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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
PEXELS

El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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