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Valencia

El obispo de València asegura que era García-Gasco quien decidía en la organización de la visita del Papa

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El obispo auxiliar de València, Esteban Escudero, ha asegurado este miércoles que era el fallecido cardenal Agustín García-Gasco, arzobispo emérito de la diócesis, quien decidía y mandaba en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), nacida para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad.

Escudero ha prestado declaración este martes como investigado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la FVEMF para la visita del pontífice.

El obispo auxiliar ha respondido a las preguntas de jueza, fiscal anticorrupción y abogados en una comparecencia en la que ha explicado que la fundación se creó pensando en la organización del V Encuentro Mundial de las Familias, en un momento en el que aún no se sabía de la visita de Benedicto XVI a la ciudad. Cuando se confirmó esta noticia, la Iglesia solicitó la colaboración de las administraciones, según ha confirmado Escudero.

También ha indicado que se proyectó un presupuesto basado en el anterior encuentro mundial de las familias, que tuvo lugar en Manila, y en el que participaron aproximadamente tres millones de personas.

En el caso de València, la cifra de asistentes quedó en cerca de la mitad que en la capital filipina pese a que había previsión de mayor presencia de público y, por tanto, se había consignado más presupuesto.

Por esta razón, ha sostenido Escudero, se produjo un déficit con las empresas organizadoras que se trató de solucionar negociando rebajas con las mercantiles y, sobre todo, a través de una importante cantidad de donaciones.

Además, la Generalitat aportó dos millones de euros, que se sumaron a los 1,8 de los que se hizo cargo el Arzobispado de València.

En cuanto a las contrataciones que se efectuaron a través de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el obispo auxiliar ha dicho que no tenían conocimiento de que tuvieran que adaptarse a la ley de contratación de las administraciones públicas.

Asimismo, ha relatado que en la fundación cada uno aportaba sus conocimientos y que todo era voluntariado. En lo relativo a las empresas que fueron contratadas para la organización, ha comentado que cualquiera sugería el nombre de una firma de la que tuviera buena opinión o referencias y se votaba. Sin embargo, Escudero ha señalado que quien finalmente decidía era el entonces arzobispo Agustín García-Gasco, dado que la FVEMF se organizaba en una «estructura piramidal».

«CONCIENCIA TRANQUILA»

El obispo auxiliar ha evitado a los periodistas a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, a donde ha accedido por la puerta trasera, por donde únicamente está permitido la entrada a profesionales colegiados de la abogacía y la judicatura.

Sin embargo, a su salida, por la puerta principal, tras comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia por más de hora y media, se ha encontrado con los medios que le esperaban, a quienes ha dicho en repetidas ocasiones que no tenía nada que declarar.

En un primer momento, únicamente ha asegurado que ha contestado a la jueza, al fiscal anticorrupción «y a todo el mundo». Preguntado por su entrada a los juzgados por una zona por la que en teoría no podría acceder, el obispo auxiliar únicamente se ha reido, mientras que tampoco ha respondido a las cuestiones relativas al caso.

Por el contrario, preguntado por si tenía la «conciencia tranquila», ha dicho que sí y ha añadido: «Si no no podría dar misa mañana». Además, ha insistido en que está «perfectamente tranquilo». «Sí, claro. Soy sacerdote», ha manifestado. Finalmente, inquirido por si se ha «confesado» ante la jueza, ha declarado: «Hoy he confesado».

Fuente: Europa Press

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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