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Estos son los bienes que declaran el Alcalde y los concejales de València

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VALÈNCIA, 4 Jul. – Fernando Giner (Ciudadanos) y Emiliano García (PSPV) son los concejales del Ayuntamiento de València que más declaran en su relación de bienes y actividades patrimoniales, con hasta 2,05 y 1,19 millones de activo, respectivamente, frente a Lucía Beamud (Compromís) y Amparo Picó (Cs) y sus 2.000 y 1.000 euros.

Según las declaraciones de bienes, derechos patrimoniales y actividades de los 33 ediles que publica este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) declara un activo de un total de 225.752 euros –109.207 de ellos de bienes inmuebles– y deudas por 34.788 euros.

Como otras actividades, Ribó aparece en su condición de primer edil como presidente, vicepresidente, patrono o miembro de consejos de administración en varias entidades. También figura desde 2011 como accionista del Hort Solar La Valcanera, en la localidad valenciana de Otos.

Entre el resto de portavoces, la del grupo socialista, Sandra Gómez, declara bienes por 27.000 euros –nada en concepto de inmuebles–, no posee deudas y solo figura su cargo de concejala. La del PP, Mª José Catalá, declara un total de 135.394 euros en activos –107.947 en bienes inmuebles–, debe 218.281 y aparece como diputada en Les Corts antes de la constitución del Ayuntamiento y colaboradora de universidades.

Pero el récord lo ostenta Fernando Giner, de Ciudadanos, con activos declarados por un total de 2.058.158 euros –499.387 de ellos en inmuebles y más de 1,55 millones en otros bienes–, 120.000 euros en deudas y solo con su actividad como concejal. Y del nuevo grupo de Vox, José Gosálbez declara bienes por 227.679 euros –68.017 inmuebles– y deudas por 92.049.

CONCEJALES DE COMPROMÍS
Entre los diez representantes de Compromís, Giuseppe Grezzi repite en el cargo con 121.785 euros declarados en concepto de bienes, sin inmuebles ni deudas y solo con la actividad de concejal. También siguen Isabel Lozano, que declara 72.818 euros –29.649 en inmuebles– deudas por 7.644 y actividad como representante del Ayuntamiento en otros organismos, y Sergi Campillo con bienes por 63.673 euros, sin inmuebles ni deudas y con aportaciones en una planta solar y una cooperativa.

Otros de los concejales ‘repetidores’ de la coalición son Glòria Tello –bienes por 58.525 euros, 18.059 en de ellos inmuebles, deudas de 80.322 y sin otras actividades–, Carlos Galiana –declara 46.719 euros, 37.626 de ellos en inmuebles; 93.961 en deudas y actividad como administrador único de El Acróbata Producciones y presidente de Mercavalència– y Pere Fuset –activos por 35.968 euros, sin deudas ni inmuebles y solo como edil–.

De los nuevos ediles de Compromís, la exasesora Mª Luisa Notario declara bienes por 146.444 euros –47.049 en inmuebles–, sin deudas y anteriormente como personal eventual, mientras que Alejandro Ramón 4.647 euros, sin deudas y anteriormente como alcalde de la pedanía Castellar-L’Oliveral y dependiente de una tienda deportiva.

También ‘novata’ de la coalición, la más joven de todo el consistorio, Lucía Beamud, se estrena en el cargo con la declaración de 2.000 euros de bienes, sin inmuebles ni deudas. En 2015 fue alcaldesa de la pedanía de La Torre-Faitanar.

EDILES SOCIALISTAS
Dentro del Govern de la Nau, de los nuevos del PSPV, el hostelero de ‘Casa Montaña’ Emiliano García es el que más declara con diferencia, hasta 1.195.556 euros –243.332 en inmuebles– y deudas por 234.378. También es patrono de Fundación Étnor y administrador de Habitat Barraca.

Los otros cuatro socialistas ‘novatos’ son Elisa Valía, con activos en su declaración por 159.199 euros –40.716 en inmuebles– y 90.661 en deudas; Mª Teresa Ibáñez, que declara 121.785 euros, sin inmuebles, deudas u otras actividades; Mª Pilar Bernabé –asesora de Gómez en el anterior mandato–, con bienes por 42.503 euros –34.033 en inmuebles– y deudas por 92.464, y Aaron Cano activos por 37.527 –15.899 en inmuebles–, debe 137.605 y figura anteriormente como asesor en la Diputación y vocal del patronato de Fidaelso.

El único edil del PSPV que repite, además de Sandra Gómez, es Ramón Vilar, con bienes declarados por un total de 417.655 euros –243.190 en bienes inmuebles–, sin deudas y como consejero del club de fútbol Levante UD entre sus otras actividades.

OPOSICIÓN
De los ocho ‘populares’, entre los nuevos, Mª José Ferrer declara 219.180 euros como bienes y debe 63.675, Carlos Luis Mundina –exasesor– 189.962 y debe 122.935, Juan Giner 182.995 y no tiene deudas, Santiago Ballester 175.207 en activos y 46.544 en deudas, Julia Climent 69.359 y deudas por 55.397 y Paula Mª Llobet 40.854 y debe 53.374. Repite Marta Torrado –concejala con la exalcaldesa Rita Barberá y diputada en el Congreso–, con 160.115 euros declarados como bienes y deudas por 29.500.

Entre los seis ediles ‘naranjas’, el nuevo Francisco Javier Copoví declara bienes por 170.138 euros, deudas por 68.881 y figura como director de la firma de cosmética Alan Coar, mientras que Rafael Pardo 91.449 en el activo y 58.123 como deudas y la que fuera fallera mayor Rocío Gil cuenta con activos declarados por 9.924 euros, sin deudas. Repiten Narciso Estellés, con bienes por 85.572 euros y 138.047 en deudas, y Mª Amparo Picó, con mil euros como bienes y 7.100 en deudas.

Y de los dos de Vox, tras el portavoz, el nuevo concejal Vicente Montáñez declara bienes por un total de 251.200 euros, hasta 250.000 en inmuebles, y deudas por 96.000, sin otra actividad.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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