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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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Óscar Puente dimite tras el accidente de tren de Urda: «Un ministro no puede continuar en su puesto»
Publicado
hace 8 horasen
3 noviembre, 2026
El ministro de Transportes anuncia su renuncia ante el Congreso después del choque ferroviario de Toledo, que dejó 69 fallecidos, y tras presentar nuevas medidas de seguridad y atención a las víctimas.
Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible este martes, 3 de noviembre, durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. La decisión se produce tras el accidente de tren de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre, y después de una sesión marcada por las exigencias de responsabilidades políticas de la oposición y de varias formaciones que apoyan al Gobierno.
El anuncio ha llegado al final de una jornada en la que Puente había defendido inicialmente su continuidad y había explicado las actuaciones previstas para reforzar la seguridad ferroviaria. Finalmente, ha comunicado que abandona el cargo una vez atendidas las medidas que consideraba más urgentes tras la tragedia.
«Un ministro no puede continuar en su puesto con un accidente de este tipo», ha manifestado ante los diputados. Puente ha presentado su renuncia como una decisión vinculada a la responsabilidad política y ha agradecido el respaldo de su familia, de los militantes socialistas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Óscar Puente anuncia su dimisión después de defender su continuidad
La dimisión de Óscar Puente supone un cambio respecto a la posición que había mantenido durante los días posteriores al accidente y en la propia mañana del martes. Hasta entonces, el ministro sostenía que debía continuar al frente del departamento para gestionar la respuesta a la emergencia y poner en marcha las modificaciones necesarias.
En su intervención final, sin embargo, ha explicado que había decidido dejar el cargo durante los primeros momentos posteriores al siniestro, aunque había optado por hacer pública su renuncia después de abordar la asistencia a los afectados y las actuaciones inmediatas.
El ministro ha defendido que asumir responsabilidades políticas constituye una obligación democrática. Su despedida ha puesto el cierre a una comparecencia centrada tanto en la reconstrucción del accidente como en las deficiencias de seguridad denunciadas por los grupos parlamentarios.
El accidente de tren de Urda deja 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos
El accidente ferroviario de Urda se produjo el miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y afectó a dos trenes de Renfe e Iryo.
Durante su comparecencia, Puente ha situado el balance en 69 personas fallecidas y alrededor de 200 heridas, de las cuales 40 permanecían hospitalizadas, según los datos que ha trasladado a los diputados.
La atención a las víctimas y a sus familiares ha ocupado una parte destacada de su intervención. El ministro ha señalado que las consecuencias del siniestro exigen acompañamiento, asistencia psicológica y respuestas sobre lo sucedido.
La tragedia también ha provocado la interrupción de la circulación ferroviaria en el tramo afectado y ha obligado a reorganizar los desplazamientos entre Madrid y Andalucía.
Qué ha explicado Puente sobre las circunstancias del accidente
La reconstrucción presentada por el ministro se ha centrado en una incidencia del sistema de señalización LZB, registrada aproximadamente a las 8.30 horas en un tramo de 63 kilómetros entre Mora y Malagón.
Según su explicación, esa situación obligó a detener varios trenes y a activar procedimientos alternativos de circulación. Puente ha señalado que el AVE recibió autorización para reanudar la marcha normal pese a que otro convoy permanecía detenido por delante.
El ministro también ha indicado que el tren de Iryo comunicó nuevamente su situación al centro de control cinco minutos antes de la colisión, sin que se adoptara una actuación que evitara el choque.
Estas explicaciones forman parte de la información expuesta por Transportes ante el Congreso. La investigación deberá determinar las causas del accidente y las responsabilidades que pudieran derivarse, sin que la comparecencia parlamentaria sustituya sus conclusiones.
Un problema de comunicación entre equipos
Puente ha relacionado la caída del LZB con un problema de comunicación y sincronización entre ordenadores, aunque ha reconocido que todavía se desconoce la causa concreta que originó esa incidencia.
