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Estas son las sanciones y denuncias que establece el Consell para quien incumple medidas de prevención del COVID
Publicado
hace 6 añosen
El Pleno del Consell ha aprobado el proyecto de decreto ley por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las medidas de prevención frente a la COVID-19.
Con esta norma, la Generalitat centraliza la tramitación e imposición de las sanciones, sin perjuicio de las competencias de los ayuntamientos y del Gobierno central, tal y como establece el Real Decreto ley, del 9 de junio, de medidas urgentes contra la pandemia.
Este decreto ley contiene un cuadro completo de las infracciones y sanciones específicas para quienes incumplan las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para luchar contra la COVID-19.
La norma consta de tres capítulos, quince artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición final. Los responsables de las infracciones administrativas previstas en el texto serán las personas físicas o jurídicas que incurran en alguna de las acciones tipificadas en la norma. En el caso de los menores de edad, serán responsables sus padres o tutores legales.
Respecto a las sanciones, se dividen en tres grupos: leves, graves y muy graves. En el primer grupo, se consideran infracciones leves y, por tanto, susceptibles de ser sancionadas con multas de entre 60 y 600 euros las siguientes acciones:
1. Incumplir la obligación del uso de mascarilla o el uso inadecuado de la misma, si bien está infracción sólo podrá sancionarse con un máximo de 100 euros.
2. Por parte de los establecimientos públicos, el obviar la obligación de informar a los clientes sobre el aforo del local, la distancia mínima interpersonal o el uso de mascarilla.
3. Incumplir las medidas generales de higiene y prevención en locales públicos o privados cuando no suponga riesgo de contagio o el riesgo afecte a menos de 15 personas.
4. La vulneración de la cuarentena por parte de aquellas personas que no hayan dado positivo en Covid-19, pero que sean contactos directos de un enfermo confinado.
5. Quebrantar una orden general de confinamiento.
Por su parte, el decreto ley considera como una infracción grave y penada con multas de entre 601 a 30.000 euros el vulnerar:
1. Los límites de aforo en los establecimientos públicos cuando no sea falta leve o muy grave.
2. La prohibición de organizar o participar en reuniones, fiestas o cualquier otro acto privado o público que impliquen una aglomeración o en los que se dificulte la adopción de las medidas sanitarias.
3. El mantenimiento de la distancia de seguridad entre mesas o agrupaciones de mesas en los locales abiertos al público y terrazas al aire libre.
4. Las medidas de higiene y la obligación de limpieza y desinfección de los accesos del recinto y localidades donde se siente el público.
5. La prohibición de usar espacios del establecimiento para actividades no permitidas.
6. Las medidas de higiene para cualquier tipo de establecimiento cuando suponga riesgo de contagio o afecte a más de 15 personas.
7. El aislamiento domiciliario que deben guardar quienes hayan dado positivo en COVID-19.
En las sanciones graves también se contempla la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de seis meses.
Por último, las infracciones calificadas como muy graves y que pueden acarrear una multa de entre 30.001 a 60.000 euros son las siguientes:
1. No respetar los límites de aforo, así como las medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas.
2. Sobrepasar el aforo del establecimiento si en él se hallan presentes menores de edad y/o mayores de 65 años.
3. Organizar reuniones o fiestas, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años.
4. Impedir la inspección por parte de los agentes de la autoridad o funcionarios, así como la negativa a colaborar con ellos.
5. Incumplir la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.
6. Vulnerar de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario por parte de personas que hayan dado positivo en COVID-19.
Para las sanciones muy graves, el decreto ley también prevé la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de tres años y de forma acumulada hasta un máximo de 10.
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El programa electoral del PP, al detalle: qué cambiaría Feijóo en vivienda e impuestos
Publicado
hace 10 horasen
15 noviembre, 2026
El programa electoral del PP para las generales del 29 de noviembre de 2026 reúne 249 propuestas sobre vivienda, impuestos, inmigración, ayudas sociales y reforma de las instituciones.
El programa electoral del PP para las elecciones generales de 2026 sitúa el acceso a la vivienda, las rebajas fiscales para los jóvenes y el control de la inmigración entre sus principales ejes. Bajo el título «La Reconstrucción Nacional», Alberto Núñez Feijóo presenta 249 medidas con las que aspira a orientar su acción de gobierno si alcanza la Presidencia tras los comicios del 29 de noviembre.
Las propuestas incluyen impulsar la construcción de un millón de viviendas, modificar los requisitos para obtener la nacionalidad española y reorganizar las prestaciones sociales mediante una nueva renta vinculada a la formación y la búsqueda de empleo.
Se trata de compromisos electorales, cuya aplicación dependería de su posterior desarrollo y, cuando corresponda, de la aprobación de los cambios legislativos necesarios.
Vivienda: un millón de inmuebles y rebaja del IVA para menores de 40 años
La vivienda es una de las prioridades del programa del PP. La formación propone impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, apoyándose en una nueva Ley del Suelo y en la reducción de los trámites administrativos.
El planteamiento busca facilitar el desarrollo de nuevas promociones y aumentar la oferta residencial. También incluye la derogación de la actual Ley de Vivienda y la eliminación de los mecanismos de intervención sobre los precios del alquiler.
IVA del 4 % para comprar la primera vivienda nueva
Una de las medidas dirigidas a los jóvenes es reducir del 10 % al 4 % el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años.
En el mercado del alquiler, el partido plantea reducciones en el IRPF para los propietarios que actualicen las rentas por debajo del IPC.
El apartado incorpora, además, una propuesta normativa para permitir la recuperación de viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas, conforme a las condiciones que establezca esa regulación.
