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La Comunitat Valenciana mantiene el nivel 2 de Emergencias ante un posible rebrote

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Comunitat Valenciana mantendrá la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias para seguir garantizando la mayor capacidad de respuesta ante la pandemia de COVID-19 tras la finalización del estado de alarma.

Así lo ha explicado en la comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de seguimiento entre la Generalitat y la Administración General del Estado con motivo de la pandemia de COVID-19. Al encuentro en el Palau han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; las conselleras de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, y de Sanidad Universal, y Salud Pública Ana Barceló, así como representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Este nivel 2 no supondrá ninguna limitación para la ciudadanía y toda la actividad se regirá por los decretos firmados por el president de la Generalitat, pero permitirá mantener una respuesta coordinada ante un posible rebrote o cualquier otro escenario de la emergencia que se pueda presentar. Puig ha indicado en este sentido que, aunque la pandemia está controlada, «no ha acabado» y las administraciones han de permanecer «en alerta». «El virus sigue ahí», ha subrayado el president, quien se ha mostrado de partidario de mantener la «máxima atención posible».

Por ello, el Plan Territorial de la Comunitat Valenciana se mantendrá en situación 2, la misma que en el momento que se decretó la pandemia, nivel que posibilita mantener activo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para así poder dar una respuesta ágil y coordinada ante cualquier eventualidad relacionada con la pandemia.

Reconocimiento público para el personal que ha luchado en primera línea

Ximo Puig ha avanzado además que la Generalitat realizará un acto de reconocimiento público al personal que ha estado en primera línea de la lucha contra la pandemia «dando la cara por todos», además de concederle, tal y como ya anunció la pasada semana en Les Corts, una compensación económica extraordinaria por el trabajo realizado.

El president ha indicado, asimismo, que la Generalitat seguirá trabajando para garantizar la seguridad de los valencianos y las valencianas y de todas aquellas personas que visiten la Comunitat en las próximas semanas y meses como destino seguro que es. Puig ha señalado que esta semana es «crucial», con la apertura de fronteras y la recuperación de la movilidad en toda España, por lo que ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos y las ciudadanas respeten las medidas de prevención establecidas.

El president ha insistido también en la importancia de velar por la «detección precoz» de los casos de COVID-19, y ha subrayado, por otro lado, que la Generalitat va a seguir trabajando de forma coordinada con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Ha añadido a este respecto que la «unidad de acción» entre la Administracion central y la autonómica ha dado sus frutos para superar los «momentos más difíciles» de la crisis sanitaria, al igual que también lo ha hecho la responsabilidad con la que ha actuado la ciudadanía al respetar la medidas de confinamiento.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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