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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1

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La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.

En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.

La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

 

ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA

En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.

De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.

Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.

 

TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS

En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».

Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.

Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.

En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».

 

DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES

También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».

Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.

Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.

«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.

 

Fuente: Europa Press

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Francesc Augé aplaza su eutanasia hasta enero para pasar su última Navidad con su familia

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Francesc Augé, el vecino de Vallirana (Barcelona) de 56 años que llevaba dos años esperando para recibir la eutanasia, ha decidido aplazarla hasta enero. El procedimiento estaba previsto inicialmente para el próximo 26 de noviembre, pero el propio afectado ha optado por retrasarlo para poder pasar las fiestas navideñas con sus seres queridos.

«No quiero un mal recuerdo de las Navidades para mi familia. Lo he decidido yo solo, sin la presión de nadie. Son días muy señalados», ha explicado Francesc en declaraciones a Informativos Telecinco.

El hombre afronta estas semanas como una despedida. «Es mi última Navidad», ha reconocido, aunque asegura que quiere vivirlas intensamente y dejar que las celebraciones transcurran de manera natural, sin imponer a sus familiares cómo deben ser esos últimos días.

La eutanasia de Francesc Augé estaba prevista para el 26 de noviembre

Después de una larga batalla judicial de dos años, la eutanasia de Francesc Augé estaba programada para el 26 de noviembre en un hospital. Sin embargo, ha decidido posponerla hasta enero, sin concretar públicamente el día en el que tendrá lugar.

El afectado ha explicado que no quiere convertir la fecha en un acontecimiento mediático. «No lo digo el día porque no quiero el circo mediático», ha señalado, aludiendo a la exposición pública que rodeó otros casos de eutanasia en España.

La decisión ha sido bien recibida por su entorno. Francesc quiere disfrutar de las fiestas sin presiones y ha adelantado que celebrará el final de año en casa de un amigo, acompañado de música electrónica. También ha expresado su deseo de que la canción ‘Ameno’ suene en su último momento.

Una larga enfermedad después de varios infartos e ictus

La situación de salud de Francesc Augé comenzó a deteriorarse en 2010, cuando sufrió su primer infarto. Años después padeció cuatro ictus y otro infarto, unas complicaciones que han afectado profundamente a su autonomía y a su calidad de vida.

El hombre, que trabajaba como camionero, explica que tiene dificultades para realizar actividades cotidianas. Asegura que le cuesta escribir, leer y hablar, y que las secuelas neurológicas han tenido un fuerte impacto también en su estado psicológico.

«Me cuesta todo en el día a día. No tengo calidad de vida. Por eso, pido la eutanasia», ha explicado.

Francesc ha insistido en que su decisión responde a su propia percepción de la vida que lleva desde que sufrió los problemas de salud. Para él, la pérdida de independencia y las dificultades para comunicarse han sido determinantes.

Dos años de batalla judicial por su derecho a la eutanasia

La solicitud de eutanasia de Francesc Augé quedó bloqueada durante cerca de dos años por la oposición de su padre, de 96 años, que recurrió judicialmente la decisión.

El procedimiento llegó a quedar paralizado mientras se resolvían los recursos. La situación cambió después de que su padre renunciara formalmente a continuar oponiéndose a la eutanasia de su hijo.

La causa judicial terminó archivándose definitivamente, lo que permitió reactivar el procedimiento ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano encargado de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

Durante ese periodo, Francesc llegó a protagonizar un intento de suicidio en septiembre, un episodio que puso de manifiesto la gravedad de su situación personal y la angustia que le generaba la espera.

«La lucha de estos años atrás se ha acabado»

Tras conocer que el procedimiento podía seguir adelante, Francesc aseguró sentirse más tranquilo después de años de incertidumbre.

«La lucha se ha acabado», ha resumido. El afectado afirma que ahora puede afrontar el final de este proceso con la tranquilidad de saber que su decisión ha sido reconocida y que podrá despedirse de sus familiares en las fechas que ha elegido.

El aplazamiento hasta enero responde, según sus propias palabras, al deseo de proteger a su familia durante unas fiestas especialmente significativas. No supone una renuncia a su solicitud, sino una decisión personal sobre el momento en el que quiere recibir la eutanasia.

Por ahora, Francesc no ha querido hacer pública la nueva fecha. Su prioridad es pasar la Navidad con sus seres queridos y vivir estas semanas a su manera, después de una batalla personal y judicial que se ha prolongado durante dos años.

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