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Los estudiantes valencianos son los peores en Ciencias y Matemáticas, según el Informe PISA
Publicado
hace 7 añosen
MADRID/VALÈNCIA, 3 Dic.-La Comunitat Valenciana ha obtenido unos resultados por debajo de la media nacional en Ciencias y Matemáticas, según refleja el Informe PISA 2018, que publica este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En concreto, en el índice de Matemáticas, la Comunitat alcanza una puntuación de 473, inferior a la de 481 de la media nacional, mientras que en el caso de Ciencias, la clasificación de los alumnos valencianos es de 478 (483 puntos en la media de España).
En el Informe de 2015, los datos situaron a la Comunitat Valenciana por debajo de la media nacional en matemáticas –476 por 486– y por encima de esta, aunque con poca diferencia, en ciencias y lectura (494 frente a 493).
Ahora, el nuevo Informe PISA de 2018 vuelve a constatar grandes diferencias entre los resultados de los estudiantes del norte de España y los del sur del país.
Por ejemplo, Galicia lidera la clasificación por comunidades en ciencias con 510 puntos, un resultado superior a la media de la OCDE, casi 100 puntos más de los que obtienen los estudiantes de Ceuta, 415.
España en su conjunto empeora sus resultados en el mayor examen internacional de competencias educativas, que se realiza cada tres años. En matemáticas los estudiantes españoles obtienen 481 puntos, cinco menos que en el anterior informe de 2015, y 483 puntos en ciencias, diez menos que hace tres años. Tanto en matemáticas como en ciencias, el promedio de los países de la OCDE es de 489 puntos.
Por comunidades autónomas, Navarra logra los mejores resultados en matemáticas, 503 puntos (aunque pierde 15 respecto al informe de 2015), casi cien puntos más que Ceuta, que cierra la lista española con 411. Por detrás de Navarra y superando la media de los países de la OCDE se encuentran Castilla y León (502), Cantabria y Euskadi (499), Galicia (498), Aragón y La Rioja (497), Asturias (491) y Cataluña (490).
La Comunidad de Madrid, con 486 puntos, y Baleares (483), se sitúan ligeramente por encima de la media española en matemáticas. Por debajo, están las comunidades de Castilla-La Mancha (479), Región de Murcia (474), Comunitat Valenciana (473), Extremadura (470), Andalucía (467), Canarias (460), Melilla (432) y Ceuta (411).
En la clasificación de ciencias, Galicia desbanca, con 510 puntos, a Castilla y León, que consigue 501 perdiendo 18 en comparación con hace tres años. En esta competencia, los estudiantes de Asturias (496), Cantabria (495), Aragón (493) y Navarra (492) tienen mejores resultados que la media de la OCDE. Los de Cataluña, con 489, obtienen la misma puntuación del promedio internacional.
Superando la media española en ciencias se encuentran la Comunidad de Madrid, La Rioja y Euskadi (487), y Castilla-La Mancha (484), mientras que por debajo se sitúan Baleares (482), Región de Murcia (479), Comunitat Valenciana (478), Extremadura (473), Andalucia (471), Canarias (470), Melilla (439) y Ceuta (415).
«ANOMALÍAS» EN LOS RESULTADOS DE LECTURA
En lectura, la tercera de las competencias que evalúa el Informe PISA 2018, los resultados españoles no se han publicado tras detectar «anomalías» en «un porcentaje significativo» de las pruebas realizadas el año pasado en institutos de todo el país.
En la prueba de fluidez de lectura hubo estudiantes que resolvieron 20 preguntas en menos de 25 segundos respondiendo a todas con síes o noes, algo que sucedió en «un pequeño número de centros de algunas zonas de España», según la OCDE. La publicación de los resultados de esta prueba ha quedado aplazada sin fecha mientras se investigan las causas de este «comportamiento anómalo».
MADRID «DESECHA» LOS RESULTADOS
La Comunidad de Madrid, que ha perdido 29 puntos en ciencias y 17 en matemáticas respecto a 2015, reclamó el pasado viernes que no se publicaran los resultados españoles del Informe PISA al considerar que las pruebas de matemáticas y ciencia están «contaminadas» por las «anomalías» que se registraron en las pruebas de lectura.
El Ejecutivo madrileño, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, aseguró que los resultados de las pruebas de 2018 son «absolutamente inverosímiles». Además, el Gobierno regional afirma que ha detectado que en la base de datos figuran alumnos examinados en 2017, cuando las pruebas se realizaron en abril y mayo de 2018, así como alumnos que no hicieron la prueba y aparecen calificados con un cero, por lo que baja la media.
