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Estos son los bienes que declaran el Alcalde y los concejales de València

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VALÈNCIA, 4 Jul. – Fernando Giner (Ciudadanos) y Emiliano García (PSPV) son los concejales del Ayuntamiento de València que más declaran en su relación de bienes y actividades patrimoniales, con hasta 2,05 y 1,19 millones de activo, respectivamente, frente a Lucía Beamud (Compromís) y Amparo Picó (Cs) y sus 2.000 y 1.000 euros.

Según las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y actividades de los 33 ediles que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) declara un activo de un total de 225.752 euros –109.207 de ellos de bienes inmuebles– y deudas por 34.788 euros.

Como otras actividades, Ribó aparece en su condición de primer edil como presidente, vicepresidente, patrono o miembro de consejos de administración en varias entidades. También figura desde 2011 como accionista del Hort Solar La Valcanera, en la localidad valenciana de Otos.

Entre el resto de portavoces, la del grupo socialista, Sandra Gómez, declara bienes por 27.000 euros –nada en concepto de inmuebles–, no posee deudas y solo figura su cargo de concejala. La del PP, Mª José Catalá, declara un total de 135.394 euros en activos –107.947 en bienes inmuebles–, debe 218.281 y aparece como diputada en Les Corts antes de la constitución del Ayuntamiento y colaboradora de universidades.

Pero el récord lo ostenta Fernando Giner, de Ciudadanos, con activos declarados por un total de 2.058.158 euros –499.387 de ellos en inmuebles y más de 1,55 millones en otros bienes–, 120.000 euros en deudas y solo con su actividad como concejal. Y del nuevo grupo de Vox, José Gosálbez declara bienes por 227.679 euros –68.017 inmuebles– y deudas por 92.049.

CONCEJALES DE COMPROMÍS
Entre los diez representantes de Compromís, Giuseppe Grezzi repite en el cargo con 121.785 euros declarados en concepto de bienes, sin inmuebles ni deudas y solo con la actividad de concejal. También siguen Isabel Lozano, que declara 72.818 euros –29.649 en inmuebles– deudas por 7.644 y actividad como representante del Ayuntamiento en otros organismos, y Sergi Campillo con bienes por 63.673 euros, sin inmuebles ni deudas y con aportaciones en una planta solar y una cooperativa.

Otros de los concejales ‘repetidores’ de la coalición son Glòria Tello –bienes por 58.525 euros, 18.059 en de ellos inmuebles, deudas de 80.322 y sin otras actividades–, Carlos Galiana –declara 46.719 euros, 37.626 de ellos en inmuebles; 93.961 en deudas y actividad como administrador único de El Acróbata Producciones y presidente de Mercavalència– y Pere Fuset –activos por 35.968 euros, sin deudas ni inmuebles y solo como edil–.

De los nuevos ediles de Compromís, la exasesora Mª Luisa Notario declara bienes por 146.444 euros –47.049 en inmuebles–, sin deudas y anteriormente como personal eventual, mientras que Alejandro Ramón 4.647 euros, sin deudas y anteriormente como alcalde de la pedanía Castellar-L’Oliveral y dependiente de una tienda deportiva.

También ‘novata’ de la coalición, la más joven de todo el consistorio, Lucía Beamud, se estrena en el cargo con la declaración de 2.000 euros de bienes, sin inmuebles ni deudas. En 2015 fue alcaldesa de la pedanía de La Torre-Faitanar.

EDILES SOCIALISTAS
Dentro del Govern de la Nau, de los nuevos del PSPV, el hostelero de ‘Casa Montaña’ Emiliano García es el que más declara con diferencia, hasta 1.195.556 euros –243.332 en inmuebles– y deudas por 234.378. También es patrono de Fundación Étnor y administrador de Habitat Barraca.

Los otros cuatro socialistas ‘novatos’ son Elisa Valía, con activos en su declaración por 159.199 euros –40.716 en inmuebles– y 90.661 en deudas; Mª Teresa Ibáñez, que declara 121.785 euros, sin inmuebles, deudas u otras actividades; Mª Pilar Bernabé –asesora de Gómez en el anterior mandato–, con bienes por 42.503 euros –34.033 en inmuebles– y deudas por 92.464, y Aaron Cano activos por 37.527 –15.899 en inmuebles–, debe 137.605 y figura anteriormente como asesor en la Diputación y vocal del patronato de Fidaelso.

El único edil del PSPV que repite, además de Sandra Gómez, es Ramón Vilar, con bienes declarados por un total de 417.655 euros –243.190 en bienes inmuebles–, sin deudas y como consejero del club de fútbol Levante UD entre sus otras actividades.

OPOSICIÓN
De los ocho ‘populares’, entre los nuevos, Mª José Ferrer declara 219.180 euros como bienes y debe 63.675, Carlos Luis Mundina –exasesor– 189.962 y debe 122.935, Juan Giner 182.995 y no tiene deudas, Santiago Ballester 175.207 en activos y 46.544 en deudas, Julia Climent 69.359 y deudas por 55.397 y Paula Mª Llobet 40.854 y debe 53.374. Repite Marta Torrado –concejala con la exalcaldesa Rita Barberá y diputada en el Congreso–, con 160.115 euros declarados como bienes y deudas por 29.500.

Entre los seis ediles ‘naranjas’, el nuevo Francisco Javier Copoví declara bienes por 170.138 euros, deudas por 68.881 y figura como director de la firma de cosmética Alan Coar, mientras que Rafael Pardo 91.449 en el activo y 58.123 como deudas y la que fuera fallera mayor Rocío Gil cuenta con activos declarados por 9.924 euros, sin deudas. Repiten Narciso Estellés, con bienes por 85.572 euros y 138.047 en deudas, y Mª Amparo Picó, con mil euros como bienes y 7.100 en deudas.

Y de los dos de Vox, tras el portavoz, el nuevo concejal Vicente Montáñez declara bienes por un total de 251.200 euros, hasta 250.000 en inmuebles, y deudas por 96.000, sin otra actividad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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