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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
PEXELS

El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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Óscar Puente descarta dimitir tras el accidente de Urda: «Ahora mi deber es estar al mando»

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado presentar su dimisión por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja por el momento 69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados. «Ahora mi deber es estar al mando», ha asegurado durante su comparecencia de este viernes, en la que ha vuelto a reconocer un «fallo en el control de mando» como uno de los elementos clave de la tragedia.

Puente ha defendido que su manera de asumir responsabilidades es dar explicaciones y permanecer al frente del Ministerio para afrontar la crisis. «Mi forma de asumir responsabilidades es dar la cara. No me voy a esconder detrás de nadie porque no me tengo que esconder de nadie», ha manifestado.

El ministro ha añadido que respeta las peticiones de dimisión, pero considera que su obligación inmediata es responder ante lo sucedido y aportar soluciones. «Mi obligación ahora es resolver el problema», ha insistido.

También ha reclamado actuar con «rigor y proporcionalidad» antes de establecer responsabilidades individuales, mientras continúa la investigación para esclarecer por qué el AVE de Renfe no frenó antes de impactar contra el tren de Iryo.

Sánchez advierte de que las víctimas podrían ser de hasta 27 nacionalidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que entre las víctimas del accidente ferroviario podría haber personas de «hasta 27 nacionalidades». El Ejecutivo está trabajando con las autoridades consulares para facilitar la identificación de los fallecidos y ofrecer información a las familias.

Sánchez ha reconocido la gravedad de la tragedia y ha admitido que el accidente ha dañado la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad española. El presidente ha insistido en que es necesario esclarecer lo sucedido y adoptar medidas para evitar que vuelva a ocurrir un siniestro de estas características.

La Guardia Civil investiga más allá del posible error humano

La investigación del accidente no se centra únicamente en la actuación del trabajador del centro de control de Adif que autorizó al AVE a recuperar la marcha normal. La Guardia Civil quiere reconstruir toda la cadena de decisiones y averiguar por qué no se activaron mecanismos que podrían haber evitado la colisión.

Los agentes investigan especialmente el fallo del sistema de seguridad LZB, que supervisa la circulación y permite ordenar el frenado automático de los trenes cuando detecta una situación de peligro.

Entre las principales líneas de investigación figuran:

  • El fallo del sistema LZB: determinar qué provocó la avería que dejó detenidos a varios trenes en un tramo de la línea.
  • Las comunicaciones de Adif: comprobar qué información recibió el centro de control sobre la situación del Iryo y por qué se permitió al AVE circular a velocidad normal.
  • Los protocolos de seguridad: analizar si las instrucciones dadas a los maquinistas se ajustaron a los procedimientos establecidos para estas incidencias.
  • El mantenimiento de las instalaciones: revisar posibles averías anteriores y las intervenciones realizadas en los equipos.
  • La organización del centro de control: estudiar las circunstancias en las que trabajaban los operadores durante la incidencia.

Los investigadores también quieren determinar si hubo tiempo suficiente para detener el AVE después de que la maquinista del Iryo comunicara que su tren seguía parado y no conseguía reiniciar el sistema.

Las cajas negras de ambos convoyes serán fundamentales para reconstruir los últimos minutos antes del impacto y establecer qué ocurrió exactamente.

Puente insiste en el fallo del centro de control y descarta dimitir

En su comparecencia, Óscar Puente ha vuelto a señalar el fallo producido en el centro de control como uno de los elementos centrales del accidente. El ministro ha pedido que se actúe con «rigor y proporcionalidad» antes de atribuir responsabilidades.

También ha rechazado abandonar el cargo pese a las peticiones de dimisión de la oposición.

«Ahora mi deber es estar al mando», ha afirmado. Puente ha defendido que su responsabilidad como ministro es dar la cara y trabajar para solucionar la situación, además de garantizar que se esclarezcan los hechos.

«No me voy a esconder detrás de nadie porque no me tengo que esconder de nadie», ha añadido.

69 fallecidos y 42 heridos hospitalizados

El balance provisional continúa en 69 víctimas mortales y 42 personas hospitalizadas, mientras avanzan las labores de recuperación de los restos de los trenes y la identificación de los fallecidos.

Hasta el momento se han realizado 48 autopsias y se han comunicado cinco identificaciones a las familias, correspondientes a tres mujeres y dos hombres.

Además, la Guardia Civil ha recibido 70 denuncias por desaparición, aunque dos de las personas inicialmente buscadas han sido localizadas con vida. Las autoridades no descartan que el balance de fallecidos pueda aumentar debido a la complejidad de los trabajos de recuperación e identificación.

 

 

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