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Estas son las sanciones y denuncias que establece el Consell para quien incumple medidas de prevención del COVID

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El Pleno del Consell ha aprobado el proyecto de decreto ley por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención frente a la COVID-19.

Con esta norma, la Generalitat centraliza la tramitación e imposición de las sanciones, sin perjuicio de las competencias de los ayuntamientos y del Gobierno central, tal y como establece el Real Decreto ley, del 9 de junio, de medidas urgentes contra la pandemia.

Este decreto ley contiene un cuadro completo de las infracciones y sanciones específicas para quienes incumplan las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para luchar contra la COVID-19.

La norma consta de tres capítulos, quince artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final. Los responsables de las infracciones administrativas previstas en el texto serán las personas físicas o jurídicas que incurran en alguna de las acciones tipificadas en la norma. En el caso de los menores de edad, serán responsables sus padres o tutores legales.

Respecto a las sanciones, se dividen en tres grupos: leves, graves y muy graves. En el primer grupo, se consideran infracciones leves y, por tanto, susceptibles de ser sancionadas con multas de entre 60 y 600 euros las siguientes acciones:

1. Incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma, si bien está infracción sólo podrá sancionarse con un máximo de 100 euros.

2. Por parte de los establecimientos públicos, el obviar la obligación de informar a los clientes sobre el aforo del local, la distancia mínima interpersonal o el uso de mascarilla.

3. Incumplir las medidas generales de higiene y prevención en locales públicos o privados cuando no suponga riesgo de contagio o el riesgo afecte a menos de 15 personas.

4. La vulneración de la cuarentena por parte de aquellas personas que no hayan dado positivo en Covid-19, pero que sean contactos directos de un enfermo confinado.

5. Quebrantar una orden general de confinamiento.

Por su parte, el decreto ley considera como una infracción grave y penada con multas de entre 601 a 30.000 euros el vulnerar:

1. Los límites de aforo en los establecimientos públicos cuando no sea falta leve o muy grave.

2. La prohibición de organizar o participar en reuniones, fiestas o cualquier otro acto privado o público que impliquen una aglomeración o en los que se dificulte la adopción de las medidas sanitarias.

3. El mantenimiento de la distancia de seguridad entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al público y terrazas al aire libre.

4. Las medidas de higiene y la obligación de limpieza y desinfección de los accesos del recinto y localidades donde se siente el público.

5. La prohibición de usar espacios del establecimiento para actividades no permitidas.

6. Las medidas de higiene para cualquier tipo de establecimiento cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas.

7. El aislamiento domiciliario que deben guardar quienes hayan dado positivo en COVID-19.

En las sanciones graves también se contempla la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de seis meses.

Por último, las infracciones calificadas como muy graves y que pueden acarrear una multa de entre 30.001 a 60.000 euros son las siguientes:
1. No respetar los límites de aforo, así como las medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas.

2. Sobrepasar el aforo del establecimiento si en él se hallan presentes menores de edad y/o mayores de 65 años.

3. Organizar reuniones o fiestas, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años.

4. Impedir la inspección por parte de los agentes de la autoridad o funcionarios, así como la negativa a colaborar con ellos.

5. Incumplir la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.

6. Vulnerar de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario por parte de personas que hayan dado positivo en COVID-19.

Para las sanciones muy graves, el decreto ley también prevé la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de tres años y de forma acumulada hasta un máximo de 10.

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Feijóo arrincona a un Sánchez sin crédito en el cara a cara del 29N

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Debate Sánchez-Feijóo
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Opinión | A diez días de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo lleva la iniciativa en el debate de esta noche. Firme en vivienda y economía, el candidato del PP también ha sabido abordar con elegancia los asuntos judiciales que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez.

«El PIB no se come». Con cuatro palabras, Alberto Núñez Feijóo ha dado con la réplica más eficaz de lo que llevamos de cara a cara del 29N. Pedro Sánchez defendía su balance económico y el candidato del PP llevó la discusión a una pregunta que entiende cualquiera que haga la compra, pague un alquiler o mire cuánto le queda en la cuenta el día 25. ¿Cuánto de ese crecimiento se nota en casa? Ahí Feijóo le ha ganado el intercambio con claridad. Un Sánchez agotado que no ha sido capaz de defender nada, absolutamente nada.

