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Rebajan 4 años la pena al líder de la Manada de Callosa por la ley del ‘sólo sí es sí’

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Imagen de archivo de uno de los cuatro integrantes de la llamada "manada de Callosa" llegando a la Audiencia Provincial de Alicante para el juicio acusados de un presunto delito de violación en grupo. EFE/Morell
Alicante, 21 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) ha acordado rebajar más de cuatro años, de 17 años y 2 meses de cárcel a 13 años, la condena a uno de los cuatro miembros de la conocida como ‘manada de Callosa’ por la violación en grupo a una joven en el día de Año Nuevo de 2019 en una vivienda de Callosa d’en Sarrià (Alicante).

La Manada de Callosa beneficiada por la ley del ‘sólo sí es sí’

Según el auto de la Sala de Lo Civil y Penal del TSJCV, al que ha tenido acceso EFE, la aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’ ha hecho disminuir las cuatro penas impuestas a Joffre Gerardo T.B., considerado por muchos el líder de esta manada que en el juicio reconoció la autoría de los hechos aunque alegaron la ingesta de alcohol y drogas.

De esta manera, de los 6 años por un delito continuado de agresión sexual con penetración con la actuación de más personas se pasa a 5 años y medio; igual que de los 5 años y 6 meses como cooperador necesario hasta 4 años y 5 meses.

Se disminuye, del mismo modo, otra de las condenas a este mismo individuo por el mismo delito de cooperador necesario desde los 4 años iniciales a 2 años y 4 meses, y de los 20 meses impuestos por cooperador necesario sin penetración a 9.

La defensa de Joffre Gerardo T.B. ha sido hasta ahora la única de los tres condenados que ha solicitado la revisión de la pena a raíz de la aplicación de la reforma del Código Penal por la ley del denominado ‘sólo sí es sí’, aunque fuentes jurídicas consultadas no descartan que tras la decisión del alto tribunal valenciano le secunden los otros tres agresores.

En declaraciones a EFE, el abogado de la acusación particular, Francisco González, ha considerado que la modificación legislativa supone «un atropello legal a las víctimas de los delitos sexuales y dejar en la nada la labor de los jueces, las acusaciones y el Estado de Derecho».

Los hechos causaron una honda conmoción en la opinión pública y ocurrieron el día de Año Nuevo de 2019 cuando Joffre Gerardo T.B. convenció durante una fiesta en Benidorm a la víctima, una joven de 19 años, para que le acompañara a un domicilio situado en el municipio vecino de Callosa d’En Sarrià.

Una vez allí fue violada grupalmente por el anterior y otros tres individuos más, todos de 19 a 24 años y origen ecuatoriano, una agresión sexual que fue grabada con sus móviles.

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Detenidas cinco personas por la compraventa ilegal de una recién nacida por 2.000 euros

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venta ilegal bebé

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, implicadas en un caso de compraventa ilegal de una recién nacida, tras descubrir un acuerdo entre la madre biológica y una pareja con problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La operación ha tenido lugar entre las ciudades de Madrid y Córdoba, y la menor ha sido puesta bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Una denuncia que destapó la compraventa ilegal de una menor

La investigación se inició en marzo, cuando una mujer de 37 años denunció el supuesto secuestro de su hija recién nacida por parte de una familia cordobesa. En su declaración ante los agentes, la denunciante aseguró que conoció a un joven de 24 años en una fiesta en Madrid en noviembre, con quien compartió su preocupación por perder la custodia del bebé si nacía en la capital, ya que en 2022 la Fiscalía de Menores le retiró la custodia de seis hijos por encontrarse en situación de desamparo.

La mujer relató que fue trasladada a Córdoba, donde permaneció en casa de la familia del joven hasta el momento del parto. Sin embargo, tras el nacimiento, no pudo regresar con su hija y denunció que le exigieron 3.000 euros por los gastos de estancia si quería recuperarla.

Un acuerdo económico para «comprar» a la recién nacida

Las primeras diligencias policiales revelaron que la madre biológica había pactado la venta de su hija por 2.000 euros con una pareja cordobesa que estaba intentando ser padres a través de tratamientos de fertilidad. La operación quedó registrada oficialmente cuando ambos acudieron al Registro Civil de Córdoba para inscribir a la menor como hija del varón de la pareja compradora y de la madre biológica.

Posteriormente, se constató que el varón retiró 2.000 euros en efectivo de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, quien fue posteriormente trasladada de nuevo a Madrid por otro miembro de la familia.

La madre se arrepintió y denunció el caso

Fuentes policiales confirman que la madre biológica se arrepintió de haber entregado a su hija, motivo por el que presentó una denuncia falsa alegando secuestro. Sin embargo, tras confirmar la falsedad del relato inicial, fue arrestada en el municipio madrileño de Móstoles a finales de marzo.

Simultáneamente, en Córdoba, fueron detenidos cuatro miembros de la familia compradora, incluida la pareja que planeaba hacerse pasar por progenitores. La detención se produjo cuando se dirigían a una consulta pediátrica con la recién nacida.

Delitos imputados a los detenidos

A los cinco implicados se les imputan varios delitos graves:

  • Alteración de la paternidad

  • Detención ilegal

  • Falsificación de documento público

  • Acusación y denuncia falsa

El caso ha sido puesto en manos de la autoridad judicial, mientras que la menor ha ingresado en un centro de protección de menores en Córdoba, bajo custodia de los servicios sociales.

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Este nuevo caso de compraventa ilegal de menores vuelve a poner el foco sobre la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres sin recursos, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en los procesos de custodia y tutela.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa investigando si existen otros casos relacionados y no descarta nuevas detenciones. Además, subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier intento de tráfico de menores o adopciones ilegales, prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños.

 

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