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Valencia

El obispo de València asegura que era García-Gasco quien decidía en la organización de la visita del Papa

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El obispo auxiliar de València, Esteban Escudero, ha asegurado este miércoles que era el fallecido cardenal Agustín García-Gasco, arzobispo emérito de la diócesis, quien decidía y mandaba en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), nacida para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad.

Escudero ha prestado declaración este martes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la FVEMF para la visita del pontífice.

El obispo auxiliar ha respondido a las preguntas de jueza, fiscal anticorrupción y abogados en una comparecencia en la que ha explicado que la fundación se creó pensando en la organización del V Encuentro Mundial de las Familias, en un momento en el que aún no se sabía de la visita de Benedicto XVI a la ciudad. Cuando se confirmó esta noticia, la Iglesia solicitó la colaboración de las administraciones, según ha confirmado Escudero.

También ha indicado que se proyectó un presupuesto basado en el anterior encuentro mundial de las familias, que tuvo lugar en Manila, y en el que participaron aproximadamente tres millones de personas.

En el caso de València, la cifra de asistentes quedó en cerca de la mitad que en la capital filipina pese a que había previsión de mayor presencia de público y, por tanto, se había consignado más presupuesto.

Por esta razón, ha sostenido Escudero, se produjo un déficit con las empresas organizadoras que se trató de solucionar negociando rebajas con las mercantiles y, sobre todo, a través de una importante cantidad de donaciones.

Además, la Generalitat aportó dos millones de euros, que se sumaron a los 1,8 de los que se hizo cargo el Arzobispado de València.

En cuanto a las contrataciones que se efectuaron a través de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el obispo auxiliar ha dicho que no tenían conocimiento de que tuvieran que adaptarse a la ley de contratación de las administraciones públicas.

Asimismo, ha relatado que en la fundación cada uno aportaba sus conocimientos y que todo era voluntariado. En lo relativo a las empresas que fueron contratadas para la organización, ha comentado que cualquiera sugería el nombre de una firma de la que tuviera buena opinión o referencias y se votaba. Sin embargo, Escudero ha señalado que quien finalmente decidía era el entonces arzobispo Agustín García-Gasco, dado que la FVEMF se organizaba en una «estructura piramidal».

«CONCIENCIA TRANQUILA»

El obispo auxiliar ha evitado a los periodistas a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha accedido por la puerta trasera, por donde únicamente está permitido la entrada a profesionales colegiados de la abogacía y la judicatura.

Sin embargo, a su salida, por la puerta principal, tras comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia por más de hora y media, se ha encontrado con los medios que le esperaban, a quienes ha dicho en repetidas ocasiones que no tenía nada que declarar.

En un primer momento, únicamente ha asegurado que ha contestado a la jueza, al fiscal anticorrupción «y a todo el mundo». Preguntado por su entrada a los juzgados por una zona por la que en teoría no podría acceder, el obispo auxiliar únicamente se ha reido, mientras que tampoco ha respondido a las cuestiones relativas al caso.

Por el contrario, preguntado por si tenía la «conciencia tranquila», ha dicho que sí y ha añadido: «Si no no podría dar misa mañana». Además, ha insistido en que está «perfectamente tranquilo». «Sí, claro. Soy sacerdote», ha manifestado. Finalmente, inquirido por si se ha «confesado» ante la jueza, ha declarado: «Hoy he confesado».

Fuente: Europa Press

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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