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Estos son los bienes que declaran el Alcalde y los concejales de València
Publicado
hace 6 añosen
VALÈNCIA, 4 Jul. – Fernando Giner (Ciudadanos) y Emiliano García (PSPV) son los concejales del Ayuntamiento de València que más declaran en su relación de bienes y actividades patrimoniales, con hasta 2,05 y 1,19 millones de activo, respectivamente, frente a Lucía Beamud (Compromís) y Amparo Picó (Cs) y sus 2.000 y 1.000 euros.
Según las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y actividades de los 33 ediles que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) declara un activo de un total de 225.752 euros –109.207 de ellos de bienes inmuebles– y deudas por 34.788 euros.
Como otras actividades, Ribó aparece en su condición de primer edil como presidente, vicepresidente, patrono o miembro de consejos de administración en varias entidades. También figura desde 2011 como accionista del Hort Solar La Valcanera, en la localidad valenciana de Otos.
Entre el resto de portavoces, la del grupo socialista, Sandra Gómez, declara bienes por 27.000 euros –nada en concepto de inmuebles–, no posee deudas y solo figura su cargo de concejala. La del PP, Mª José Catalá, declara un total de 135.394 euros en activos –107.947 en bienes inmuebles–, debe 218.281 y aparece como diputada en Les Corts antes de la constitución del Ayuntamiento y colaboradora de universidades.
Pero el récord lo ostenta Fernando Giner, de Ciudadanos, con activos declarados por un total de 2.058.158 euros –499.387 de ellos en inmuebles y más de 1,55 millones en otros bienes–, 120.000 euros en deudas y solo con su actividad como concejal. Y del nuevo grupo de Vox, José Gosálbez declara bienes por 227.679 euros –68.017 inmuebles– y deudas por 92.049.
CONCEJALES DE COMPROMÍS
Entre los diez representantes de Compromís, Giuseppe Grezzi repite en el cargo con 121.785 euros declarados en concepto de bienes, sin inmuebles ni deudas y solo con la actividad de concejal. También siguen Isabel Lozano, que declara 72.818 euros –29.649 en inmuebles– deudas por 7.644 y actividad como representante del Ayuntamiento en otros organismos, y Sergi Campillo con bienes por 63.673 euros, sin inmuebles ni deudas y con aportaciones en una planta solar y una cooperativa.
Otros de los concejales ‘repetidores’ de la coalición son Glòria Tello –bienes por 58.525 euros, 18.059 en de ellos inmuebles, deudas de 80.322 y sin otras actividades–, Carlos Galiana –declara 46.719 euros, 37.626 de ellos en inmuebles; 93.961 en deudas y actividad como administrador único de El Acróbata Producciones y presidente de Mercavalència– y Pere Fuset –activos por 35.968 euros, sin deudas ni inmuebles y solo como edil–.
De los nuevos ediles de Compromís, la exasesora Mª Luisa Notario declara bienes por 146.444 euros –47.049 en inmuebles–, sin deudas y anteriormente como personal eventual, mientras que Alejandro Ramón 4.647 euros, sin deudas y anteriormente como alcalde de la pedanía Castellar-L’Oliveral y dependiente de una tienda deportiva.
También ‘novata’ de la coalición, la más joven de todo el consistorio, Lucía Beamud, se estrena en el cargo con la declaración de 2.000 euros de bienes, sin inmuebles ni deudas. En 2015 fue alcaldesa de la pedanía de La Torre-Faitanar.
EDILES SOCIALISTAS
Dentro del Govern de la Nau, de los nuevos del PSPV, el hostelero de ‘Casa Montaña’ Emiliano García es el que más declara con diferencia, hasta 1.195.556 euros –243.332 en inmuebles– y deudas por 234.378. También es patrono de Fundación Étnor y administrador de Habitat Barraca.
Los otros cuatro socialistas ‘novatos’ son Elisa Valía, con activos en su declaración por 159.199 euros –40.716 en inmuebles– y 90.661 en deudas; Mª Teresa Ibáñez, que declara 121.785 euros, sin inmuebles, deudas u otras actividades; Mª Pilar Bernabé –asesora de Gómez en el anterior mandato–, con bienes por 42.503 euros –34.033 en inmuebles– y deudas por 92.464, y Aaron Cano activos por 37.527 –15.899 en inmuebles–, debe 137.605 y figura anteriormente como asesor en la Diputación y vocal del patronato de Fidaelso.
El único edil del PSPV que repite, además de Sandra Gómez, es Ramón Vilar, con bienes declarados por un total de 417.655 euros –243.190 en bienes inmuebles–, sin deudas y como consejero del club de fútbol Levante UD entre sus otras actividades.
OPOSICIÓN
De los ocho ‘populares’, entre los nuevos, Mª José Ferrer declara 219.180 euros como bienes y debe 63.675, Carlos Luis Mundina –exasesor– 189.962 y debe 122.935, Juan Giner 182.995 y no tiene deudas, Santiago Ballester 175.207 en activos y 46.544 en deudas, Julia Climent 69.359 y deudas por 55.397 y Paula Mª Llobet 40.854 y debe 53.374. Repite Marta Torrado –concejala con la exalcaldesa Rita Barberá y diputada en el Congreso–, con 160.115 euros declarados como bienes y deudas por 29.500.
