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Ford y trabajadores acuerdan un nuevo ERTE de 4 días en Almussafes con el 80% del salario bruto

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MADRID, 14 Jun. – La dirección de Ford España y el comité de empresa de la compañía han acordado este viernes el expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que se llevará a cabo los días 1 y 2 de agosto y 19 y 20 de agosto en Almussafes (Valencia) cumplirá con «exactamente» las mismas condiciones que los anteriores en cuanto a complementos salariales.

Según informó a Europa Press el presidente de comité de empresa, Carlos Faubel, los empleados afectados por el ERTE, tanto los de la planta de vehículos como los de la de montaje de motores, conservarán el 80% de su salario bruto y el 100% de las pagas, vacaciones y antigüedad de los trabajadores

Además, Faubel detalló que Ford ha atendido positivamente a la petición de que se atiendan primero las voluntariedades para abandonar el turno de noche.

Con motivo de la bajada de la producción diaria de la factoría a 100 vehículos desde septiembre por la falta de demanda, 300 trabajadores del turno de noche serían recolocados en el de día y en labores de lanzamiento del nuevo Kuga.

Ante esta situación, Faubel insistió en que se debe realizar un seguimiento del empleo, ante un posible excedente de personal una vez finalicen las tareas de lanzamiento del nuevo Kuga. Según UGT, se realizará a través de la comisión del Observatorio para el Empleo.

«No queremos cerrar un acuerdo que valga tan solo de aquí a diciembre. ¿Y luego qué pasa cuando se lance el coche (nuevo Kuga)? Tenemos que llevar un control sindical del empleo y que no nos pille por sorpresa», subrayó Faubel.

Faubel insistió en que, atendiendo estas necesidades, será posible alcanzar un nuevo acuerdo entre la compañía y el comité de empresa, que se reunirán el próximo lunes a las 15.00 horas.

Asimismo, el presidente del comité de empresa de Ford España dejó claro que la reducción de producción que se llevará a cabo en la instalación valenciana y el ERTE están vinculados con la baja demanda de vehículos y que no tiene nada que ver con el plan de reestructuración iniciado por la marca estadounidense en Europa con el objetivo de alcanzar un negocio rentable y sostenible.

En España, la firma del óvalo emplea a unas 8.100 personas repartidas en tres turnos y creará unas instalaciones de montaje de baterías para vehículos electrificados, que se espera que estén operativas en septiembre de 2020.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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