La sesión ha abierto, además, un debate sobre la capacidad de los procedimientos alternativos para impedir que una equivocación termine en una colisión. Varios grupos han reclamado que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones humanas cuando dejan de funcionar las protecciones automáticas.
Nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria
Antes de anunciar su renuncia, Puente ha detallado un conjunto de actuaciones destinadas a reducir riesgos y recuperar la confianza de los viajeros en la alta velocidad.
Entre las principales medidas figura la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla, mientras se completa la implantación del sistema ERTMS de nivel 2 y se realiza una revisión extraordinaria de los mecanismos de protección.
El ministro ha situado la finalización de esos trabajos a comienzos de 2027 y ha planteado utilizar trenes de doble composición para intentar mantener la oferta de plazas.
Doble validación de las órdenes de circulación
Otra de las actuaciones anunciadas consiste en introducir una comprobación por parte de un segundo controlador cuando fallen los sistemas automáticos de seguridad.
El objetivo es que las instrucciones de circulación reciban una validación adicional antes de ejecutarse, reduciendo el riesgo de que una decisión equivocada provoque una situación peligrosa.
El plan también contempla herramientas tecnológicas para detectar anomalías, mejoras en las pantallas de seguimiento de los trenes y un refuerzo de la formación continua del personal.
Más formación y revisión de los descansos
Puente ha anunciado nuevas acreditaciones, programas de mentoría y simulacros regulares para los profesionales responsables de la circulación.
A estas actuaciones se sumará una revisión de los descansos y de las medidas de prevención de la fatiga. Las condiciones laborales, las plantillas y la carga de trabajo han sido algunas de las cuestiones planteadas durante el debate parlamentario.
Ayudas y atención a las víctimas del accidente de Toledo
La respuesta del Gobierno incluye medidas para facilitar el acceso de las víctimas y sus familiares a las ayudas económicas y a las indemnizaciones correspondientes.
Puente ha anunciado la creación de oficinas de atención en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde residan los afectados, con el propósito de acompañarlos durante la tramitación.
También ha explicado que Adif y Renfe activaron sus dispositivos de asistencia tras el accidente y que los equipos psicológicos movilizados por Renfe habían realizado alrededor de 470 atenciones.
La gestión de estas prestaciones y el acompañamiento a las familias continuarán siendo tareas prioritarias tras la salida del ministro.
Presión parlamentaria para exigir responsabilidades políticas
La comparecencia ha evidenciado la amplitud de las críticas a la gestión ferroviaria. PP, Vox, Junts, PNV, Podemos y BNG han reclamado la salida de Puente durante la jornada, aunque con argumentos y propuestas diferentes.
El PP ha cuestionado las decisiones sobre inversión, mantenimiento y seguridad. Vox ha reclamado responsabilidades judiciales, mientras otras formaciones han exigido auditorías, cambios en la organización del ferrocarril y mayores garantías frente a posibles errores.
ERC ha centrado parte de sus reproches en las condiciones de trabajo y en la necesidad de una revisión integral del sistema. EH Bildu, por su parte, ha defendido que la investigación determine las responsabilidades antes de señalar al ministro o a los empleados ferroviarios.
El PSOE había respaldado la actuación de Puente y rechazado que su dimisión sirviera, por sí sola, para esclarecer las causas del accidente.
La investigación y la recuperación del servicio siguen pendientes
La renuncia de Óscar Puente deja abiertas las principales cuestiones sobre el accidente de tren de Toledo: por qué se produjo la incidencia inicial, cómo se gestionó la circulación y qué barreras de seguridad pudieron impedir el choque.
También permanece pendiente la recuperación del tramo afectado. Durante su comparecencia, el ministro ha explicado que Adif había solicitado autorización judicial para iniciar la reparación de la infraestructura y ha evitado ofrecer una fecha definitiva de reapertura.
Con su salida del Ministerio de Transportes, la crisis ferroviaria entra en una nueva etapa política. Para las víctimas y sus familias, continúan pendientes el esclarecimiento de lo sucedido, la atención a los heridos y el cumplimiento de las medidas anunciadas.
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