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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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Los médicos convocan una huelga nacional del 16 al 27 de noviembre para exigir un estatuto propio

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El Sindicato Médicos Unidos llama a los facultativos de toda España a secundar diez días de huelga para reclamar mejores condiciones laborales, una jornada de 35 horas y una regulación específica de la profesión.

Los médicos volverán a la huelga en noviembre. El nuevo Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha convocado un paro de ámbito nacional y autonómico entre el 16 y el 27 de noviembre para exigir la aprobación de un Estatuto del Médico que regule las condiciones específicas de trabajo de los facultativos en toda España.

La organización considera que los profesionales necesitan una normativa propia que reconozca las particularidades de su actividad y establezca unas condiciones laborales comunes, independientemente de la comunidad autónoma en la que ejerzan.

La convocatoria persigue tres objetivos principales: impulsar un Estatuto del Médico, reclamar al Gobierno una financiación extraordinaria para hacer efectivas las mejoras y exigir a las comunidades autónomas medidas inmediatas que alivien la situación laboral del colectivo mientras se tramita la nueva regulación.

Qué reclaman los médicos con la huelga de noviembre

El Sindicato Médicos Unidos defiende que el colectivo disponga de un ámbito específico de negociación con las administraciones y rechaza que sus condiciones profesionales queden integradas en un marco común con otras categorías sanitarias.

Entre las cuestiones que debería recoger el futuro Estatuto del Médico figuran:

  • Una regulación específica del salario médico.
  • Mejoras en la jornada laboral y los descansos.
  • Cambios en el sistema de guardias y su remuneración.
  • Garantías para la continuidad asistencial.
  • Formación continuada y desarrollo profesional.
  • Mejoras en la carrera profesional.
  • Una regulación de las condiciones de jubilación.

El sindicato considera que esta normativa debe garantizar unas condiciones dignas para todos los facultativos, con independencia del territorio en el que trabajen.

Financiación para reforzar las plantillas y mejorar las guardias

La organización advierte de que los cambios laborales no pueden quedarse en compromisos políticos sin respaldo económico. Por ello, reclama una memoria económica rigurosa y una financiación extraordinaria y finalista que permita aplicar las medidas.

Entre sus prioridades se encuentran el refuerzo de las plantillas, la transformación del actual sistema de guardias, el pago adecuado de todas las horas de trabajo médico y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

El sindicato sostiene que cualquier reforma que no cuente con recursos suficientes corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones sin mejoras reales para los profesionales ni para los pacientes.

Jornada de 35 horas y negociaciones autonómicas

Además de reclamar una regulación estatal, el SMU exige a las comunidades autónomas que adopten medidas inmediatas para mejorar las condiciones laborales de los facultativos.

Entre sus propuestas destaca la creación de mesas de negociación específicas para los médicos y la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en aquellos territorios donde todavía no se haya alcanzado.

También reclama plantillas suficientes para cubrir las necesidades asistenciales sin recurrir de forma sistemática al sobresfuerzo de los profesionales.

La situación política no frena la convocatoria de huelga

El Sindicato Médicos Unidos considera que la convocatoria de elecciones generales y la situación de Gobierno en funciones no justifican aplazar una respuesta a las reivindicaciones del colectivo médico.

La organización sostiene que los ministerios de Sanidad y Trabajo continúan siendo interlocutores institucionales válidos dentro de las competencias que mantienen durante este periodo. Asimismo, recuerda que los gobiernos autonómicos siguen teniendo capacidad para negociar y adoptar medidas en sus respectivos ámbitos.

El sindicato también reclama a las formaciones políticas compromisos públicos sobre la aprobación de un futuro Estatuto del Médico.

La huelga del 16 al 27 de noviembre pretende abrir una vía de negociación efectiva y conseguir respuestas concretas a las demandas de los facultativos. La organización ha hecho un llamamiento a las administraciones central y autonómicas para que aborden el conflicto y adopten soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales y la atención sanitaria.

 

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