«Cuestionamos los resultados», dijo este viernes el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que califica las pruebas de PISA como «auténtico desastre», por lo que defiende que «hay que desechar» sus resultados.
FUENTE: EUROPA PRESS
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Qué es el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas y qué hace: el desahucio de Maricarmen como ejemplo
Publicado
hace 23 minutosen
25 septiembre, 2026
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada de la vivienda en la que llevaba alrededor de 70 años viviendo en Madrid, ha colocado en primera línea a una organización que en los últimos años ha ganado presencia en el debate sobre la vivienda: el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
Tras la ejecución del desahucio, la organización convocó movilizaciones en diferentes ciudades españolas, entre ellas València, para denunciar el lanzamiento y reclamar nuevas medidas de protección para las personas que viven de alquiler.
Pero ¿qué es exactamente un sindicato de inquilinos, quién puede formar parte de él y qué hace cuando una persona tiene problemas con su casero?
¿Qué es un Sindicato de Inquilinos e Inquilinas?
Un sindicato de inquilinos es una organización formada por personas que viven de alquiler y que se organizan colectivamente para defender sus intereses como arrendatarias.
Su objetivo declarado es defender el acceso a una vivienda digna, estable y asequible y actuar ante problemas como las subidas de alquiler, los conflictos con propietarios, las dificultades para renovar contratos o los procedimientos de desahucio.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid explica que nació en mayo de 2017, cuando un grupo de vecinos decidió organizarse para defender de manera colectiva el derecho a una vivienda digna y segura. Actualmente afirma contar con más de 4.000 personas y trabajar mediante nodos territoriales y comisiones.
No se trata, por tanto, de una administración pública ni de un organismo judicial. Es una organización social y sindical que representa y organiza a personas que viven de alquiler.
¿Qué reclama un sindicato de inquilinos?
Las reivindicaciones pueden variar entre organizaciones, pero entre las cuestiones que aparecen habitualmente se encuentran:
- Frenar o limitar las subidas de los alquileres.
- Conseguir contratos de alquiler más estables.
- Defender a los inquilinos ante conflictos con los propietarios.
- Evitar desahucios cuando existen situaciones de vulnerabilidad.
- Reclamar un parque público de vivienda mayor.
- Denunciar situaciones que consideran abusivas en el mercado del alquiler.
- Organizar a los vecinos de un mismo edificio o barrio ante problemas comunes.
- Presionar a las administraciones para modificar las políticas de vivienda.
El movimiento de sindicatos de inquilinos se define como una organización de base formada por personas que viven de alquiler y señala entre sus principales objetivos enfrentarse a las subidas de las rentas, los abusos de grandes propietarios y la precarización residencial.
¿Qué puede hacer un sindicato de inquilinos ante un desahucio?
Una de sus principales funciones es acompañar y organizar a los afectados cuando reciben una demanda, una orden de lanzamiento o se enfrentan a un conflicto con el propietario.
El sindicato puede proporcionar información sobre el procedimiento, poner al afectado en contacto con asesoramiento jurídico, organizar redes de apoyo y movilizar a otras personas para intentar negociar una solución.
También puede realizar campañas públicas, concentraciones o acciones ante las administraciones.
En algunos casos, estos colectivos intentan negociar directamente con la propiedad para conseguir una prórroga del contrato, una reducción de la renta, un alquiler social u otra alternativa que permita evitar el lanzamiento.
Es importante diferenciar esta actividad de la actuación de los tribunales: un sindicato no puede anular por sí mismo una orden judicial de desahucio. Las posibilidades legales dependen de cada procedimiento y de las resoluciones dictadas por los juzgados.
El caso de Maricarmen: el ejemplo que ha provocado las movilizaciones
El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la actividad del movimiento de inquilinos.
La mujer, de 87 años, llevaba alrededor de siete décadas viviendo en la vivienda de Madrid. El conflicto se prolongó durante años y terminó en los tribunales.
La vivienda estaba sometida a un régimen de renta antigua y el litigio se centró, entre otras cuestiones, en las condiciones de la subrogación del contrato y en el derecho de Maricarmen a continuar ocupando el inmueble.
Finalmente, después de varios aplazamientos, el lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre de 2026.
El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas intentó movilizar apoyos para evitar el desahucio y, una vez ejecutado, convocó concentraciones de urgencia en una docena de ciudades.
