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Tarjetas monedero del Gobierno de hasta 220 euros: cómo solicitarlas

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Tarjetas monedero Gobierno
PEXELS

El Gobierno entregará a partir de abril y hasta final de año a través de Cruz Roja tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con hijos que podrán canjear en supermercados por diversos productos, sobre todo de alimentación e higiene.

De este modo se pone en marcha un nuevo modelo de atención, financiado con fondos europeos, que sustituye a la entrega directa de alimentos a estas familias, tal y como se acordó con las comunidades autónomas en 2021.

Cruz Roja será la encargada de gestionar las tarjetas monedero

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto que concede a Cruz Roja un subvención de 100 millones de euros para implementar este año el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 40 por ciento de la renta media).

Está dirigido a unos 70.000 hogares, según ha explicado a EFE la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

«Pasamos de entregar bolsas de alimentos a entregar tarjetas electrónicas o vales canjeables para que las familias tengan la capacidad de decidir qué es lo que compran, con lo que se incrementa la oferta y la posibilidad de decidir el tipo de alimentos y productos que pueden adquirir», ha destacado la número dos del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.

La cuantía de las tarjetas se fija en función del número de miembros de las familias: un adulto y un menor 130 euros al mes, un adulto con dos menores 160 euros, cuatro miembros 190 euros y cinco miembros o más 220 euros.

Las recargas de las tarjetas monedero del Gobierno

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres, pueden ser tíos, abuelos y cualquier otro mayor de edad que esté a cargo de los niños. En función de sus necesidades, se recargan las cantidades por un mes, dos o tres meses y pueden mantenerse hasta un periodo máximo de un año, han detallado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.

Gobierno y comunidades acordaron a finales de 2021 un cambio de modelo que debía ponerse en marcha el próximo mes de abril, pero ante la ausencia de un acuerdo marco para su implementación por parte de las comunidades, Derechos Sociales ha decidido «de manera extraordinaria y provisional» gestionarlo para que esté a punto en esa fecha y no haya problemas de cobertura de alimentos.

Esa fecha coincide con el final del programa europeo que financiaba el reparto de ayuda a través de los Bancos de Alimentos y Cruz Roja para grupos desfavorecidos.

«Ante el riesgo de que algunas familias dejaran de percibir» las ayudas, el Gobierno ha buscado esta solución para que las comunidades tengan más tiempo de implementar sus propios sistemas que deberán estar en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2025.

«Todo cambio necesita una transición y adaptar los sistemas y queremos asegurar que en estos meses de abril a diciembre de 2024 todas las tarjetas monedero estén disponibles en todo el territorio nacional», asevera la secretaria de Estado.

La financiación este año corre a cargo de la parte estatal del Fondo Social Europeo Plus, por lo que las comunidades pueden reservar hasta el próximo año el tramo autonómico. El programa -que se mantendrá durante 7 años- está dotado cada ejercicio con 100 millones de euros para la atención de unas 10.000 familias con hijos en situación de pobreza severa.

Desde Derechos Sociales reconocen que se trata de un programa limitado y que no cubre todas las necesidades de alimentación y recuerdan que puede ser completado en función de las necesidades por los servicios sociales de las comunidades que les atienden.

Las familias que reciban estas tarjetas, pueden seguir recurriendo a otras ayudas facilitadas por las entidades sociales, como los Bancos de Alimentos que seguirán funcionando y recibiendo financiación por otras vías, como la recaudación de la casilla del 0,7 % de la Renta y de otros programas.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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