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Las oposiciones de Infantil y Primaria en la Comunitat Valenciana serán en junio de 2022

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mejor nota Biología MIR 2024

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) –

La Conselleria de Educación ha confirmado el aplazamiento de las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos que estaban previstas para este año hasta junio de 2021, así como las de Infantil y Primaria –que debía celebrarse el próximo año– para junio de 2022.

La semana pasada, la Conselleria había ratificado ya en la Mesa Sectorial con los sindicatos el retraso de la oferta de empleo público de Secundaria hasta 2021 e informó a los equipos directivos de los centros de esta circunstancia y de la intención de pasar las de Primaria a 2022.

Por su parte, algunos sindicatos habían reclamado que ambos procesos selectivos se desarrollaran de manera conjunta. Sin embargo, según han informado fuentes sindicales, se ha confirmado que las oposiciones de maestros serán en 2022.

Desde el departamento que dirige el conseller Vicent Marzà aseguran que están trabajando con el Ministerio de Educación para que la convocatoria de 2022 «reúna las mismas condiciones establecidas hasta ahora».

Al respecto, ANPE ha vuelto a manifestar su rechazo –igual que lo hizo el pasado viernes en la Mesa Sectorial– al considerar que, «si bien es verdad que la celebración de las oposiciones del cuerpo de Secundaria para junio de este año dista mucho de poderse celebrar en las fechas previstas y pensar en un aplazamiento es lo más lógico en estos momentos, no es menos cierto que la administración ha aprovechado tal circunstancia para aplazar la del cuerpo de maestros al 2022».

«Y la decisión de aplazar la de maestros al 2022, llega con el acuerdo de una parte de la Mesa Sectorial y de la Conselleria de mantener las mismas condiciones actuales de modelo de acceso, baremo y temarios», apuntan.

«NO TIENE COMPETENCIAS»
ANPE manifiesta, en un comunicado, que la Conselleria «no puede garantizar las mismas condiciones para el 2022, pues por todos es sabido que no tiene competencias para ello». «Es exclusivamente del Ministerio de Educación el mantenerlas o no», recalcan.

Para ANPE, ante la incertidumbre social y económica que estamos pasando, «la mayor garantía de ese mantenimiento en las condiciones es mantenerlas para el 2021».

Desde la Federació d’Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) han reclamado que las oposiciones de maestros de 2022 se hagan «con todas las garantías».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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