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Hacienda ayudará a los ciudadanos a hacer la declaración de la renta a través de puntos de atención

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Hacienda adelanta la declaración de la renta en 2024

El Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) ofrecerá, por primera vez, asistencia gratuita permanente para elaborar la declaración de renta y para su presentación telemática en nueve municipios de la Comunitat Valenciana (Sant Mateu, Segorbe, L’Alcora, Chelva, Chiva, Albaida, Altea, Busot y Santa Pola) en colaboración con sus respectivos ayuntamientos.

El pleno del Consell ha aprobado el convenio que posibilitará esta cooperación, que tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias evitándoles desplazamientos, ya que, hasta ahora, este servicio sólo se prestaba en las delegaciones del IVAT situadas en las ciudades de València, Alicante y Castellón.

La asistencia se pondrá en marcha coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, a principios de mayo, y se prolongará durante todo el periodo para formular la declaración.
La medida, que supondrá para los ciudadanos un ahorro de tiempo y dinero, tiene como finalidad mejorar el nivel de prestación del servicio de asistencia al contribuyente que presta el IVAT y que se enmarca en la campaña «Més prop de tú».

Entre 2004 y 2011 existió una iniciativa consistente en una unidad móvil itinerante que se desplazaba de un municipio a otro. Pero esta es la primera vez que se dispondrá de sedes estables al margen de las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana.

UNA COLABORACIÓN FRUCTÍFERA
Tal como se recoge en el convenio de colaboración, el IVAT aportará el personal especializado en materia tributaria que prestará los servicios de asistencia en turnos de mañana y tarde.
Asimismo, también proveerá los equipos informáticos y programas que se precisen en los espacios de atención; gestionará la cita previa a través de la web y dispondrá de un teléfono en el que poder consultar, en cualquier momento, dudas e incidencias.

Por su parte, los ayuntamientos se encargarán de aportar los locales, que deberán ser accesibles para personas con diversidad funcional, así como disponer de sala de espera y de conexión a Internet, además del material de oficina.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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