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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
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El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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El aborto farmacológico llegará a los centros de salud: así será el nuevo método

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El Ministerio de Sanidad prepara un cambio en el acceso al aborto farmacológico en España para que las mujeres puedan realizar este procedimiento en los centros de salud de Atención Primaria cuando sea adecuado para su situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es que las pacientes puedan recibir información, atención y seguimiento desde su centro de salud, sin que el proceso tenga que desarrollarse exclusivamente en un hospital.

La medida todavía no está en vigor. Para ponerla en marcha será necesario modificar la normativa que regula la autorización de los centros sanitarios y actualizar la cartera común de servicios del SNS. Sanidad también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en el aborto farmacológico, con el objetivo de permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

¿En qué consiste el nuevo método de aborto?

El aborto farmacológico es una interrupción voluntaria del embarazo mediante medicamentos, sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica.

La guía común del Sistema Nacional de Salud contempla actualmente diferentes métodos de interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos el farmacológico, el instrumental y el quirúrgico. La elección depende de factores como la edad gestacional, las circunstancias sanitarias y las preferencias de la paciente.

La novedad anunciada este lunes no es, por tanto, la creación de una nueva píldora abortiva, sino un cambio en el lugar y la forma en que se presta este servicio sanitario.

La mifepristona, uno de los medicamentos utilizados

Uno de los cambios previstos afecta a la mifepristona, medicamento utilizado junto con otros fármacos en el aborto farmacológico.

Sanidad pretende iniciar los trámites para modificar su ficha técnica y eliminar la limitación que actualmente condiciona su utilización al ámbito hospitalario. De esta forma, el tratamiento podría integrarse en la atención sanitaria desde los centros de salud cuando esté indicado.

El Ministerio plantea que las mujeres puedan contar con profesionales sanitarios que les proporcionen información y acompañamiento antes, durante y después del proceso.

¿Cuándo se podrá hacer en el centro de salud?

Por el momento no existe una fecha concreta de entrada en funcionamiento.

El Ministerio debe modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, tramitar el cambio de la ficha técnica de la mifepristona y actualizar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Además, serán las comunidades autónomas las encargadas de organizar la prestación dentro de su red de Atención Primaria.

Sanidad quiere reducir las diferencias entre comunidades

El anuncio se produce en un contexto de diferencias importantes entre territorios en el acceso al aborto dentro de la sanidad pública.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados.

La intención del Gobierno es ampliar la participación de la red pública y facilitar que las mujeres puedan acceder al aborto farmacológico cerca de su lugar de residencia.

El Ministerio sostiene que llevar esta prestación a Atención Primaria permitirá reducir desplazamientos y facilitar el acompañamiento sanitario durante todo el proceso.

El aborto farmacológico ya está contemplado en el SNS

La medida anunciada no supone incorporar por primera vez el aborto farmacológico al sistema sanitario español. Este método ya forma parte de la cartera de servicios y está recogido en la guía común del Sistema Nacional de Salud.

El cambio planteado ahora consiste en extender su prestación a los centros de Atención Primaria, siempre que resulte adecuado para cada caso y una vez completada la correspondiente tramitación normativa.

Por tanto, la principal novedad anunciada este 28 de septiembre es el traslado de parte de la atención del aborto farmacológico desde el ámbito hospitalario hacia los centros de salud.

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