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Estos son los bienes que declaran el Alcalde y los concejales de València

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VALÈNCIA, 4 Jul. – Fernando Giner (Ciudadanos) y Emiliano García (PSPV) son los concejales del Ayuntamiento de València que más declaran en su relación de bienes y actividades patrimoniales, con hasta 2,05 y 1,19 millones de activo, respectivamente, frente a Lucía Beamud (Compromís) y Amparo Picó (Cs) y sus 2.000 y 1.000 euros.

Según las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y actividades de los 33 ediles que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) declara un activo de un total de 225.752 euros –109.207 de ellos de bienes inmuebles– y deudas por 34.788 euros.

Como otras actividades, Ribó aparece en su condición de primer edil como presidente, vicepresidente, patrono o miembro de consejos de administración en varias entidades. También figura desde 2011 como accionista del Hort Solar La Valcanera, en la localidad valenciana de Otos.

Entre el resto de portavoces, la del grupo socialista, Sandra Gómez, declara bienes por 27.000 euros –nada en concepto de inmuebles–, no posee deudas y solo figura su cargo de concejala. La del PP, Mª José Catalá, declara un total de 135.394 euros en activos –107.947 en bienes inmuebles–, debe 218.281 y aparece como diputada en Les Corts antes de la constitución del Ayuntamiento y colaboradora de universidades.

Pero el récord lo ostenta Fernando Giner, de Ciudadanos, con activos declarados por un total de 2.058.158 euros –499.387 de ellos en inmuebles y más de 1,55 millones en otros bienes–, 120.000 euros en deudas y solo con su actividad como concejal. Y del nuevo grupo de Vox, José Gosálbez declara bienes por 227.679 euros –68.017 inmuebles– y deudas por 92.049.

CONCEJALES DE COMPROMÍS
Entre los diez representantes de Compromís, Giuseppe Grezzi repite en el cargo con 121.785 euros declarados en concepto de bienes, sin inmuebles ni deudas y solo con la actividad de concejal. También siguen Isabel Lozano, que declara 72.818 euros –29.649 en inmuebles– deudas por 7.644 y actividad como representante del Ayuntamiento en otros organismos, y Sergi Campillo con bienes por 63.673 euros, sin inmuebles ni deudas y con aportaciones en una planta solar y una cooperativa.

Otros de los concejales ‘repetidores’ de la coalición son Glòria Tello –bienes por 58.525 euros, 18.059 en de ellos inmuebles, deudas de 80.322 y sin otras actividades–, Carlos Galiana –declara 46.719 euros, 37.626 de ellos en inmuebles; 93.961 en deudas y actividad como administrador único de El Acróbata Producciones y presidente de Mercavalència– y Pere Fuset –activos por 35.968 euros, sin deudas ni inmuebles y solo como edil–.

De los nuevos ediles de Compromís, la exasesora Mª Luisa Notario declara bienes por 146.444 euros –47.049 en inmuebles–, sin deudas y anteriormente como personal eventual, mientras que Alejandro Ramón 4.647 euros, sin deudas y anteriormente como alcalde de la pedanía Castellar-L’Oliveral y dependiente de una tienda deportiva.

También ‘novata’ de la coalición, la más joven de todo el consistorio, Lucía Beamud, se estrena en el cargo con la declaración de 2.000 euros de bienes, sin inmuebles ni deudas. En 2015 fue alcaldesa de la pedanía de La Torre-Faitanar.

EDILES SOCIALISTAS
Dentro del Govern de la Nau, de los nuevos del PSPV, el hostelero de ‘Casa Montaña’ Emiliano García es el que más declara con diferencia, hasta 1.195.556 euros –243.332 en inmuebles– y deudas por 234.378. También es patrono de Fundación Étnor y administrador de Habitat Barraca.

Los otros cuatro socialistas ‘novatos’ son Elisa Valía, con activos en su declaración por 159.199 euros –40.716 en inmuebles– y 90.661 en deudas; Mª Teresa Ibáñez, que declara 121.785 euros, sin inmuebles, deudas u otras actividades; Mª Pilar Bernabé –asesora de Gómez en el anterior mandato–, con bienes por 42.503 euros –34.033 en inmuebles– y deudas por 92.464, y Aaron Cano activos por 37.527 –15.899 en inmuebles–, debe 137.605 y figura anteriormente como asesor en la Diputación y vocal del patronato de Fidaelso.

El único edil del PSPV que repite, además de Sandra Gómez, es Ramón Vilar, con bienes declarados por un total de 417.655 euros –243.190 en bienes inmuebles–, sin deudas y como consejero del club de fútbol Levante UD entre sus otras actividades.

OPOSICIÓN
De los ocho ‘populares’, entre los nuevos, Mª José Ferrer declara 219.180 euros como bienes y debe 63.675, Carlos Luis Mundina –exasesor– 189.962 y debe 122.935, Juan Giner 182.995 y no tiene deudas, Santiago Ballester 175.207 en activos y 46.544 en deudas, Julia Climent 69.359 y deudas por 55.397 y Paula Mª Llobet 40.854 y debe 53.374. Repite Marta Torrado –concejala con la exalcaldesa Rita Barberá y diputada en el Congreso–, con 160.115 euros declarados como bienes y deudas por 29.500.

Entre los seis ediles ‘naranjas’, el nuevo Francisco Javier Copoví declara bienes por 170.138 euros, deudas por 68.881 y figura como director de la firma de cosmética Alan Coar, mientras que Rafael Pardo 91.449 en el activo y 58.123 como deudas y la que fuera fallera mayor Rocío Gil cuenta con activos declarados por 9.924 euros, sin deudas. Repiten Narciso Estellés, con bienes por 85.572 euros y 138.047 en deudas, y Mª Amparo Picó, con mil euros como bienes y 7.100 en deudas.

Y de los dos de Vox, tras el portavoz, el nuevo concejal Vicente Montáñez declara bienes por un total de 251.200 euros, hasta 250.000 en inmuebles, y deudas por 96.000, sin otra actividad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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