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La Comunitat Valenciana mantiene el nivel 2 de Emergencias ante un posible rebrote

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Comunitat Valenciana mantendrá la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias para seguir garantizando la mayor capacidad de respuesta ante la pandemia de COVID-19 tras la finalización del estado de alarma.

Así lo ha explicado en la comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de seguimiento entre la Generalitat y la Administración General del Estado con motivo de la pandemia de COVID-19. Al encuentro en el Palau han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; las conselleras de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y de Sanidad Universal, y Salud Pública Ana Barceló, así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Este nivel 2 no supondrá ninguna limitación para la ciudadanía y toda la actividad se regirá por los decretos firmados por el president de la Generalitat, pero permitirá mantener una respuesta coordinada ante un posible rebrote o cualquier otro escenario de la emergencia que se pueda presentar. Puig ha indicado en este sentido que, aunque la pandemia está controlada, «no ha acabado» y las administraciones han de permanecer «en alerta». «El virus sigue ahí», ha subrayado el president, quien se ha mostrado de partidario de mantener la «máxima atención posible».

Por ello, el Plan Territorial de la Comunitat Valenciana se mantendrá en situación 2, la misma que en el momento que se decretó la pandemia, nivel que posibilita mantener activo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para así poder dar una respuesta ágil y coordinada ante cualquier eventualidad relacionada con la pandemia.

Reconocimiento público para el personal que ha luchado en primera línea

Ximo Puig ha avanzado además que la Generalitat realizará un acto de reconocimiento público al personal que ha estado en primera línea de la lucha contra la pandemia «dando la cara por todos», además de concederle, tal y como ya anunció la pasada semana en Les Corts, una compensación económica extraordinaria por el trabajo realizado.

El president ha indicado, asimismo, que la Generalitat seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los valencianos y las valencianas y de todas aquellas personas que visiten la Comunitat en las próximas semanas y meses como destino seguro que es. Puig ha señalado que esta semana es «crucial», con la apertura de fronteras y la recuperación de la movilidad en toda España, por lo que ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos y las ciudadanas respeten las medidas de prevención establecidas.

El president ha insistido también en la importancia de velar por la «detección precoz» de los casos de COVID-19, y ha subrayado, por otro lado, que la Generalitat va a seguir trabajando de forma coordinada con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Ha añadido a este respecto que la «unidad de acción» entre la Administracion central y la autonómica ha dado sus frutos para superar los «momentos más difíciles» de la crisis sanitaria, al igual que también lo ha hecho la responsabilidad con la que ha actuado la ciudadanía al respetar la medidas de confinamiento.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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