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Hacienda ha devuelto más de 103 millones de euros a cerca de 190.000 valencianos

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¿Sabes cuándo estás obligado a hacer la declaración?

VALÈNCIA/MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) – La Agencia Tributaria ha devuelto más de 103 millones de euros durante las dos primeras semanas de campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IFPF), correspondiente a la declaración de 2018 efectuada por 189.984 contribuyentes valencianos.

Respecto a los datos del pasado año, el importe total retornado en las dos primeras semanas ha aumentado un 47,96 por ciento, mientras que el número de contribuyentes a los que se ha realizado alguna devolución es un 43,17 por ciento superior al mismo periodo de 2018.

En el conjunto de España, en estas dos primeras semanas de campaña Hacienda ha devuelto en total 1.237 millones de euros a más de dos millones de contribuyentes, lo que supone un 42% más en el importe y un 32% en los contribuyentes.

Según explica Hacienda en un comunicado, la agilización de las devoluciones en el primer tramo de la campaña está directamente vinculada con la aceleración de las presentaciones, facilitada por la anticipación de los servicios de asistencia, las mejoras en el programa ‘Renta Web’ y el nuevo impulso dado a las dos vías de presentación no presencial alternativas, la app y el plan ‘Le Llamamos’, de confección telefónica de declaraciones.

En total, durante estas dos semanas, casi 3,3 millones de contribuyentes han presentado su declaración, lo que supone un 23% más respecto al año pasado. En concreto, las declaraciones con resultado a devolver han aumentado un 22% y las de con resultado a ingresar, un 29%.

La Agencia Tributaria prevé que se presenten 20,35 millones de declaraciones, 361.000 más que el año anterior. De ese total, pronostica que 14,3 millones den derecho a una devolución por un importe estimado de 10.468 millones de euros, un 4,5% más, mientras que cerca de 5,2 millones saldrán con resultado a ingresar, por importe de 10.160 millones.

LAS PRESENTACIONES VÍA APP AUMENTAN UN 49%

Las presentaciones a través de la app han alcanzado las 168.000 declaraciones hasta este viernes, lo que supone un 49% más que el año pasado, de manera que en solo 15 días se ha alcanzado ya un 84% de todas las declaraciones presentadas con la aplicación el pasado año.

De esa cifra total, 131.000 se corresponden con presentaciones ‘en un solo clic’ y el resto son contribuyentes a los que la aplicación ha derivado a la web de la Agencia para realizar alguna modificación y han vuelto a la aplicación para concluir la presentación.

UN 80% CON EL PLAN ‘LE LLAMAMOS’

En cuanto a las declaraciones confeccionadas telefónicamente por la Agencia Tributaria a contribuyentes que han concertado cita previa para el plan ‘Le Llamamos’, se han presentado 45.000, un 80% más, y se han concertado 245.000 citas para que la Agencia les llame.

La presente campaña cuenta también con la incorporación de la cartera de valores del contribuyente en Renta Web, una herramienta que ya han utilizado 154.000 personas este año y que permite visualizar directamente la composición de la cartera a 1 de enero del año de devengo del impuesto y las operaciones del ejercicio, además de volcar todas las rentas generadas por la venta de acciones cotizadas, facilitando la declaración de las plusvalías y minusvalías.

El plazo de presentación finaliza el 1 de julio, para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 26 de junio. La atención presencial en oficinas, por su parte, comienza el 14 de mayo.

 

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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