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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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RTVE aplaza de nuevo su decisión sobre Eurovisión 2027 y mantiene en el aire la participación de España
Publicado
hace 2 horasen
20 noviembre, 2026
El Consejo de Administración de la corporación pública vuelve a posponer el debate sobre la presencia española en el certamen, mientras el boicot a Israel sigue condicionando la relación con la Unión Europea de Radiodifusión.
La participación de España en Eurovisión 2027 continúa sin estar decidida. RTVE ha vuelto a aplazar el debate sobre si nuestro país acudirá a la próxima edición del festival, que se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas los días 11, 13 y 15 de mayo de 2027.
Según ha informado Jordi Ramos, de RAC1, el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) ha pospuesto nuevamente la discusión sobre esta cuestión. La decisión estaba prevista inicialmente para el pasado 16 de septiembre, pero todavía no se ha fijado una nueva fecha para abordar el futuro de España en el concurso.
Este nuevo aplazamiento mantiene en el aire la continuidad del boicot español a Eurovisión. Ante la falta de una decisión definitiva, RTVE habría solicitado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) una ampliación del plazo para comunicar su postura, hasta diciembre. La misma prórroga se habría concedido a Eslovenia e Islandia.
España todavía no confirma si estará en Eurovisión 2027
España fue uno de los cinco países que decidieron retirarse de Eurovisión 2026 como protesta por la participación de Israel. Una decisión que situó a RTVE junto a otras televisiones públicas europeas que cuestionaron la presencia israelí en el certamen.
De cara a la edición de 2027, Países Bajos e Irlanda ya han anunciado que no participarán. En cambio, España, Eslovenia e Islandia siguen sin comunicar oficialmente su decisión.
La UER ha publicado una lista de 36 emisoras participantes, aunque la postura definitiva de estos tres países continúa pendiente. La situación española dependerá de la decisión que adopte el Consejo de Administración de RTVE en una próxima reunión.
José Pablo López defiende mantener el boicot a Israel
El presidente de RTVE, José Pablo López, ya expresó públicamente el pasado 22 de septiembre su posición contraria al regreso de España mientras Israel continúe formando parte de Eurovisión.
López valoró los avances alcanzados durante las negociaciones con la UER, especialmente en cuestiones relacionadas con la gobernanza del festival, la neutralidad de los patrocinios y la prevención de posibles manipulaciones políticas.
Sin embargo, consideró que estas medidas no eran suficientes para justificar la vuelta de España al concurso. En su argumentación hizo referencia al sufrimiento de la población palestina y a la situación humanitaria en Gaza.
El presidente de la corporación anunció entonces su intención de proponer al Consejo de Administración que RTVE mantuviera suspendida su participación mientras persistiera esta situación.
La trayectoria de España en Eurovisión
España debutó en Eurovisión en 1961, en el festival celebrado en Cannes, y desde entonces mantuvo su participación de forma ininterrumpida hasta su retirada de la edición de 2026.
Nuestro país cuenta con dos victorias. La primera llegó en 1968, cuando Massiel se impuso con ‘La, la, la’. Un año después, Madrid acogió el festival y España volvió a ganar con Salomé y ‘Vivo cantando’, en una edición histórica que terminó con cuatro países empatados en primera posición.
A lo largo de las décadas siguientes, artistas como Julio Iglesias, Karina, Peret, Betty Missiego, Sergio Dalma, Anabel Conde, David Civera, Pastora Soler y Ruth Lorenzo representaron a España en el certamen.
En 2022, Chanel consiguió uno de los mejores resultados de la historia reciente del país. Con ‘SloMo’, la artista alcanzó la tercera posición en Turín y obtuvo 459 puntos, la mayor puntuación española hasta ese momento.
Después llegaron Blanca Paloma, que terminó en el puesto 17 en 2023; Nebulossa, que fue vigésima segunda en 2024; y Melody, que cerró la participación española de 2025 con la canción ‘Esa Diva’. La cantante obtuvo 37 puntos y terminó en el puesto 24.
Ahora, el futuro de España en Eurovisión 2027 vuelve a depender de una decisión que RTVE todavía no ha tomado. La próxima reunión de su Consejo de Administración será clave para conocer si el país mantiene el boicot o contempla regresar al festival.
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