El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un mecanismo de control de pagos para Catalunya, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine «ni un euro» a financiar «una actividad ilegal» como el referéndum del 1 de octubre.

«No estamos sustituyendo competencias, y sí garantizando que ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria», ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así pues, el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

Si transcurrido el plazo no se propone el acuerdo, será el Ministerio de Hacienda, dirigido por Montoro, quien lo haga, siendo el Estado quien costee las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales con el fin de garantizar los servicios públicos en Cataluña.

El departamento que dirige Montoro recibe desde el pasado mes de julio informes cada semana procedentes de la Generalitat para comprobar que no se destinaba dinero público para la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre, una fiscalización que el Gobierno catalán suspendió el miércoles.