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Los menores condenados en la Comunitat Valenciana llegan a los 2.054

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MADRID/VALÈNCIA, Sep 2018. (EUROPA PRESS) – Los menores condenados en la Comunitat Valenciana crecieron un 5,17 por ciento en 2017 con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 2.054. La autonomía se sitúa de esta forma como la segunda con más menores condenados inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal, con un 15,1% del total, por detrás de Andalucía (20,7%) y por delante de Cataluña (13,4%).

Así, de los 2.054 menores condenados en la Comunitat Valenciana en 2017, 1.673 de ellos eran de nacionalidad española, y 381 de ellos extranjeros, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa se sitúa en 10,5 condenados por cada 1.000 habitantes.

El incremento del 5,17 por ciento en el número de menores condenados registrado en 2017 en la Comunitat Valenciana es inferior a la media nacional, donde el aumento ha sido del 5,5 por ciento. Cataluña fue la comunidad con mayor número de menores condenados extranjeros (22,3%), seguida de la Comunitat Valenciana (14,4%) y Andalucía (12,6%).

Por franja de edad, el mayor número de condenados son los jóvenes de 17 años, con un total de 580 inscritos; seguidos de los de 16, con 577; de los de 15, con 493 y los de 14, con 404. En total, cometieron 3.357 infracciones penales, de las que 3.243 constituían delito y 114 eran faltas. En este caso, la tasa de infracciones por cada 1.000 habitantes es del 17,1%, la cuarta a nivel nacional tras Baleares, Asturias y Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a los adultos condenados en 2017 en la Comunitat Valenciana, se elevan a 35.668, 27.533 de ellos de nacionalidad española y 8.135 extranjeros, con una tasa del 8,8 por cada 1.000 habitantes. En la Comunitat Valenciana se registraron el pasado año 52.778 delitos, 39.409 por hombres y 13.369 por mujeres.

La autonomía fue la tercera con más condenados extranjeros, con un 12,6%, por detrás de Cataluña y Madrid pero encabeza la tasa de delitos por cada 1.000 habitantes, de un 12,1%, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y frente al 10,3% de la media nacional.

DATOS NACIONALES
En el conjunto nacional, un total de 13.643 menores (14 a 17 años) fueron inscritos en 2017 en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, lo que supuso un aumento del 5,5% respecto al año anterior, según la encuesta del INE sobre condenados. Supone el primer incremento de menores condenados después de dos años de descensos.

De ellos, el 79,3% de los menores condenados fueron varones y el 20,7% mujeres. La tasa de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes de ese mismo rango de edad fue de 7,5.

Por edad, el grupo de 17 años fue el más numeroso (30,0% del total), seguido del grupo de 16 años (28,7%). Analizando las tasas por sexo y edad de los menores condenados, se observa que la edad más frecuente fue la de 17 años en los varones y la de 16 años en las mujeres.

La mayoría de los menores condenados tenía nacionalidad española (80,6%). Sin embargo, la tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi tres veces superior en los menores de nacionalidad extranjera (17,8), que en los de nacionalidad española (6,5).

En cuanto al número de infracciones cometidas, dos de cada tres menores condenados cometieron una única infracción penal y uno de cada tres realizó más de una.

En 2017 se inscribieron 23.050 infracciones penales cometidas por menores, un 4,8% más que en el año anterior. De este total, el 96,6% fueron delitos y el 3,4% faltas.

Por tipología del delito, los de mayor incidencia fueron lesiones (25,5% del total), robos (22,5%) y hurtos (13,4%). Entre las faltas, las más frecuentes fueron las realizadas contra las personas (62,6% del total) y contra el patrimonio (35,5%).

Por sexo, los menores varones cometieron el 80,8% de las infracciones penales y las mujeres el 19,2%. Los varones cometieron el 80,9% de los delitos y el 77,0% de las faltas.

Atendiendo a la edad, se observa que el número de infracciones cometidas aumenta con la misma. Así, las realizadas a los 17 años (30,4% del total) supusieron casi el doble que las practicadas a los 14 años (16,7%).

El 79,2% de las infracciones fueron cometidas por menores españoles y el 20,8% por extranjeros (frente al 77,8% y el 22,2%, respectivamente, del año anterior).

Al igual que el año anterior, Andalucía fue la comunidad con más menores condenados inscritos en el Registro, con el 20,7% del total. Le siguieron Comunitat Valenciana (15,1%) y Cataluña (13,4%).

Este orden se mantuvo en el caso de menores de nacionalidad española. Sin embargo, Cataluña fue la comunidad con mayor número de menores condenados extranjeros (22,3%), seguida de Comunitat Valenciana (14,4%) y Andalucía (12,6%).

Las ciudades autónomas de Ceuta (35,7 por 1.000) y Melilla (18,9 por 1.000), y Baleares (11,0 por 1.000) registraron las mayores tasas de menores de 14-17 años condenados por cada 1.000 habitantes del mismo rango de edad.

Por su parte, Comunidad de Madrid (4,7), Galicia (5,0) y Castilla-La Mancha y Cataluña (ambas 6,1) presentaron los valores más bajos.

