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Hacienda ayudará a los ciudadanos a hacer la declaración de la renta a través de puntos de atención

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Hacienda adelanta la declaración de la renta en 2024

El Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) ofrecerá, por primera vez, asistencia gratuita permanente para elaborar la declaración de renta y para su presentación telemática en nueve municipios de la Comunitat Valenciana (Sant Mateu, Segorbe, L’Alcora, Chelva, Chiva, Albaida, Altea, Busot y Santa Pola) en colaboración con sus respectivos ayuntamientos.

El pleno del Consell ha aprobado el convenio que posibilitará esta cooperación, que tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias evitándoles desplazamientos, ya que, hasta ahora, este servicio sólo se prestaba en las delegaciones del IVAT situadas en las ciudades de València, Alicante y Castellón.

La asistencia se pondrá en marcha coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, a principios de mayo, y se prolongará durante todo el periodo para formular la declaración.
La medida, que supondrá para los ciudadanos un ahorro de tiempo y dinero, tiene como finalidad mejorar el nivel de prestación del servicio de asistencia al contribuyente que presta el IVAT y que se enmarca en la campaña «Més prop de tú».

Entre 2004 y 2011 existió una iniciativa consistente en una unidad móvil itinerante que se desplazaba de un municipio a otro. Pero esta es la primera vez que se dispondrá de sedes estables al margen de las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana.

UNA COLABORACIÓN FRUCTÍFERA
Tal como se recoge en el convenio de colaboración, el IVAT aportará el personal especializado en materia tributaria que prestará los servicios de asistencia en turnos de mañana y tarde.
Asimismo, también proveerá los equipos informáticos y programas que se precisen en los espacios de atención; gestionará la cita previa a través de la web y dispondrá de un teléfono en el que poder consultar, en cualquier momento, dudas e incidencias.

Por su parte, los ayuntamientos se encargarán de aportar los locales, que deberán ser accesibles para personas con diversidad funcional, así como disponer de sala de espera y de conexión a Internet, además del material de oficina.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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