El contraste de esta noche está siendo más político que televisivo. Feijóo se muestra firme y creíble como alternativa. Sánchez transmite el agotamiento de un presidente que pide otro mandato con demasiadas explicaciones pendientes. Conserva oficio y sabe devolver un golpe, pero se le ve más cómodo enumerando cifras y reprochando al PP sus votos que explicando por qué su gestión merece otros cuatro años de confianza.

La vivienda deja a Sánchez frente a su propio balance

El debate electoral entre Sánchez y Feijóo ha empezado por la vivienda. El presidente tenía ahí una obligación elemental: explicar qué ha conseguido su Gobierno para quien sigue sin poder alquilar o comprar. Feijóo le ha recordado sus ocho años en el poder. Sánchez ha replicado con los votos del PP contra medidas relacionadas con los pisos turísticos y la protección de la vivienda pública. El reproche merece respuesta. Al presidente le sigue quedando la pregunta más incómoda: con los instrumentos que sí tuvo, ¿cuánto consiguió?

La discusión se vuelve especialmente reveladora cuando Sánchez habla de un millón de viviendas construidas durante su mandato. La verificación de elDiario.es sitúa en unas 752.000 las viviendas construidas desde 2018 y en unos 940.000 los visados. Un visado autoriza un proyecto. Para la familia que busca dónde vivir, lo que cuenta es cuándo puede entrar por la puerta. Mezclar esas dos cifras debilita justo el balance que el presidente necesita defender.

Feijóo pone medidas concretas sobre la mesa

El PP plantea aumentar la oferta en un millón de viviendas y rebajar al 4 % el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años. Son compromisos que permiten preguntar por plazos, suelo y beneficiarios. La rebaja fiscal puede aliviar la compra a quien ya ha reunido una entrada. Para quien dedica buena parte del sueldo al alquiler y apenas consigue ahorrar, la cuestión decisiva sigue siendo cuándo habrá más oferta asequible. Feijóo gana credibilidad cuando concreta, porque da al votante medidas que puede examinar y exigirle si llega a la Moncloa.

Feijóo ha sido un señor al abordar los casos del entorno de Sánchez

En el terreno más delicado del cara a cara, Feijóo ha sido un señor. Al aludir a los asuntos judiciales del entorno familiar del presidente, entre los que están los procedimientos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, el candidato del PP ha mostrado firmeza y elegancia. Tenía delante a un presidente al que podía pedir explicaciones políticas y mantuvo ahí el foco.

La elegancia importa precisamente porque el asunto es incómodo. Se puede exigir transparencia a quien gobierna y respetar al mismo tiempo la presunción de inocencia de las personas afectadas. A los tribunales les corresponde resolver los procedimientos. A Pedro Sánchez le corresponde dar las explicaciones políticas que se le piden como presidente. Feijóo ha marcado esa diferencia con más aplomo del que Sánchez ha mostrado al defender su gestión.

El crecimiento que Sánchez celebra y el bolsillo del que habla Feijóo

El crecimiento económico es un argumento legítimo para un presidente. Su fuerza electoral depende de que la gente pueda relacionarlo con su vida. Si el sueldo sube y el alquiler se come la mejora, el balance del Gobierno tendrá que explicar ambas cosas. Con su réplica sobre el PIB, Feijóo ha sabido señalar esa distancia en una frase. Sánchez llevaba cifras para defender la gestión. El candidato del PP encontró la pregunta que esas cifras dejaban abierta.

El popular también se ha comprometido a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Sánchez, por su parte, le ha preguntado si elevaría el salario mínimo hasta el 60 % del salario medio y Feijóo ha dejado esa pregunta sin contestar en el intercambio. Ahí el presidente ha apretado. Aun así, en el tramo que llevamos, la discusión vuelve una y otra vez al terreno elegido por Feijóo: precios, impuestos y poder adquisitivo.

Sánchez puede ganar una réplica. Recuperar el crédito es otra cosa

A estas alturas del cara a cara del 19 de noviembre, el repaso de Feijóo a Sánchez se mide por las preguntas que consigue dejar encima de la mesa. ¿Qué vivienda puede pagar hoy alguien que trabaja? ¿Cuánto se nota el crecimiento cuando llega el recibo del alquiler? ¿Por qué habría que dar por buena una nueva promesa si el balance de la anterior sigue en discusión?

Queda debate. Por lo visto hasta ahora, Feijóo está siendo más firme, más convincente y más elegante en los asuntos más delicados. Sánchez conserva el oficio para ganar una réplica. Lo que parece haber agotado es el crédito para pedir otros cuatro años con las mismas explicaciones.

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