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La Generalitat contratará a 1.000 jóvenes de entre 18 y 30 años como asistentes de turistas

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que la Agencia de Seguridad y Respuesta ante las Emergencias (AVSRE), dependiente de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, contratará a 1.000 jóvenes de entre 18 y 30 años como asistentes de turistas en las playas para ofrecer durante los meses de julio y agosto información sobre normas de seguridad y protección.

Puig ha mantenido este jueves una reunión por videoconferencia con el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, y con el presidente de la Comisión de Turismo de la FVMP y alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, para detallarles esta iniciativa de la Generalitat. En la videoconferencia ha participado el director de la AVSRE, José María Ángel.

El presidente mantendrá, asimismo, la próxima semana una reunión con alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana para trasladarles todos los detalles de la actuación.

En declaraciones realizadas durante un coloquio posterior a su intervención en el seminario web ‘Nuevos tiempos, nuevas oportunidades: vías para la recuperación postCOVID-19’, organizado por el periódico Mediterráneo, Puig ha señalado que los ayuntamientos van a tener, a través de esta figura de «asistente de turistas», un «apoyo directo» para informar sobre normas de uso seguro de las playas ante la actual situación de pandemia de COVID-19. De este modo, se garantizará la «máxima seguridad en las playas», ha indicado el responsable del Consell.

«‘Mediterráneo vivo y seguro’ es mucho más que un eslogan; lo que queremos es hacer de la seguridad un activo fundamental de nuestra propuesta turística y, por eso, vamos dando pasos firmes, sólidos y seguros», señalado también el president.

Estos y estas jóvenes asistentes de turistas proporcionarán información sobre las normas de seguridad y protección que la ciudadanía habrá de seguir para hacer compatible el disfrute de las playas y la salud de las personas, al tiempo que se garantiza su cumplimiento.

Para llevarla a cabo, la AVSRE, ha solicitado a Función Pública la puesta en marcha de un plan de empleo temporal para regular la convocatoria y contratación, que está prevista para mediados de junio.

Los jóvenes y las jóvenes contratados recibirán durante los últimos diez días de junio formación sobre las medidas de seguridad y protección que han de trasladar a turistas y personas usuarias de las playas.

Las personas asistentes de turistas aportarán también información a la conselleria sobre el estado de ocupación de las playas.

Se distribuirán provincialmente y su asignación a municipios se realizará en función de las necesidades de estos, atendiendo al grado de saturación de las playas. Además, llevarán un uniforme de la AVSRE que las identificará claramente como personal de la Generalitat, que tendrá la clasificación C2 12 E015.

Funciones

En concreto, las funciones de los puestos serán las de velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social tanto en la zona seca como en los accesos; realizar tareas enmarcadas en el ámbito de la comunicación e información del documento de Guía de Playas Seguras; colaborar en el control de acceso y aforo de playas; asegurar el correcto uso, por parte de las personas usuarias de las playas, de los itinerarios marcados para la entrada y salida de la zona seca; colaborar con los entes gestores en ordenar y planificar un adecuado disfrute del baño, así como notificar las incidencias a la Policía local a través de las comunicaciones que les serán entregadas.

En caso de producirse una emergencia contactarán con el 112. Asimismo, deberán informar diariamente, y siempre que así sea requerido por el órgano correspondiente, de la situación de la playa en lo referente a ocupación e incidencias y tendrán movilidad provincial.

Este plan de empleo temporal viene justificado por la situación de emergencia generada por la COVID-19, ante la que la Generalitat está trabajando y colaborando con los ayuntamientos de cara a la elaboración de planes de contingencia.

El Consell está ultimando un decreto sobre el uso de las playas que incorporará la exigencia a los ayuntamientos de planes de contingencia para garantizar el disfrute de las playas con total seguridad.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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