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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

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La Generalitat Valenciana detecta más de 2.000 defraudadores y recupera 10 millones de euros en lo que va de legislatura

VALENCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) –

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha desvelado este martes que la Generalitat ha detectado más de 2.000 defraudadores y ha recuperado entorno a 10 millones de euros en lo que va de legislatura.

Así lo ha manifestado durante su conferencia ‘Hacienda, sector público y modelo económico en la Comunitat Valenciana: Bases del futuro’ en el Fórum Europa. Tribuna Mediterránea, donde ha sido presentado por la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez.

La también portavoz socialista en el Consistorio valenciano ha definido al conseller como uno de los «arquitectos» de la Generalitat, símbolo de «una forma de hacer política eficiente, competente, valiente y justa» que ha logrado «hitos casi milagrosos». Soler, emocionado por sus palabras, ha asegurado que Gómez «refleja muy bien la socialdemocracia del siglo XXI».

Durante su intervención, el titular de Hacienda y Modelo Económico ha reivindicado una reforma del sistema de financiación autonómica que resuelva la infrafinanciación valenciana, un problema «absolutamente inmoral», ha dicho, aunque ha aprovechado también para desgranar las medidas que la Generalitat está llevando a cabo para mejorar las cuentas y transformar el modelo productivo.

En este sentido, Soler ha destacado la que las campañas de inspección de las liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio han aflorado más de 2.000 defraudadores y han recuperado 10 millones de euros.

En la persecución del fraude fiscal, ha agregado, «el Instituto Valenciano de Administración Tributaria creado pero dejado en el congelador por el anterior gobierno del PP es ya una realidad operativa», con su plantilla seleccionada por oposición.

Además, ha hecho un repaso de los cambios fiscales introducidos por el actual Consell, especialmente en el IRPF, donde se han rebajado los tipos impositivos de las rentas medias y bajas, aumentado ligeramente los de las altas; ha culminado la elaboración de la nueva Ley de Tasas y se ha aprobado una nueva Ley del Juego.

Desde el punto de vista del gasto, Soler ha resaltado «medidas de racionalización y control del sector público instrumental»: reducción del número de miembros en los consejos de administración, limitación y publicidad de retribuciones de los altos cargos y de la masa salarial de cada entidad, obligación de publicidad de las contrataciones de personal o puesta en orden de las plantillas.

En este punto, ha subrayado que «están aprobadas las relaciones de puestos de trabajo de una veintena de entidades, mientras el anterior Gobierno solo tenía una».

Asimismo, ha señalado que se está «racionalizando la estructura del sector público» para hacer desaparecer los «chiringuitos» opacos creados en el pasado y se está redactado el borrador del anteproyecto de Ley para la Reforma del Sector Público Empresarial y Fundacional.

Soler ha querido también poner de relieve la reducción de los gastos de las cajas fijas de las consellerias y las reformas en materia de contratación para favorecer un baremo que considera aspectos de responsabilidad social.

Además, se está trabajando en un inventario para tener «geolocalizados» los bienes patrimoniales inmobiliarios de la Generalitat y se está actuando para optimizar los fondos europeos, ha destacado.

«MOVILIZACIÓN SILENCIOSA» PARA CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO

En la misma línea, Vicent Soler ha asegurado que se está trabajando para transformar el modelo económico valenciano y ha defendido que «necesitamos una movilización social, silenciosa, desde el trabajo conjunto y bien hecho» para revertir la situación actual de precariedad, endeudamiento, dificultades y malestar. Esta responsabilidad, ha señalado, es compartida con la Agencia Valenciana de la Innovación.

En este camino, ha destacado los cambios en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al que se ha «retornado» la capacidad de otorgar crédito al sector privado y se ha configurado como un «banco público» equiparable con entidades similares en otros países europeos.

Asimismo, ha destacado los trabajos emprendidos en las tecnologías de la información para incrementar la competencia digital y aumentar la eficiencia de la administración.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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