Entre los seis ediles ‘naranjas’, el nuevo Francisco Javier Copoví declara bienes por 170.138 euros, deudas por 68.881 y figura como director de la firma de cosmética Alan Coar, mientras que Rafael Pardo 91.449 en el activo y 58.123 como deudas y la que fuera fallera mayor Rocío Gil cuenta con activos declarados por 9.924 euros, sin deudas. Repiten Narciso Estellés, con bienes por 85.572 euros y 138.047 en deudas, y Mª Amparo Picó, con mil euros como bienes y 7.100 en deudas.
Y de los dos de Vox, tras el portavoz, el nuevo concejal Vicente Montáñez declara bienes por un total de 251.200 euros, hasta 250.000 en inmuebles, y deudas por 96.000, sin otra actividad.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Publicado
hace 24 horasen
29 noviembre, 2025
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en España desde 1994. Se trata de dos jabalíes hallados muertos en los alrededores del campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès. La detección se produjo los días 25 y 26 de noviembre y ha sido notificada por los servicios veterinarios oficiales de Cataluña.
Este hallazgo supone un hecho relevante para el sector porcino español —uno de los más potentes del mundo— y activa todos los protocolos de bioseguridad, control y vigilancia epidemiológica.
La peste porcina africana es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalíes.
No es zoonósica, es decir, no afecta a los humanos ni se transmite por consumo de carne, pero tiene un impacto devastador en la producción ganadera y en el comercio internacional de porcino.
Contacto directo entre animales infectados.
Restos biológicos, secreciones y cadáveres.
Piensos, vehículos o materiales contaminados.
Movimientos de fauna silvestre, especialmente jabalíes.
La enfermedad no tiene cura ni vacuna efectiva a nivel comercial en Europa, por lo que la prevención y la detección temprana son esenciales.
Tras la confirmación, el MAPA ha delimitado un área de vigilancia de 20 kilómetros, que incluye 64 municipios y afecta directamente a 39 explotaciones porcinas.
En el radio más cercano (6 km) se han decretado medidas excepcionales:
Cierre total del acceso al medio natural.
Suspensión de actividades de caza y trabajos forestales.
Prohibición de actividades en zonas rústicas por razones de bioseguridad.
Instalación de barreras físicas y trampas para controlar jabalíes.
Restricciones en el Parque Natural de Collserola.
Los municipios afectados incluyen Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, Terrassa y Rubí, entre otros.
Interporc ha informado de que todas las explotaciones de la zona verán restringida su actividad y los movimientos de entrada y salida. Además, se han activado inspecciones clínicas, análisis epidemiológicos y la toma de muestras.
El conseller Òscar Ordeig ha advertido del “gran impacto” económico, especialmente por el freno a las exportaciones.
El porcino supone el 19,3% de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña, con unas 14 industrias de Barcelona potencialmente afectadas por el bloqueo comercial, especialmente hacia China. Si el confinamiento de granjas se prolonga un año, tal y como estima el Govern, el impacto será notable.
La Interprofesional destaca que estos dos casos se han detectado de forma precoz, lo que pone de manifiesto el alto nivel de vigilancia sanitaria en España y la coordinación entre administraciones.
España es un referente mundial en control sanitario porcino, una posición que debe protegerse para mantener la competitividad del sector.
La Federación Española de Caza ha recordado que los cazadores son fundamentales en:
La detección de cadáveres.
El control poblacional del jabalí, principal reservorio.
La vigilancia sanitaria en el territorio.
Además, llama a extremar la manipulación higiénica de piezas, gestionar adecuadamente los subproductos y evitar movimientos no autorizados de restos biológicos.
El jabalí es el principal vector de expansión en Europa. La OMSA advierte que, desde 2022, la PPA ha provocado la muerte de 2,2 millones de cerdos en 69 países, siendo Europa la región más afectada, con más de 30.000 focos entre cerdos y jabalíes en tres años.
Organizaciones agrarias como Unión de Uniones reclaman desde hace años un mayor control de fauna silvestre para evitar que enfermedades como esta encuentren un reservorio permanente.
Agricultura insiste en extremar la bioseguridad:
Limpieza y desinfección estricta de vehículos y materiales.
Control de acceso a explotaciones.
Limitación de visitas y movimiento de animales.
Vigilancia activa en jabalíes y cerdos.
Comunicación inmediata ante cualquier sospecha.
Con la activación del plan de contingencia:
Se intensificará la vigilancia epidemiológica.
Se rastreará el origen de la introducción del virus.
Se delimitarán nuevas zonas si aparecen más casos.
Se mantendrán las restricciones comerciales hasta que se declare oficialmente libre de enfermedad.
El objetivo es frenar la expansión, proteger al sector porcino y evitar que España pierda su estatus sanitario internacional, que ha costado décadas consolidar.
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