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Estas son las carreteras valencianas con mayor riesgo de accidente grave

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VALÈNCIA/SANTANDER, 18 Dic. – La Comunitat Valenciana es la octava autonomía con mayor proporción de kilómetros de carreteras de riesgo elevado o muy elevado, en la red estatal, con un 8 por ciento de vías, y por debajo de la media del conjunto del país, que se sitúa en el 11%. La lista la encabeza Aragón, con un 26%.

Así se desprende de la 17 edición del estudio de evaluación de carreteras EuroRAP, presentado por el RACC, que analiza la accidentalidad en la red del Estado. Por provincias, Valencia se sitúa en la décimo quinta posición entre las de mayor riesgo y un 14%, una lista que encabeza Teruel, con el 36%. Castellón se encuentra en el puesto 18, con el 12%, mientras que Alicante no aparece en los 20 primeros lugares.

La N-330, en el tramo de Utiel cruce con la N-3 y con una longitud de 22,4 es uno de los tramos con más riesgo de accidente de la red de carreteras del Estado y cierra la lista de los diez de mayor peligro.

La provincia de Valencia tiene dos tramos entre los diez con más siniestros graves de motocicletas por kilómetro en grandes áreas metropolitanas, una lista que encabeza Barcelona con tres. En el caso de Valencia, se trata de la A-3 en el enlace de Manises al de la capital, de 3,8 kilómetros y con un 44% de siniestros; y la V-31, del enlace de la CV-42 al de la V-30, un total de 8,3 kilómetros y con un 57%.

Asimismo, esta provincia tiene dos tramos con más accidentes de vehículos pesados por kilómetros: la A-7 del enlace de Puçol a la A-3, con un tramo de casi 30 kilómetros y un 55% de accidentes y en la misma vía del enlace de Alcúdia a Xàtiva de 19 km y con igual porcentaje de accidentes.

Aragón es la comunidad autónoma que tiene una mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo elevado, con el 25,98% de vías, seguida de Castilla y León con el 13,66%, Cataluña con el 12,71% y Galicia con el 12,12%.

El Informe EuroRAP 2019 evalúa el riesgo en carretera, en concreto el de las vías que forman parte de la Red de Carreteras del Estado (RCE), teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros durante los tres últimos años, su gravedad y su relación con las características de la vía.

El resultado se estructura según un Índice de Riesgo, definido como el número de accidentes mortales y graves ocurridos en un tramo en relación al número de vehículos que pasan por él. Es decir, calcula los tramos de carretera en los que es más probable que una persona sufra un accidente.

En este sentido, las tres comunidades autónomas con peores resultados son Aragón, donde uno de cada cuatro tramos analizados de los pertenecientes a la RCE posee un riesgo elevado de accidente (25,98%), muy por delante de Castilla y León (13,66%) y Cataluña 12,71%).

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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