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La Generalitat dará una ayuda directa de 150 euros para 200.000 trabajadores valencianos afectados por ERTE

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València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado ayudas por valor de 30 millones de euros, que tendrán como beneficiarias a 200.000 personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) originados por la paralización de la actividad económica causada por la pandemia de COVID-19.

Así, para paliar la situación de las personas con rentas bajas afectadas por los ERTE, se les ingresarán 150 euros siempre y cuando tengan una suspensión total de su contrato de trabajo y no perciban complementos a cargo de la empresa.

El jefe del Consell ha manifestado que con estas aportaciones se trata de «fortalecer la sociedad valenciana» y «superar la fractura» a través del acuerdo y la cohesión. «En estos momentos de tanta precariedad – ha proseguido el máximo responsable del Ejecutivo valenciano- se ha de poner por encima de todo el interés general».

En estos términos se ha expresado el president de la Generalitat tras la firma de un acuerdo con los agentes sociales que, además de estas ayudas para personas afectadas por los ERTE, contempla también otro montante de 3 millones de euros para las personas que se han visto obligadas a reducir su jornada laboral por cuidado de menores a su cargo, de mayores o de personas dependientes.

Por lo se refiere a esta segunda línea, la de ayudas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas con reducción de jornada para el cuidado de menores a su cargo, mayores o dependientes, se tratará de compensar la pérdida de ingresos con hasta 600 euros si la reducción de la jornada laboral es total o una aportación correspondiente al porcentaje de reducción de la jornada siempre que esta no sea inferior al 50%.

El acuerdo, al que se ha llegado tras las conversaciones mantenidas en el marco del diálogo social con los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafal Climent, así como con la directora general de Coordinación del Diálogo Social, Zulima Pérez, ha sido rubricado por el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y por los secretarios generales de Comisiones Obreras del País Valencià (CCOO-PV), Arturo León, y de la Unió General de Treballadors del País Valencià (UGT-PV), Ismael Sáez.

Las ayudas para los trabajadores por cuenta ajena que se han incorporado gracias a este Acuerdo con los agentes sociales se suman a las aprobadas por el Consell para los trabajadores autónomos, por importe de 57 millones de euros, así como a los créditos a interés cero para la pequeñas, medianas y grandes empresas de la Comunitat Valenciana.

Acompañamiento en la despedida

Por otra parte, en su comparecencia ante los medios de comunicación, el president de la Generalitat ha avanzado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública va a establecer un mecanismo para garantizar la presencia física de familiares en el momento de la despedida de sus seres queridos con todas las garantías sanitarias.

«Se trata de humanizar la gestión de la pandemia», ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha apostillado que ante «lo peor de esta crisis, que es el rostro de la muerte», el Gobierno valenciano va a trabajar para facilitar ese acompañamiento.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. Yanet

    10 abril, 2020 en 9:03 am

    Mi pregunta es ? A los que nos hemos visto en reducción de jornada que pasa ? Por q si yo estaba trabajando a 6 horas y me han bajado a 2 imajina la nómina de abril como .me las arreglo yo .un saludo

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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