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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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Frenaron su incineración y cuatro años después investigan si fue asesinado: el caso del empresario canario
Publicado
hace 5 horasen
27 octubre, 2026
Sus tres hijas consiguieron frenar la incineración de Ángel Ferrera en 2022 para que se practicara una autopsia. Cuatro años después, unos análisis toxicológicos con niveles anómalos de varios metales han reabierto las sospechas
La muerte de Ángel Ferrera, uno de los empresarios más conocidos de Canarias y expresidente de Toyota Canarias, vuelve a estar bajo investigación judicial cuatro años después de su fallecimiento. El empresario murió el 15 de agosto de 2022, a los 79 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón con metástasis. Sin embargo, unos nuevos resultados toxicológicos han reactivado las dudas sobre las circunstancias de su muerte y han situado a su segunda esposa bajo investigación por un posible homicidio.
El caso tiene su origen en las sospechas de sus tres hijas, Silvia, Sonia y Marta, que en agosto de 2022 lograron impedir judicialmente que el cuerpo de su padre fuera incinerado. Las hermanas pidieron que se practicara una autopsia antes de proceder a la cremación, al sospechar que la muerte podía no deberse únicamente a la enfermedad que padecía.
Los primeros análisis forenses apuntaron al cáncer como causa del fallecimiento y, en septiembre de aquel año, el juzgado autorizó finalmente la incineración. Cuatro años después, el Instituto Nacional de Toxicología ha detectado concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso en las muestras analizadas, según las informaciones publicadas sobre la investigación.
La Justicia trata ahora de esclarecer el origen de esas sustancias y determinar si existe una relación con la muerte del empresario.
La viuda, investigada por un posible homicidio
La segunda esposa de Ángel Ferrera, María Tavío, está siendo investigada en una causa penal abierta para esclarecer si el empresario murió exclusivamente por su enfermedad o si pudo existir una intervención delictiva.
En mayo de 2026, el juez acordó medidas cautelares contra ella: retirada del pasaporte, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y una fianza de 160.000 euros. Estas medidas fueron solicitadas por las hijas del empresario y contaron con el respaldo de la Fiscalía.
La investigación permanece abierta y no existe una resolución judicial que determine que la viuda sea responsable de la muerte. La causa debe esclarecer las circunstancias del fallecimiento y el significado de los resultados toxicológicos.
El hallazgo de los metales no demuestra por sí solo que se produjera un envenenamiento ni permite establecer quién habría podido administrarlos. Los investigadores deben determinar su procedencia, las concentraciones detectadas y su posible relevancia para explicar la muerte.
Las hijas frenaron la incineración por sus sospechas
La incineración de Ángel Ferrera estaba prevista para el 16 de agosto de 2022 en el tanatorio de San Miguel, en Las Palmas de Gran Canaria. Su segunda esposa había organizado la despedida siguiendo, según las informaciones publicadas entonces, la voluntad del empresario de ser incinerado sin velatorio.
Sin embargo, sus tres hijas acudieron al juzgado de guardia para solicitar que se detuviera la cremación. Sospechaban que las circunstancias de los meses anteriores al fallecimiento debían investigarse y que era necesario conservar el cuerpo para practicar pruebas forenses.
La intervención judicial permitió realizar una autopsia y recoger muestras biológicas. El cadáver permaneció bajo custodia mientras se practicaban los análisis, que inicialmente atribuyeron el fallecimiento al cáncer de pulmón con metástasis.
El 12 de septiembre de 2022, después de recibir el informe forense, el juzgado autorizó la incineración. En aquel momento, los resultados disponibles no impedían la cremación y la causa oficial de la muerte seguía siendo la enfermedad oncológica.
La decisión de las hijas de acudir a la Justicia permitió conservar las muestras que ahora forman parte de la investigación. Los nuevos resultados toxicológicos han devuelto relevancia a aquella petición, aunque todavía no permiten concluir que la muerte fuera criminal.
Un cáncer avanzado y un conflicto familiar
Ángel Ferrera llevaba años luchando contra un cáncer de pulmón que terminó extendiéndose al cerebro y a los huesos. Durante la fase final de la enfermedad, su estado de salud se deterioró y recibió cuidados orientados a aliviar los síntomas.
Las sospechas de sus hijas se remontaban a meses antes de su muerte. Según las informaciones publicadas en 2022, las hermanas habían trasladado a su entorno sus dudas sobre la medicación que recibía su padre y habían promovido actuaciones judiciales relacionadas con la situación familiar.
El enfrentamiento entre las hijas de su primer matrimonio y su segunda esposa también se hizo visible durante los funerales. Mientras las hermanas organizaron una ceremonia religiosa en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, la viuda y personas de su entorno prepararon otra despedida en la Catedral de Canarias.
La disputa familiar se desarrolló en paralelo a las diligencias judiciales y a las pruebas destinadas a aclarar las circunstancias del fallecimiento.
Quién era Ángel Ferrera, uno de los empresarios más influyentes de Canarias
Ángel Ferrera desarrolló durante décadas una destacada trayectoria en el mundo empresarial del archipiélago. Fue presidente de Toyota Canarias durante cerca de 40 años y también estuvo al frente de la Cámara de Comercio de Las Palmas durante quince años, entre 1986 y 2001.
Nacido en Avilés en 1943, se trasladó a Canarias durante su infancia y estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso al archipiélago, construyó una carrera vinculada a grandes empresas y organizaciones económicas.
Su relación con Toyota comenzó en los años setenta y contribuyó a consolidar la presencia de la marca japonesa en las islas. También ocupó responsabilidades en otras compañías y participó en el desarrollo de organizaciones empresariales.
A lo largo de su trayectoria recibió reconocimientos por su contribución a la economía canaria, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria.
Su fallecimiento en agosto de 2022 fue comunicado como consecuencia de la enfermedad que padecía. Ahora, los nuevos resultados toxicológicos han llevado a la Justicia a revisar las circunstancias de aquella muerte.
Qué se sabe sobre la investigación en 2026
La causa judicial busca determinar si las concentraciones anómalas de mercurio, cadmio y manganeso encontradas en las muestras de Ángel Ferrera tienen una explicación compatible con su enfermedad y sus circunstancias médicas o si pueden aportar indicios de un posible delito.
La viuda continúa investigada y su situación procesal no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existió homicidio, cuál fue la causa concreta del fallecimiento y si hay pruebas que permitan atribuir responsabilidades.
Cuatro años después de que sus hijas consiguieran detener la incineración, el caso vuelve a estar en el centro de la actualidad judicial. La autopsia que solicitaron en 2022 y las muestras que se conservaron constituyen ahora una parte relevante de las diligencias con las que se intenta esclarecer la muerte de uno de los empresarios más conocidos de Canarias.
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