¿Por qué el caso de Maricarmen es tan importante para el sindicato?
Para el movimiento de inquilinos, Maricarmen representa un problema más amplio: el de las personas que, pese a llevar muchos años viviendo en una vivienda, pueden terminar perdiéndola cuando cambia la situación contractual o económica.
La organización sostiene que el desahucio podría haberse evitado mediante cambios legislativos y reclama al Gobierno nuevas medidas de protección.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha utilizado el caso para reclamar el desbloqueo de medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y ha convocado movilizaciones en diferentes ciudades.
El sindicato también actúa antes de llegar al desahucio
El trabajo de estas organizaciones no se limita a los lanzamientos.
En el Sindicato de Inquilinas de Madrid, por ejemplo, la estructura se organiza territorialmente mediante nodos abiertos a las personas que quieran participar y diferentes comisiones de trabajo. La organización explica que uno de sus objetivos es que los problemas individuales puedan convertirse en conflictos colectivos.
Esto permite que varios vecinos de un mismo edificio puedan organizarse conjuntamente cuando existen problemas relacionados con el alquiler.
También pueden intervenir ante situaciones como:
Una subida del alquiler: el sindicato puede asesorar al inquilino sobre sus derechos y ayudarle a negociar.
Un problema con la renovación: puede acompañar al arrendatario durante las conversaciones con la propiedad.
Un conflicto con un gran propietario: los afectados pueden organizarse colectivamente cuando varias viviendas de un mismo edificio están en una situación similar.
Un procedimiento de desahucio: el sindicato puede informar sobre el proceso, buscar alternativas y organizar movilizaciones para reclamar una solución.
Sindicatos de inquilinos en diferentes ciudades
No existe un único sindicato que agrupe a todos los inquilinos de España. Existen organizaciones territoriales diferentes que comparten buena parte de sus reivindicaciones y que en los últimos años han impulsado estructuras de coordinación.
Entre ellas se encuentran el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya, organizaciones de Málaga, Zaragoza, Sevilla, Asturias, Cádiz, Guadalajara y otras ciudades y territorios.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sirve como espacio de coordinación para diferentes organizaciones del movimiento.
Precisamente esta estructura fue la que permitió convocar movilizaciones simultáneas después del desahucio de Maricarmen. Las primeras protestas se organizaron en doce ciudades y posteriormente se anunciaron nuevas concentraciones en más puntos de España.
De un problema individual a una movilización colectiva
Esta es precisamente una de las características fundamentales de los sindicatos de inquilinos: intentar que un conflicto que afecta a una persona pueda convertirse en una reivindicación colectiva.
En el caso de Maricarmen, el desahucio dejó de ser únicamente un procedimiento judicial concreto y se convirtió en el detonante de movilizaciones en distintas ciudades.
En València, decenas de personas se concentraron ante la Delegación del Gobierno para mostrar su apoyo a Maricarmen y reclamar medidas en materia de vivienda.
En Alicante, el movimiento de vivienda también organizó una concentración y vinculó el caso con la situación de las familias que tienen dificultades para afrontar los alquileres.
Las organizaciones sostienen que el problema no afecta únicamente a Maricarmen, sino que forma parte de un conflicto más amplio sobre el precio de la vivienda y la protección de los inquilinos.
¿Puede un sindicato impedir legalmente un desahucio?
No por sí mismo.
Un sindicato puede negociar, asesorar, acompañar, movilizar y reclamar medidas ante las administraciones, pero la suspensión o paralización de un lanzamiento depende de las decisiones judiciales y de las circunstancias que establezca la legislación.
En determinados procedimientos existen mecanismos para acreditar una situación de vulnerabilidad, solicitar medidas de protección o plantear alternativas habitacionales. La posibilidad concreta de suspender un lanzamiento depende del caso y de los requisitos legales aplicables.
Por eso, ante una notificación judicial, los sindicatos recomiendan actuar con rapidez y buscar asesoramiento jurídico.
El desahucio de Maricarmen abre un nuevo capítulo
La imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la vivienda donde había vivido durante décadas ha convertido su caso en un símbolo para el movimiento de inquilinos.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado que continuará movilizándose y ha utilizado el caso para reclamar cambios en la legislación de vivienda.
Así, el desahucio de una mujer de 87 años se ha convertido en un ejemplo de cómo funcionan los sindicatos de inquilinos y de qué manera intentan transformar un conflicto individual entre propietario e inquilino en una reivindicación colectiva sobre el acceso a la vivienda.
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