La tasa de infracciones penales cometidas por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años (según lugar de la condena) fue de 12,6 en el año 2017 en España. Las ciudades autónomas de Ceuta (60,7) y Melilla (35,9) y Baleares (19,4) registraron las mayores tasas por cada 1.000 habitantes.

Por el contrario, Comunidad de Madrid (7,4), Galicia (8,5) y Castilla-La Mancha (9,8) presentaron los valores más bajos.

En cuanto a las medidas adoptadas contra estos menores, los jueces adoptaron 22.916, lo que supuso un aumento del 6,5% respecto al año anterior. Las más frecuentes fueron la libertad vigilada (42,6% del total), la prestación en beneficio de la comunidad (15,4%) y la de internamiento en régimen semiabierto (11,6%).

MÁS INTERNAMIENTO PARA MENORES EXTRANJEROS
Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las medidas de internamiento en régimen semiabierto y de libertad vigilada recayeron con más frecuencia en menores extranjeros (16,6% y 45,5% del total, respectivamente) que en menores españoles (10,3% y 41,7%).

En cambio, los menores extranjeros incurrieron con menos frecuencia en las medidas de realización de tareas socio-educativas y de prestación en beneficio de la comunidad (8,4% y 11,9% del total, respectivamente, frente a 12,0% y 16,3% de los españoles).

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Noelia Castillo recibirá su eutanasia este jueves

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Noelia eutanasia
Noelia, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia. Antena 3

El TEDH rechaza frenar el proceso y pone fin a casi dos años de batalla judicial

Noelia Castillo, una joven de 25 años de Barcelona en situación de paraplejia, recibirá la eutanasia este jueves tras una larga batalla judicial que ha llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La corte europea ha rechazado paralizar el procedimiento, como solicitaba su padre, agotando así todas las vías legales.

La propia joven ha confirmado su decisión en una entrevista reciente, en la que ha asegurado que siempre lo tuvo claro: “Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir”. Un testimonio que refleja el desgaste emocional de un proceso que se ha prolongado durante casi dos años.

Un caso marcado por el conflicto familiar y judicial

El caso de Noelia ha estado condicionado por el enfrentamiento entre su voluntad de acceder a la eutanasia y la oposición de su पिता, que ha intentado frenar el procedimiento en distintas instancias judiciales.

El origen del conflicto se sitúa en julio de 2024, cuando la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña autorizó la prestación solicitada por la joven. A partir de ese momento, su padre inició un recorrido judicial que incluyó:

  • Suspensión cautelar inicial del procedimiento
  • Recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
  • Recurso ante el Tribunal Supremo, que no fue admitido
  • Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, también inadmitido
  • Recurso final ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Todas las instancias han coincidido en avalar la capacidad de la joven para tomar esta decisión y en confirmar que cumple los requisitos legales.

El debate sobre la capacidad y la salud mental

Durante el proceso, la representación legal del padre, a través de Abogados Cristianos, ha sostenido que Noelia debería someterse a tratamiento psiquiátrico antes de acceder a la eutanasia.

La organización ha argumentado que la joven presentaba antecedentes de trastornos mentales y ha advertido de un posible precedente. Incluso en los últimos días se solicitaron medidas cautelarísimas para frenar el procedimiento, que fueron rechazadas.

Sin embargo, los tribunales han respaldado de forma reiterada que Noelia tiene plena capacidad para decidir, descartando la falta de autonomía en su consentimiento.

Qué dice la ley de eutanasia en España

La eutanasia es legal en España desde 2021 y está regulada bajo estrictos requisitos. Para acceder a esta prestación, es necesario:

  • Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico con sufrimiento intenso
  • Realizar la solicitud de forma voluntaria y reiterada
  • Contar con la evaluación de varios profesionales sanitarios
  • Obtener el visto bueno de una comisión de garantías

En este caso, todas las evaluaciones médicas y legales han sido favorables a la solicitud de Noelia.

Una decisión firme pese a la oposición

A lo largo de todo el proceso, Noelia ha mantenido su postura sin cambios. En sus declaraciones, ha defendido su derecho a decidir sobre su vida:

“La felicidad de un padre o de una familia no puede estar por encima de la de una hija”.

Sus palabras reflejan la dimensión personal de un caso que ha trascendido al ámbito jurídico y social, generando un intenso debate sobre los límites entre la autonomía individual, la protección de la salud mental y el papel de la familia.

Un caso que marca precedente en Europa

El aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone un respaldo clave a la legislación española sobre eutanasia y refuerza el reconocimiento del derecho a una muerte digna en el marco europeo.

Además, pone de manifiesto la complejidad de estos casos, donde confluyen aspectos médicos, legales, éticos y familiares.

El final de una batalla y el inicio de un debate

Con la ejecución de la eutanasia prevista para este jueves, se cierra una de las batallas judiciales más relevantes en torno a este derecho en España.

El caso de Noelia Castillo deja abiertas numerosas cuestiones:

  • El papel de la familia en decisiones personales
  • Los límites de la intervención judicial
  • La protección de personas vulnerables
  • El derecho individual a decidir sobre el propio sufrimiento

Un debate que seguirá presente en la sociedad y en el ámbito jurídico en los próximos años.

 

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