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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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Qué es el sistema LZB y por qué está bajo sospecha tras el accidente de tren en Toledo
Publicado
hace 4 horasen
28 octubre, 2026
El mecanismo de seguridad supervisa la velocidad de los convoyes y puede activar el frenado automático, pero todavía no se ha confirmado que fallara en la colisión ferroviaria de Urda.
El accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo, ha puesto el foco sobre los sistemas de seguridad que controlan la circulación de los trenes de alta velocidad. Mientras los investigadores trabajan para esclarecer las causas de la colisión entre un tren de Renfe y otro de Iryo, una de las cuestiones que se plantea es si los mecanismos de señalización y frenado automático funcionaron correctamente.
Entre los sistemas que centran la atención está el LZB, un mecanismo de protección ferroviaria que supervisa continuamente la velocidad y transmite información sobre las condiciones de circulación. Su función es ayudar a evitar situaciones peligrosas mediante la vigilancia de la marcha del tren y la intervención automática cuando se incumplen determinadas condiciones de seguridad.
Sin embargo, por el momento no se ha confirmado que el LZB estuviera averiado ni que su funcionamiento tuviera relación directa con el accidente de Toledo. Para determinarlo será necesario analizar los registros de los trenes, las señales recibidas y las órdenes de frenado ejecutadas antes de la colisión.
¿Qué es el sistema LZB de los trenes?
LZB son las siglas del término alemán Linienzugbeeinflussung, que puede traducirse como sistema de control de trenes mediante transmisión continua de información.
Se trata de una tecnología de protección ferroviaria que permite supervisar la circulación y comunicar al tren información relevante sobre las condiciones de la vía, los límites de velocidad y las restricciones que debe respetar.
El sistema combina equipos instalados en la infraestructura ferroviaria con dispositivos a bordo del convoy. En su configuración tradicional, la comunicación se realiza mediante un cable conductor situado a lo largo de la vía y antenas instaladas en el tren.
Gracias a esta información, el sistema puede calcular las condiciones de marcha permitidas y comprobar si el convoy respeta los límites establecidos. Si detecta que el tren supera la velocidad autorizada o incumple las condiciones de frenado, puede ordenar una intervención automática.
Su objetivo es añadir una barrera de seguridad frente a errores humanos, excesos de velocidad y determinadas situaciones de riesgo.
¿Puede el sistema LZB frenar un tren automáticamente?
Sí. Una de sus funciones esenciales es supervisar la velocidad y las condiciones de circulación para intervenir cuando el tren no cumple los parámetros de seguridad establecidos.
El sistema calcula, entre otros factores, la velocidad permitida y la distancia disponible para frenar. Si el conductor no responde de la manera requerida ante una restricción, el mecanismo puede activar el frenado automático.
No obstante, un sistema de protección ferroviaria no puede garantizar que se evite cualquier colisión en todas las circunstancias. Su capacidad para detener un tren depende de factores como la velocidad, la distancia disponible, el estado del convoy y el momento en que se detecta una situación peligrosa.
Por eso, para saber si el LZB podría haber evitado el accidente de Urda, será necesario reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos y comprobar qué información tenía disponible cada tren.
¿Qué ocurre si el LZB deja de funcionar?
La pérdida de un sistema de protección no significa necesariamente que un tren quede sin ninguna medida de seguridad. La circulación debe ajustarse a los procedimientos establecidos para esa situación, que pueden incluir limitaciones de velocidad, comprobaciones adicionales y autorizaciones específicas.
En relación con el accidente de Toledo, algunas informaciones han planteado la posibilidad de que se utilizara un procedimiento alternativo durante una interrupción del sistema. Sin embargo, todavía debe aclararse si se produjo realmente esa circunstancia, qué mecanismo de protección estaba activo y bajo qué condiciones se autorizó la circulación.
El ingeniero de Caminos José María Goicolea Ruigómez ha advertido de que no existe una confirmación concluyente de que el sistema automático fallara.
Por tanto, no puede afirmarse que una avería del LZB provocara el accidente. La investigación deberá determinar si el sistema estaba operativo, si recibió correctamente la información y si las órdenes de protección se ejecutaron como estaba previsto.
El sistema LZB y la seguridad de la alta velocidad en España
El LZB está asociado históricamente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, y ha sido utilizado en la protección de la circulación ferroviaria en España.
En las últimas décadas, la red española también ha incorporado el ERTMS (European Rail Traffic Management System), un sistema europeo diseñado para armonizar la señalización y la supervisión de los trenes entre países.
Ambas tecnologías responden al mismo objetivo general de reforzar la seguridad ferroviaria, pero presentan diferencias en su arquitectura y en la forma de transmitir y gestionar la información.
La tecnología concreta instalada en cada tramo y en cada tren resulta determinante para entender cómo se controla la circulación. Por ello, para esclarecer el accidente de Urda será necesario conocer qué sistemas estaban disponibles en el punto del siniestro y cuáles se encontraban activos en cada convoy.
Qué se sabe y qué falta por investigar sobre el accidente de Toledo
La investigación deberá responder a varias preguntas fundamentales: cómo circulaban los dos trenes antes de la colisión, qué señales recibieron sus sistemas de protección, si existieron restricciones de velocidad y qué órdenes de frenado se emitieron.
También será necesario comprobar si hubo incidencias técnicas, errores operativos o incumplimientos de los procedimientos de seguridad.
Hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones, cualquier hipótesis sobre un fallo del LZB debe considerarse provisional. La existencia de un sistema automático de protección no demuestra por sí sola que funcionara mal ni permite atribuirle la responsabilidad del accidente.
El análisis de los registros técnicos y de las actuaciones de los responsables de la circulación será esencial para reconstruir lo ocurrido y determinar si se produjo algún fallo en la cadena de seguridad ferroviaria.
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