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Estas son las carreteras valencianas con mayor riesgo de accidente grave

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VALÈNCIA/SANTANDER, 18 Dic. – La Comunitat Valenciana es la octava autonomía con mayor proporción de kilómetros de carreteras de riesgo elevado o muy elevado, en la red estatal, con un 8 por ciento de vías, y por debajo de la media del conjunto del país, que se sitúa en el 11%. La lista la encabeza Aragón, con un 26%.

Así se desprende de la 17 edición del estudio de evaluación de carreteras EuroRAP, presentado por el RACC, que analiza la accidentalidad en la red del Estado. Por provincias, Valencia se sitúa en la décimo quinta posición entre las de mayor riesgo y un 14%, una lista que encabeza Teruel, con el 36%. Castellón se encuentra en el puesto 18, con el 12%, mientras que Alicante no aparece en los 20 primeros lugares.

La N-330, en el tramo de Utiel cruce con la N-3 y con una longitud de 22,4 es uno de los tramos con más riesgo de accidente de la red de carreteras del Estado y cierra la lista de los diez de mayor peligro.

La provincia de Valencia tiene dos tramos entre los diez con más siniestros graves de motocicletas por kilómetro en grandes áreas metropolitanas, una lista que encabeza Barcelona con tres. En el caso de Valencia, se trata de la A-3 en el enlace de Manises al de la capital, de 3,8 kilómetros y con un 44% de siniestros; y la V-31, del enlace de la CV-42 al de la V-30, un total de 8,3 kilómetros y con un 57%.

Asimismo, esta provincia tiene dos tramos con más accidentes de vehículos pesados por kilómetros: la A-7 del enlace de Puçol a la A-3, con un tramo de casi 30 kilómetros y un 55% de accidentes y en la misma vía del enlace de Alcúdia a Xàtiva de 19 km y con igual porcentaje de accidentes.

Aragón es la comunidad autónoma que tiene una mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo elevado, con el 25,98% de vías, seguida de Castilla y León con el 13,66%, Cataluña con el 12,71% y Galicia con el 12,12%.

El Informe EuroRAP 2019 evalúa el riesgo en carretera, en concreto el de las vías que forman parte de la Red de Carreteras del Estado (RCE), teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros durante los tres últimos años, su gravedad y su relación con las características de la vía.

El resultado se estructura según un Índice de Riesgo, definido como el número de accidentes mortales y graves ocurridos en un tramo en relación al número de vehículos que pasan por él. Es decir, calcula los tramos de carretera en los que es más probable que una persona sufra un accidente.

En este sentido, las tres comunidades autónomas con peores resultados son Aragón, donde uno de cada cuatro tramos analizados de los pertenecientes a la RCE posee un riesgo elevado de accidente (25,98%), muy por delante de Castilla y León (13,66%) y Cataluña 12,71%).

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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