Menos IRPF para trabajadores y autónomos jóvenes
La rebaja de impuestos a los jóvenes constituye otro de los puntos destacados del programa de Feijóo.
El PP propone reducir la carga fiscal de trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes del IRPF.
La medida se plantea de forma progresiva y persigue aumentar la renta disponible en los primeros años de actividad laboral. La formación la vincula también con la posibilidad de ahorrar y afrontar la compra de una primera vivienda.
Inmigración: identificación en siete días y refuerzo de las fronteras
El programa electoral del PP de 2026 apuesta por reforzar el control fronterizo y acelerar los procedimientos de devolución de quienes entren irregularmente en España.
Entre sus propuestas figura identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen irregularmente la frontera, con el objetivo de agilizar la tramitación de sus casos.
El documento también contempla:
- Impulsar centros en terceros países para inmigrantes en situación irregular.
- Reforzar los efectivos policiales y los medios de vigilancia en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias.
- Establecer visados asociados a cupos anuales de trabajadores y a las necesidades de los sectores económicos.
- Introducir compromisos de integración para renovar los permisos de residencia.
- Prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.
Los compromisos de integración incluirían el aprendizaje del español y el conocimiento de la Constitución y de los valores de la Unión Europea.
Nuevos requisitos para conseguir la nacionalidad española
El PP propone una nueva Ley de Nacionalidad para modificar las condiciones de acceso a la nacionalidad española.
El planteamiento contempla reforzar los requisitos de residencia legal y continuada, conocimiento del idioma y acreditación de conocimientos sobre la historia y la cultura de España.
Asimismo, recoge un tratamiento preferente para ciudadanos procedentes de países de la Hispanidad.
Una Renta de Activación para reorganizar las ayudas sociales
En protección social, Feijóo plantea crear una Renta de Activación que integre el Ingreso Mínimo Vital y otros subsidios.
El objetivo declarado es vincular la prestación a un acuerdo de formación y búsqueda activa de empleo, con mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos por sus beneficiarios.
Según el planteamiento recogido en el texto, rechazar reiteradamente ofertas de trabajo consideradas adecuadas podría conllevar la pérdida de la ayuda. La definición de los requisitos y de las condiciones de aplicación necesitaría un desarrollo normativo.
Familia y natalidad: permisos por nacimiento y congelación de óvulos
El programa incluye distintas iniciativas de apoyo a las familias y fomento de la natalidad.
Una de ellas consiste en contabilizar al concebido no nacido para determinar determinadas ayudas y beneficios familiares.
También propone facilitar la congelación de óvulos para mujeres jóvenes y ampliar los permisos por nacimiento, con mayor flexibilidad para distribuir los periodos de disfrute.
Una ley nacional de cuidados paliativos
En el ámbito sanitario, el PP plantea aprobar una ley nacional de cuidados paliativos para reforzar la atención a pacientes con enfermedades graves y las prestaciones asistenciales al final de la vida.
La formación sostiene que la falta de recursos o de atención no debe condicionar las decisiones de los pacientes. Este apartado se sitúa en el contexto de su oposición a la legislación sobre eutanasia, aunque las medidas descritas se centran en el desarrollo de los cuidados paliativos.
Seguridad: respuesta a la multirreincidencia y los actos violentos
Las propuestas de seguridad incluyen reforzar los juicios rápidos y endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia.
El PP también plantea que la ocultación del rostro pueda constituir una circunstancia agravante en determinados delitos y establecer responsabilidades para los tutores cuando menores a su cargo participen en actos violentos.
Estas iniciativas requerirían concretar su alcance y las condiciones de aplicación en las correspondientes reformas legales.
Auditoría del gasto público y reducción de la burocracia
La reforma de la Administración incorpora una auditoría de las cuentas públicas durante los primeros cien días de gobierno, junto con la reducción del número de ministerios, altos cargos y asesores.
El programa propone una regla de simplificación administrativa basada en eliminar tres normas vigentes por cada nueva norma aprobada.
En materia presupuestaria, plantea cambios para que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Cambios en la Fiscalía y el Tribunal Constitucional
El documento contempla un mandato único de cinco años para el fiscal general del Estado, así como un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial para su designación.
Respecto al Tribunal Constitucional, propone impedir el acceso de candidatos que hayan desempeñado cargos políticos durante los cinco años anteriores.
Derogación de las leyes de Amnistía y Memoria Democrática
Entre los compromisos legislativos del PP figura derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática.
La formación plantea, además, recuperar en el Código Penal los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal.
Se trata de uno de los bloques del programa que concentra las propuestas de cambio respecto a la legislación aprobada en anteriores etapas.
Un plan de infraestructuras de más de 300.000 millones
El programa de Feijóo contempla un plan nacional de inversiones superior a los 300.000 millones de euros durante quince años, con participación pública y privada.
El proyecto abarcaría carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas y energéticas, con el propósito de renovar y modernizar estas redes.
Prevención de catástrofes y sistemas de alerta
El PP también propone mejorar la detección de riesgos y los mecanismos de aviso ante fenómenos meteorológicos extremos.
El texto da prioridad al mantenimiento, limpieza y ampliación de cauces y barrancos por parte de las confederaciones hidrográficas.
Asimismo, defiende que el Gobierno central intervenga desde el primer momento ante una catástrofe, sin esperar a que las administraciones afectadas soliciten su actuación.
Reforma de RTVE y de la agencia EFE
El apartado dedicado a los medios públicos propone modificar el funcionamiento de RTVE y la agencia EFE.
El PP presenta estas reformas con el objetivo de reforzar su independencia, pluralidad y credibilidad, así como su vocación de servicio público.
Aquí puedes descargarte el programa electoral completo:
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