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La multinacional valenciana Royo Group dona más de 3.000 pantallas protectoras

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Desde la primera semana en la que el Gobierno decretó el Estado de Alarma en España, las plantas de Royo Group International Bathroom (RGIB) en nuestro país han venido implantando un plan especial de medidas encaminadas a atajar cualquier posibilidad de contagio entre su personal y, al tiempo, dirigidas a colaborar con distintas instituciones en el intento de mitigar las consecuencias de la COVID-19.

En el ámbito interno y siguiendo escrupulosamente las indicaciones de las autoridades de Sanidad, el grupo implantó el plan #RoyoSeQuedaEnCasa y las empresas de la multinacional del baño y ducha han enfocado su actividad hacia el teletrabajo de forma simultánea a la paralización de las tareas productivas que ahora se retoman en sus centros en España.

En cuanto a las acciones de compromiso social -un plano estratégico para el grupo- RGIB ha llevado a cabo donaciones de material, fabricación de equipos, colaboraciones con patronales y contribuciones a organizaciones sociales. Desde la primera semana RGIB entregó todas sus mascarillas de stock a los equipos de emergencias. Ya desde la segunda semana del estado de alarma, RGIB ha fabricado ya 1000 pantallas de protección en impresoras 3D en sus centros de Valencia y La Rioja y la semana pasada RGIB entregó 2.000 pantallas protectoras adquiridas a distintos proveedores en centros de salud. La compañía también ha colaborado con AVE -Asociación Valenciana de Empresarios- para la entrega de un millón de mascarillas sanitarias FFP2 y, de forma regular y en este momento, mantiene la colaboración con Casa de Caridad Valencia para la distribución de comidas y alimentos a colectivos vulnerables y se han donado 200 mascarillas al Hospital Pare Jofre de Valencia para el equipo sanitario.

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Francisco D’Agostino obtiene el embargo total de bienes de Manuel March tras sentencia por incumplimiento contractual

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El empresario hispanovenezolano Francisco D’Agostino, residente en España y con larga experiencia en el ámbito de las inversiones internacionales, ha obtenido una resolución favorable del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Madrid.

La jueza ordenó el embargo total de los bienes de Manuel March Cencillo, nieto del banquero Juan March Ordinas, fundador de la Banca March, por no haber cumplido con una sentencia de 2024 que lo obligaba a pagar más de tres millones de euros.

La disputa se originó tras la fallida venta de la finca Son Galcerán, una propiedad situada en las afueras de Valldemossa y con gran valor histórico. En 2021, March firmó un contrato para venderla a una sociedad vinculada a Francisco Javier D’Agostino Casado por 8 millones de euros, recibiendo 2,4 millones en concepto de arras y anticipo.

No obstante, el vendedor rompió el acuerdo unilateralmente y vendió el inmueble a otro comprador por una suma superior, sin devolver el adelanto previamente recibido.

En abril de 2024, el tribunal madrileño falló a favor de la parte compradora, obligando a March a reembolsar los 2,4 millones de euros y a pagar 300.000 euros adicionales por los daños y perjuicios pactados en el contrato.

Dado que no realizó el pago dentro del plazo establecido, la justicia procedió al embargo de sus bienes personales, cuentas bancarias, inversiones y propiedades, tanto en España como en el extranjero. Con intereses acumulados y costas judiciales, la deuda asciende a 3,5 millones de euros.

La finca Son Galcerán es una residencia histórica que perteneció al archiduque Luis Salvador de Austria y recibió visitas de la emperatriz Sissí.

La jueza del caso subrayó que no se había aportado una justificación válida ni creíble para la cancelación del contrato original, señalando que el único interés probado por parte del vendedor era obtener un beneficio económico mayor con la segunda venta.

Francisco D’Agostino Casado es cuñado de Luis Alfonso de Borbón, figura de la nobleza española y descendiente directo del rey Alfonso XIII.

Esta relación ha sido mencionada en distintos medios pero no ha influido en ningún aspecto del proceso judicial.

A principios de 2025, Francisco Javier D’Agostino Casado fue retirado de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que una investigación concluyera que sus actividades empresariales no guardaban relación alguna con el régimen de Nicolás Maduro.

 

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