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La Comunidad Valenciana no pedirá el pase a la fase 2: “El virus sigue entre nosotros”

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El president de la Generalitat Valenciana ha confirmado en una rueda de prensa que la Comunidad Valenciana, en un ejercicio de “prudencia” va a frenar su avance en la desescalada al haber detectado “un ligero repunte en la tasa de contagiados. “El virus sigue entre nosotros” y “un paso atrás sería catastrófico”, ha dicho, justificando no haber pedido al Ministerio de Sanidad el salto hacia la fase 2.

Por tanto, la Comunidad Valenciana permanecerá en la fase 1 ante el riesgo existente de que se produzcan rebrotes si avanzan demasiado rápido. “El coronavirus sigue presente”, ha insistido, indicando que seguirán al menos una semana más en esta fase de la que ya disfruta el 70% de España, a la espera de que se conozca este viernes si podrán sumarse los que quedaron atrás: Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León.

El president también ha detallado que los próximos días se publicarán los datos del coronavirus por municipio, atendiendo así al reclamo de muchos ayuntamientos, al entender que pueden ayudar a mejorar la respuesta conjunta y coordinada contra el COVID-19. Aunque ha insistido: “No se trata de una competición”, y tampoco hay localidades “mejor o peor” que otras.

En esta comparecencia Puig también ha hablado del uso de las playas y ha insistido en considerar “absolutamente razonable” el baño en todo el litoral siempre bajo la adopción de las medidas de seguridad y de prevención pertinentes, como el distanciamiento social y ha explicado que están pendientes de un informe solicitado por la Agencia Valenciana de Turismo, indicando que se trabaja con el objetivo de que los ayuntamientos puedan ordenar adecuadamente el espacio para atender a las exigencias derivadas de la pandemia,pero se ha mostrado favorable a que se permitan algunas actividades como el senderismo o ir a la montaña al considerar que, “con la distancia social suficiente, hay espacios en los que no hay ningún peligro”.

Horizontes temporales a corto, medio y largo plazo

Para asentar las bases de la reconstrucción y responder a los retos a los que se enfrenta la Comunitat Valenciana, se plantean tres horizontes temporales, a corto, medio y largo plazo. Los principales objetivos en cada uno de esos horizontes son:

A corto plazo, se establece la necesidad de aplanar la curva de contagios y ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario; sostener el empleo y el tejido productivo; proteger los ingresos de los más perjudicados y mantener y reforzar la capacidad de pago de las administraciones públicas valencianas.

A medio plazo, se propone volver a generar ingresos para que puedan seguir funcionando el sector privado y el público; evitar el riesgo que representa un endeudamiento público insostenible; mejorar la seguridad del sistema de salud; mejorar la situación de las residencias de personas mayores; adaptar la educación a las limitaciones derivadas del riesgo de contagio y combatir sus potenciales consecuencias para la igualdad de oportunidades; reforzar la capacidad de competir en el nuevo escenario globalizado, fortalecer el tejido productivo para ganar productividad e incorporar el conocimiento como palanca básica para ganar competitividad.

A largo plazo, para acortar la brecha que separa a la Comunitat en PIB per cápita y en productividad de la media nacional, es necesario abordar reformas estructurales para corregir las debilidades del tejido empresarial y del sector público. Esto requiere, en el ámbito privado, el refuerzo del capital humano y del esfuerzo inversor en intangibles, en particular en I+D de las empresas; fomentar el crecimiento de las empresas y la profesionalización de su dirección; aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad. Y en ámbito el público, se necesita la modernización de la Administración; la agilización del marco regulatorio; el refuerzo de la inversión pública y la eliminación de la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana.

Tres grandes líneas estratégicas

El informe agrupa las respuestas a los retos de la situación creada por el coronavirus en torno a tres grandes líneas estratégicas:

– Gestionar el avance de la sociedad del conocimiento, la digitalización y el trabajo del futuro para aprovechar sus muchas oportunidades.
– Adaptar el tejido productivo a ese nuevo escenario que emerge de las tendencias de cambio tecnológicas, sociales y económicas para que sea una normalidad mejorada.
– Modernizar el estado del bienestar y la gobernanza de lo público, promoviendo un desarrollo sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, desde una perspectiva económica, social y medioambiental.

A corto plazo, considera, como ámbitos de actuación especialmente importantes, los siguientes:

– El mantenimiento generalizado de la prevención para limitar el riesgo de contagio.
– La adaptación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta a las crisis.
– La adaptación del sistema educativo a un escenario de presencia limitada en los centros y refuerzo de la digitalización.
– El fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia para responder a los retos sanitarios y del envejecimiento.
– La ampliación de la protección a trabajadores y empresas especialmente afectados por la nueva normalidad, sobre todo turísticas.
– Un programa de lucha contra la exclusión, mediante políticas activas de empleo para colectivos vulnerables.
– Un programa de aprovechamiento empresarial de las oportunidades derivadas de la COVID-19, mediante iniciativas de colaboración público-privada.
– El impulso a la digitalización de familias, pymes, microempresas, autónomos y sector público.
– El refuerzo de la I+D+i orientado a la solución de problemas derivados del COVID-19.
– La colaboración público-privada, simplificando el marco regulatorio y agilizando los procedimientos de contratación.
– El fomento de la movilidad sostenible, desde una perspectiva medioambiental y de riesgos para la salud.
– La revisión de las prioridades de gasto público, adaptándolas al nuevo escenario de necesidades.
– La reforma de financiación autonómica, para poner fin a la actual discriminación de la Generalitat.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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