decisión de declarar a ambas como investigadas fue adoptada en junio a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En aquel momento, el magistrado señaló la condición de administradoras de las dos hermanas y las vinculaciones que, según la investigación, se habían detectado entre la sociedad y el entramado bajo sospecha.

Dos declaraciones como testigos el 19 de noviembre

Antes de las declaraciones de las hijas de Zapatero, el juez ha citado a dos personas como testigos.

El próximo 19 de noviembre deberán comparecer José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

Sus testimonios forman parte de las nuevas diligencias acordadas por el instructor dentro de la investigación.

El juez pide un nuevo informe sobre las joyas incautadas

La providencia conocida este lunes incluye además nuevas actuaciones relacionadas con las joyas incautadas durante el registro del despacho de Zapatero el pasado 19 de mayo.

El magistrado ha solicitado a la histórica joyería Yanes un informe pericial gemológico y de tasación sobre las piezas intervenidas. Los expertos deberán analizar, entre otros aspectos, la posible procedencia geográfica de las joyas, los metales preciosos utilizados, su antigüedad y su valor de reposición actual, tanto de las piezas individualmente como del conjunto.

El juez también ha dado a la defensa de Zapatero un plazo de tres días para aportar al juzgado la documentación que tenga en su poder relacionada con las joyas.

Un primer análisis realizado por la joyería Ansorena había situado el valor de las piezas en torno a 1,3 millones de euros, según EFE.

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra

El denominado caso Plus Ultra investiga presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

En septiembre, el juez rechazó un recurso presentado por Zapatero contra la investigación de determinadas cuentas bancarias de él y de su entorno. El magistrado mantiene que la investigación financiera debe quedar limitada al perímetro establecido judicialmente y excluye cualquier indagación prospectiva o desvinculada de los hechos investigados.

La investigación continúa abierta y las citaciones de noviembre forman parte de las diligencias que está practicando el juez para esclarecer los hechos.

Importante: la condición de investigadas implica que las dos hermanas están sometidas a investigación judicial y cuentan con los derechos de defensa correspondientes, pero no supone una condena ni determina por sí misma su responsabilidad penal.

 

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